Las dudas sobre el pacto de inmigración de Junts reavivan la pugna con ERC por quién negocia mejor con el PSOE

El césped del vecino estará siempre más verde, pero en política el acuerdo propio es el excelso. Las primeras espadas de Junts per Catalunya salieron ayer a defender la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat acordada con el PSOE, tras un día en que tanto el Gobierno central como el autonómico lanzaron mensajes que moderaban el entusiasmo de los de Carles Puigdemont sobre el alcance de la medida. Las lagunas en el acuerdo son evidentes y hasta el propio Gobierno acepta que la concreción vendrá luego. Los republicanos, sin embargo, también han aprovechado para ganar posiciones en la pugna sin cuartel con Junts por quien influye más y negocia mejor. Por primera vez, ERC devuelve a sus exsocios la misma crítica con que estos recibían cualquier pacto con los socialistas y cuestionan que la delegación de competencias sea efectivamente“integral”.

Al menos dos vicepresidentas del Gobierno, Yolanda Díaz y María Jesús Montero; dos ministros, Félix Bolaños (Presidencia) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial), además de la consejera catalana de la Presidència, Laura Vilagrà, terminaron ayer echando agua sobre las expectativas lanzadas el jueves por Junts sobre qué se podría conseguir realmente con la delegación de las competencias en inmigración. Tras la votación en el Congreso, el miércoles, los líderes partido de Carles Puigdemont se lanzaron a explicar que la política “integral” a la que aspiraban podría incluir control de los flujos migratorios o hasta herramientas para expulsar inmigrantes delincuentes multirreincidentes. Y pese a que desde un principio se dejó por escrito que se trata de una delegación de competencias, no en pocas ocasiones en el partido se habla de “traspaso”, ambos puntos de naturaleza política diferente.

“Quién ejerce la competencia es importante, pero tiene que ejercer la competencia dentro de las orientaciones que marca el pacto de la migración europeo y la Comisión Europea. Y dentro de ese marco es en el que se despliega el pacto al que hemos llegado”, aclaró Bolaños a preguntas de los periodistas en un encuentro sectorial. Un punto que, de entrada, cuestiona hasta dónde se pueda hacer una política restrictiva sobre los flujos o las expulsiones. Torres y Díaz, por su parte, sepultaron la idea de que con esta ley se reconocía la singularidad de Cataluña. En una entrevista a SER Cantabria, el titular de Política Territorial recordó que cualquier comunidad puede negociar “todo aquello que quepa en la Constitución y en los estatutos de autonomía”.

De un primer momento de prudencia, el Govern pasó al ataque contra Junts. Fue la propia Vilagrà la que, tras revelar que había hablado con Bolaños, puso todo el foco en las lagunas evidentes. “Me confirmó que no era un traspaso, pero tampoco hay ningún pacto en relación a lo que se delega. No hay nada pactado sobre qué delegaciones [en inmigración] deben hacerse”. En ERC se quitaban así la espina de que se pactara una medida de ese calado a espaldas de la Generalitat, que finalmente se ha encargar de la implementación.

El portavoz y vicepresidente de Junts, Josep Rius, no tardó en salir a acusar al Ejecutivo que lidera Pere Aragonès de intentar “menospreciar la delegación integral de competencias en inmigración”. “No sorprende”, añadió, recordando que ERC ya votó en contra del traspaso de las competencias sobre esta cuestión en el Debate de Política General del Parlament el año pasado. En su día, los republicanos argumentaron que Junts en ese texto vinculaba inmigración y delincuencia. “Renunciar a las competencias en inmigración es renunciar a gobernar”, apostilló Rius

En el ámbito catalán, la pasada legislatura, ERC disfrutó en solitario del papel de árbitro de la vida parlamentaria en Madrid, acompañada por el diálogo político entre Gobiernos y sus 13 votos en el Congreso. Junts, entonces instalado en la vía confrontacional, recibía cada logro de los republicanos, bien fuera arrancar contrapartidas en los Presupuestos Generales o la reforma del Código Penal, con el discurso de que se sostenía al Ejecutivo de Pedro Sánchez “a cambio de nada”. Tras las elecciones generales y la irrupción de Junts en el papel de actor necesario, los de Puigdemont pusieron en el centro de su giro pragmático que la estrategia fuera “cobrar por adelantado” y así dejar en evidencia a sus exsocios.

Más allá de las críticas de Junts, ERC también ha vivido la evidencia de que los pactos siempre suelen perder lustre desde que se anuncian hasta que se aterriza al detalle. La última vez fue a raíz del traspaso de Rodalies, que se logró en la negociación de la investidura. Un exultante Oriol Junqueras compareció en noviembre para anunciar el traspaso “integral” de los trenes de Cercanías catalanes, pero cuando se entregó el texto firmado con el PSOE quedó claro que la realidad era distinta. El acuerdo no dejaba de ser muy importante, pero se había sobreactuado. Los de Puigdemont calificaron de “claudicación” el acuerdo.

La competición entre ambas formaciones por demostrar quién negocia mejor con el PSOE ha tenido su primera ronda y nadie se arriesga a pedir que se le sume el tanto. Puigdemont eso sí, ayer vivió otra derrota a la luz de su dogma de “no dar los votos por adelantado”. La propuesta española de hacer lenguas oficiales de la UE el catalán, euskera y gallego no figura en la agenda provisional de la próxima cita de ministros, el 29 de enero, convocada bajo la nueva presidencia rotatoria de la UE en manos de Bruselas. La oficialidad era una de las condiciones de Junts para dar luz verde a la legislatura, hecha cuando Sánchez ocupaba esa responsabilidad comunitaria. La medida no salió adelante por las dudas de varios países del norte de Europa.

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