El Gobierno estudia qué cesiones hará a la Generalitat sin tocar el grueso de la política migratoria

La letra pequeña del acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar competencias de inmigración a la Generalitat es tan pequeña que aún es un folio en blanco. Lo que sí parece claro, según fuentes gubernamentales, es que el pacto no supondrá grandes cambios en la distribución actual de competencias de la política migratoria, que es de titularidad estatal. Por ahora, no parece que estén encima de la mesa cuestiones como el control migratorio o las expulsiones de inmigrantes, que Junts reivindica para sí. En definitiva, quien hará el esfuerzo de estudiar qué competencias pueden delegarse no será Interior —que ejerce el control migratorio y de fronteras—, sino el Ministerio de Migraciones, que puede jugar con más margen con la cesión de algunos trámites de extranjería o de acogida. Esto frustra las pretensiones del partido de Carles Puigdemont que, al menos públicamente, ha reclamado el control migratorio y no la gestión integral del fenómeno, como la acogida o la integración. En cualquier caso, La Moncloa ha insistido en que se tratará de una delegación de competencias y no de traspaso, es decir, no se modifica la titularidad.

Desde que este miércoles se conociera el pacto entre la derecha independentista y el PSOE para sacar adelante la primera votación clave de la legislatura, se han disparado las especulaciones. Ante la falta de información sobre el acuerdo, imaginación. La Generalitat, que gobierna ERC, pidió explicaciones sobre el contenido de un pacto que le pilló por sorpresa, la oposición lo criticó en tromba y barones socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo censuraron. “Si las competencias las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras”, dijo Page este viernes.

Mientras el PSOE minimizaba el impacto del acuerdo, alegando que aún era “aventurado” adelantar cualquier medida porque quedan “largos meses de negociación”, Junts, que promueve un discurso antiinmigración, fue soltando varias de sus pretensiones. Y algunas sorprendieron por su difícil encaje constitucional. El secretario general del partido, Jordi Turull, dijo, por ejemplo, que pretendían poder expulsar a inmigrantes que reincidan en múltiples delitos, una competencia en manos de Interior que depende, además, de decisiones judiciales. La reivindicación ya parecía inviable cuando fue formulada el jueves, pero con el paso de las horas, fuentes gubernamentales la sacan de la ecuación. Por una cuestión política —tendrá que ser negociada con los diferentes grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno para lograr una mayoría cualificada— pero, sobre todo, legal.

Media decena de expertos consultados por EL PAÍS han sido rotundos sobre los límites del artículo 150.2 de la Constitución que permite transferir o delegar facultades de titularidad estatal a las comunidades autónomas. “El límite es que la competencia sea susceptible de delegación sin romper el sistema”, afirma el profesor de Derecho Constitucional y ex director general de Migraciones, Markus González. “Las competencias normativas no pueden delegarse. Las causas de expulsión dependen de la Ley de Extranjería y el Código Penal y esto no se puede delegar y su ejecución difícilmente va a salir de las manos del Ministerio del Interior”, añade. El mismo argumento podría aplicarse al control de los flujos migratorios, que depende de las Fuerzas de Seguridad del Estado. “No es viable jurídicamente”, sentencia Eduardo Rojo, experto en inmigración y catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona. “En ningún país del mundo, por muy federal que sea, un territorio puede aplicar condiciones de entrada y salida distintas a las estatales”, ilustran fuentes ministeriales.

Otra cuestión es la cesión de trámites. Mientras en el Ministerio del Interior se espera no tener que tocar ni una coma de sus funciones, en el Ministerio de Migraciones se estudia cómo dotar de contenido a la futura ley. La Generalitat ya tiene la competencia exclusiva para tramitar autorizaciones de trabajo iniciales a extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña, por lo que podría negociarse que asuman también, por ejemplo, las renovaciones de estos permisos. Como el abanico de trámites para los extranjeros es amplio, fuentes de la Administración abren la puerta a que pueda cederse también la tramitación de autorizaciones de residencia, renovaciones, permisos de estudios o las diferentes modificaciones de los permisos que puedan hacerse en diferentes supuestos que recoge la ley. Esto, una vez más, no significaría que la Generalitat pueda aplicar criterios propios para conceder los permisos, sino que solo se ocupan de su tramitación. Todo, en cualquier caso, es aún un tanteo de posibilidades.

La acogida de solicitantes de asilo abre también posibilidades de cesión, aunque no ha sido un tema que Junts haya reclamado, al menos, públicamente. La puerta la ha abierto el PNV, que condicionó su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a una serie de cesiones. Entre ellas, a que en menos de tres meses el Gobierno vasco asuma la competencia de la última fase de acogida de los solicitantes de asilo que se instalan en su territorio. En esta etapa, por lo general, los solicitantes ya están reconocidos como refugiados, viven de forma autónoma en viviendas gracias a una ayuda al alquiler, trabajan y se preparan para su total independencia. Es una cesión menor. De hecho, solo el País Vasco quiere asumir parte de la política migratoria. Ha sido la única comunidad que ha afirmado que si el Gobierno de Pedro Sánchez cede competencias en esta materia a Cataluña, se sumará de inmediato a la petición.

El Gobierno podría contemplar la gestión de todo el itinerario de acogida de los solicitantes de asilo, pero la cesión de esta competencia ya ha sido objeto de estudio del Tribunal Supremo. Precisamente, la Generalitat lleva años litigando contra las subvenciones que concede el Ministerio de Migraciones a las ONG que se ocupan del sistema de acogida con la intención de asumir esa competencia y su correspondiente financiación. El Supremo, sin embargo, acaba de resolver la cuestión en contra de los intereses de la Generalitat. La sentencia avala que es competencia del Estado conceder subvenciones para la acogida e integración de solicitantes de asilo y refugiados. “La decisión resuelve una batalla judicial de años. Tras esta sentencia, tenemos dudas que puedan delegarse ahora estas competencias”, explican fuentes jurídicas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una de las recurrentes en este proceso. Esta, como el resto, siguen siendo cuestiones en el aire.

La redacción de la ley, en cualquier caso, está aún lejos de ser ni un borrador. “Es todo muy preliminar”, insisten en el Gobierno.