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El juez del ‘caso Pegasus’ recibe los autos que avalaron el espionaje a Aragonès 24 horas antes que declare la exdirectora del CNI

Robles asegura que la documentación remitida al juzgado de Barcelona “demuestra que todo se hizo con autorización judicial”

Paz Esteban, exdirectora del CNI, durante la toma de posesión de su cargo en febrero de 2020 en Madrid.
Paz Esteban, exdirectora del CNI, durante la toma de posesión de su cargo en febrero de 2020 en Madrid.Julián Rojas

El juzgado de Barcelona que investiga el caso Pegasus ha recibido este jueves, 24 horas antes de la declaración como investigada de la exdirectora del CNI Paz Esteban, los autos judiciales que avalaron el espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, según han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas. Esteban declara este viernes a mediodía como investigada por videoconferencia desde Madrid. A principìos de esta semana, el Ejecutivo remitió al juez el acuerdo del Consejo de Ministros que desclasificaba los tres autos judiciales que autorizaban intervenir el teléfono del entonces vicepresidente catalán, pero no los autos en sí. Fuentes gubernamentales atribuyeron la demora en remitirlos a “un error burocrático” que se subsanó cuando se tuvo constancia del mismo. La Fiscalía y el abogado de Aragonès podrán disponer así de los autos del magistrado del Supremo que avalaron el espionaje al presidente catalán para poder preguntar con más criterio a Esteban, que como investigada puede acogerse a su derecho a no declarar.

En contra de lo que figuraba en la denuncia del presidente catalán —basado en el informe del laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto (Canadá)—, la escucha del servicio secreto no se limitó a enero de 2020, en un momento en que se negociaba la investidura de Pedro Sánchez, sino que comenzó en julio de 2019, cuando Aragonès era vicepresidente de un Govern liderado por Quim Torra y meses antes de que el Supremo dictara la sentencia que llevó a la cárcel a los líderes del procés (incluido Oriol Junqueras) y desató una oleada de protestas, algunas violentas, en Cataluña. La intervención del móvil de Aragonès con el programa Pegasus se prorrogó en dos ocasiones, en octubre de 2019 y enero de 2020, por periodos de tres meses. Es decir, a la vista de los informes que le presentó el CNI, el juez que controla las actividades del servicio secreto consideró que había fundamento para mantener la escucha al dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) hasta abril de 2020.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el Palau de la Generalitat este martes.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el Palau de la Generalitat este martes. Quique García (EFE)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este jueves en el Congreso que “lo que se ha desclasificado es todo lo esencial” para que la exdirectora del servicio secreto Paz Esteban pueda contestar este viernes a las preguntas del juez. Aunque no ha querido desvelar el contenido de los autos desclasificados, ha añadido: “Lo que ha quedado claro de la documentación que se ha aportado ya al juzgado es que todo lo que se ha hecho se hizo con autorización judicial”.

El Gobierno desclasificó parcialmente los documentos relativos al espionaje a Aragonès con el software israelí Pegasus el pasado 16 de enero. El juez había reclamado con anterioridad esos papeles como parte de la investigación abierta. Esta semana, el Ejecutivo remitió un oficio en el que daba traslado al juzgado del acuerdo del Consejo de Ministros en el que autoriza el acceso a los autos del Tribunal Supremo que, presuntamente, avalaron la intromisión en el dispositivo. El Ejecutivo no envió inicialmente los autos, pero las resoluciones han sido finalmente entregadas, según las mismas fuentes.

Aun sin los papeles sobre la mesa, el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona había decidido mantener la comparecencia. Esteban declarará por videoconferencia desde Madrid y las partes escucharán su versión de los hechos desde una sala de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

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La petición de información del juez al Gobierno va mucho más allá de los autos del Supremo. El magistrado requirió toda la información de la que el CNI dispusiera sobre la compra y uso de Pegasus y sobre las “concretas personas” que, en nombre de este organismo, compraron el programa. La desclasificación de papeles del Gobierno es parcial y afecta solamente al aval judicial al espionaje, mientras que el resto de la información permanece vedada con el argumento de que podría comprometerse la seguridad de los agentes del servicio secreto.

El teléfono de Aragonès

La Abogacía del Estado, que defiende a la exdirectora del CNI, se opuso a la admisión de la querella, a su citación como investigada y a la entrega de información reservada. Tras el estallido del caso Pegasus, Esteban fue relevada del cargo. En el Congreso, admitió que el organismo había accedido al teléfono de Aragonès, pero siempre con autorización judicial.

El caso Pegasus ha dado lugar a diversas acciones judiciales por parte de los afectados por el presunto espionaje, aunque la de Aragonès es la que más ha avanzado. En julio de 2022, el presidente catalán presentó una querella contra Paz y contra NSO Group, la empresa israelí propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus. El escándalo salió a la luz a raíz de un informe realizado por Citizen Lab, un grupo ligado a la Universidad de Toronto (Canadá) y especializado en ciberseguridad. Según esa investigación, al menos 63 políticos, abogados y activistas independentistas habían sido diana de Pegasus en jornadas clave para el movimiento secesionista catalán tras 2017.

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