Junts y ERC ponen el foco en el dictamen de la amnistía y descartan más cambios en el Código Penal para aprobar la ley

Junts per Catalunya y Esquerra Republicana (ERC) llevan semanas exhibiendo sus diferencias respecto a la ley de amnistía. El momento álgido de ese desacuerdo fue la votación del articulado, el pasado martes, en el Congreso. Sin embargo, los dos exsocios han mostrado este viernes una curiosa sintonía en un aspecto que afecta al futuro de la norma. Ambos coinciden en que no es momento de explorar cambios en el Código Penal para intentar a apuntalar la amnistía, sino que es necesario enfocarse en lo que se pueda obtener en la tramitación del dictamen que ha regresado a la Comisión de Justicia del Congreso tras el infructuoso paso del texto legal por el Congreso el pasado martes. Los republicanos, por boca del viceconsejero de Estrategia del Govern, Sergi Sabrià, han aprovechado para afear a Junts que su no en la votación del pasado martes ha implicado dejar “destrozadas” a miles de familias que querían ver aprobada la medida lo más pronto posible.

Los dos partidos independentistas no han logrado encontrar una fórmula de negociación conjunta para el contenido de la amnistía. Junts ha iniciado su camino en solitario después de que en la pasada legislatura, cuando ERC tenía la primacía, se le negara poder consensuar cierta posición común en el Congreso. Ahora, con ambas formaciones con el mismo peso numérico, son los de la formación fundada por Carles Puigdemont los que no quieren oír hablar de negociaciones comunes. Tras el fracaso de la ley en el pleno, Junts defiende que se tiene que utilizar el regreso a la comisión para que el texto incluya también los delitos de terrorismo y alta traición, una senda para evitar que el expresident pueda llegar a quedar fuera de la amnistía. ERC cree que el texto es suficientemente robusto y que no tiene sentido retocarlo.

“Me parece muy naíf que Junts no supiera que había muchos jueces dispuestos a hacerle huecos a esta ley. Es España ¿eh?”, ha asegurado Sabrià en una entrevista a La 2 y Ràdio 4. “Detrás de cada juez habrá otro y lo que no podemos hacer es cambiar en función de cada juez”, ha añadido el viceconsejero de la Generalitat. De ahí que defienda el texto que se votaba el martes y que ha calificado de robusto, aunque por definición carente de “garantías absolutas”.

Preguntado directamente sobre si un posible camino pudiera ser una nueva reforma del Código Penal para modificar los alcances del tipo de terrorismo, Sabrià ha recordado que ya hace un año se hizo lo propio con los delitos de sedición y de malversación y ha defendido que lo que ahora toca es centrarse en la tramitación del texto que está sobre la mesa. El republicano no se ha cerrado a que se puedan negociar cambios en asuntos puntuales.

”El martes había 1.200 personas, 1.200 familias que estuvieron absolutamente pendientes de esto… Yo coincidí con algunas de ellas que estaban absolutamente destrozadas”, ha dicho Sabrià, blandiendo así por primera vez la situación personal de los posibles beneficiarios de la amnistía, que ven cómo la apuesta de Junts por cerrar filas en torno a su fundador es un escollo para poder acceder a la medida largamente negociada. Además de los políticos de primera fila —como Puigdemont, el presidente de ERC Oriol Junqueras o la número dos de ese partido Marta Rovira—, hay decenas de ciudadanos de a pie que también verían extinguida su responsabilidad penal o administrativa por haber participado en actos relacionados con el procés.

En el partido del expresident no han querido entrar en ese intercambio de reproches a nivel personal, pero insisten en que el camino por el que apuestan es que en los 15 días adicionales de debate se trabaje en la ley. Al margen de lo que se pudiera hacer con el Código Penal, la única vía sobre la que se trabaja ahora, ha asegurado el portavoz de Junts, Josep Rius, es que “los cambios en terrorismo y traición queden incorporados en el redactado de la ley”.

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