Ofensiva general contra la España plural

Todo vale para intentar derribar al Gobierno. Lo vimos ya en la pasada legislatura, pero la coalición progresista no solo resistió, sino que sacó adelante un extenso paquete de medidas legislativas de gran calado. Contra el pronóstico de la derecha y de las encuestas, esa mayoría revalidó en las últimas elecciones generales un resultado suficiente, aunque muy ajustado, para emprender una segunda legislatura. Y ya van dos. La fuerte polarización política entre esa mayoría de gobierno y la oposición de derechas refleja en realidad la creciente disociación entre dos ideas de España cada vez más alejadas. La España con vocación jacobina y epicentro en Madrid, sostenida por un nacionalismo reaccionario con raíces franquistas que siempre estuvo ahí, agazapado, dentro y fuera del PP. Y la España plural representada por la alianza entre la izquierda y las fuerzas políticas periféricas, incluidos los partidos de centro-derecha vasco y catalán.

Las dos grandes crisis con voluntad de ruptura que ha vivido el país después de la Transición, el Plan Ibarretxe y el proceso unilateral de independencia de Cataluña, han despertado un nacionalismo retrógrado que cabalga a lomos de un sentimiento de orgullo nacional herido por el independentismo. Para combatir la idea de la España plural, lo prioritario ahora es quebrarle las piernas a la mayoría de gobierno. Como sea.

Cuando la fuerza electoral no es suficiente, esas derechas siempre echan mano del poder que le otorga haberse reproducido y perpetuado como élite decisoria en los aparatos del poder central del Estado. Y por supuesto, en la administración de Justicia, que está adquiriendo un papel desproporcionado. Disponer de la llave del Código Penal le permite invadir el ámbito no solo del poder ejecutivo, sino también del legislativo.

La imputación de Carles Puigdemont por terrorismo, después de cuatro años de lánguida instrucción, justo cuando se está negociando la ley de la amnistía, indica que hay un largo brazo judicial que trabaja para aplicar la ley en defensa de una determinada concepción de España. Por eso hemos asistido a tantos debates jurídicos sobre la interpretación de los tipos penales, desde la polémica sobre el alcance del delito de rebelión a la actual sobre el de terrorismo. Nunca como ahora había sido tan ostensible e intensa la interferencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en la agenda política y legislativa.

La derecha política siempre ha estado en los entresijos del poder judicial, por una especie de ósmosis, pero con la democracia ha utilizado además los resortes legales para colonizarla. En primer lugar tratando de controlar el órgano de gobierno de los jueces, que decide los puestos jurisdiccionales más importantes y por eso el PP lleva cinco años negándose a renovarlo; la Audiencia Nacional, un artefacto que actúa como brazo político centralizador de causas; el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Supremo. Solo hay que ver la composición de la Sala de lo Penal que ha ratificado la teoría de que Tsunami Democràtic es una organización con vocación terrorista, y el historial profesional de algunos de sus miembros para comprobarlo. Hay un poder concertado que trabaja desde todos los frentes en la defensa jurídica de una determinada idea de España. Estamos, como advertía el magistrado Martín Pallín, en la manifestación más expresiva del Gobierno de los jueces.

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