La Comisión Jurídica determina que los Mossos propinaron un pelotazo de foam en la cabeza a una mujer en una zona sin disturbios en 2019

La Comisión Jurídica Asesora, un organismo consultivo de la Generalitat, ha determinado que los Mossos d’Esquadra actuaron de manera “desproporcionada” en una de las protestas de la postsentencia, en 2019, y que dispararon a una mujer en la cabeza con una lanzadera de foam, en un lugar donde “no se producían concentraciones ni disturbios”. “Nada justifica que, desde las furgonetas, los Mossos usasen lanzadoras de proyectiles de foam y menos aún en vehículos en movimiento”, con el peligro de “orientar involuntariamente los lanzamientos hacia partes vulnerables del cuerpo de los transeúntes, como sucedió”, considera. Y concluye que la Generalitat indemnice con 69.218 euros a la víctima, que sufrió un traumatismo craneoencefálico del que tuvo que ser operada, perdió el 80% de la audición en una oreja y sufre epilepsia crónica. El Departamento de Interior estudia la resolución, y sus servicios jurídicos rebajan la indemnización a 30.000 euros porque consideran que la mujer tuvo una actitud “imprudente” al quedarse en la zona, en un contexto de altercados generalizados en el centro de la ciudad.

La lesión se produjo cerca de las once de la noche, el 18 de octubre de 2019, en la zona de Jardinets de Gràcia de Barcelona. Era el quinto día de protestas en la ciudad por las penas de cárcel contra los líderes del procés, y uno de los más duros, en la conocida como batalla de Urquinaona. La Comisión Jurídica Asesora considera probado el relato de la mujer, conforme cuando se dirigía hacia Gran de Gracia, tres furgonetas de los Mossos se bajaron del vehículo y dispararon con las lanzaderas de foam -unas pelotas de espuma dura- hacia un grupo de personas, sin que en ese momento hubiese disturbios en el lugar. Uno de ellos le impactó en el cráneo, y se desvaneció. El organismo destaca que la mujer, que ha exigido una reclamación patrimonial a la Generalitat, ha presentado diversos vídeos en los que se ven tres furgonetas de la policía catalana antes y después de su lesión, y se oyen detonaciones compatibles con los disparos de foam. El organismo concluye que “existe una más que alta probabilidad que el proyectil fuese disparado por alguno de los efectivos de los Mossos que se encontraba en la zona”. La reclamante exige 200.000 euros por las secuelas derivadas del traumatismo.

La policía catalana nunca abrió de oficio una investigación por lo ocurrido. El hospital informó al juzgado de los hechos, una vez atendió a la mujer, pero el procedimiento no prosperó, según denunciaron en su día los grupos de apoyo. Un informe de la Brigada Móvil, a raíz de la denuncia patrimonial de la mujer, admite que no se puede descartar que los antidisturbios actuasen en la zona. Alega que ese día se produjo una “situación generalizada de desórdenes públicos nunca vista”, que obligó a un gran despliegue policial en la ciudad, en la que se usaron las lanzadoras de forma para “repeler los graves ataques que recibían los efectivos de orden público”. Y eso obligó a “numerosas actuaciones” de los agentes con “movimientos continuos de las furgonetas”, lo que impide “aportar la información rigurosa y detallada” sobre el “punto concreto donde la persona afectada alegada que resultó herida”. Y añade que los Mossos no disponen de “los recursos de geolocalización necesarios que permitan el rastreo preciso de todos los movimientos de todas las furgonetas de la Brigada Móvil”.

La Comisión Jurídica Asesora niega además que la reclamante cometiese una imprudencia, quedándose en la zona, que deba rebajar la cuantía a indemnizarla porque, insiste, en ningún momento se ha demostrado que produjesen disturbios en el lugar en el que resultó herida. Esa es la postura de los servicios jurídicos del Departamento de Interior, que cuantifican en 60.118 euros la indemnización, pero consideran que debe pagarse solo el 50% (30.094) porque la mujer se “colocó en una situación de riesgo”. La mujer “no adoptó unas cautelas mínimas necesarias de autoprotección ante una situación altamente conflictiva”, considera el Departamento de Interior, sobre el contexto general en la ciudad. Por eso considera que fue “imprudente” al decidir “moverse por la zona”. La instructora del proceso de reclamación elevó a 94.670 euros la indemnización.

La consulta de la indemnización a la Comisión Jurídica Asesora es un proceso obligado en los casos de más de 50.000 euros, pero sus decisiones no son vinculantes. El Departamento de Interior no ha tomado todavía una decisión. Fuentes policiales aseguran que, cada vez más, ante la dificultad de que los casos prosperen judicialmente, los denunciantes de negligencias policiales recurren a la vía patrimonial. En este caso, la mujer ha presentado además los informes médicos que acreditan las secuelas, y que determinan que sus heridas son compatibles con un pelotazo de foam. También denuncia que los Mossos, que asegura que se encontraban a escasos metros de ella, en ningún momento la ayudaron, a pesar de desplomarse después del golpe, y que fue gracias a la ayuda de otros manifestantes que se desplazó en un taxi hasta el hospital, donde fue operada. Después de los graves disturbios postsentencia y las denuncias derivadas, el Departamento de Interior anunció la auditoría interna “más grande de la historia” de los Mossos d’Esquadra. La actuación en Jardinets de Gràcia que denuncia ahora Olga A. nunca formó parte de esa revisión, a pesar de que el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, mostró en X preocupación por su estado de salud.

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