Junts explota la inmigración en su estrategia para neutralizar al independentismo islamófobo y a ERC

El acuerdo para delegar en Cataluña las competencias en inmigración fue la guinda de la sorpresa servida el pasado miércoles en el Congreso, a cuenta de la agónica primera votación de la legislatura. Tras días hablando de si a base de multas volverían a Cataluña las empresas que huyeron por el procés, el PSOE consiguió que Junts no bloqueara la aprobación de los decretos clave para el Gobierno, cediendo en un punto que apenas había asomado en el debate público. Los neoconvergentes buscaban un golpe de efecto, pero poner el foco en la gestión de la política de extranjería también es el final de un camino pensado por los de Carles Puigdemont para sacar réditos electorales en Cataluña, neutralizando dos frentes abiertos: la pugna con Esquerra por ver quién es el interlocutor catalán y el temor a una fuga de votos hacia el nuevo partido independentista e islamófobo Aliança Catalana.

En las pasadas elecciones municipales, un Junts que abandonaba el monotema del procés se lanzó a intentar rearmar filas en el poder local, el gran bastión de la hegemonía convergente. Pese a que ideológicamente la formación fundada por Puigdemont está más a la izquierda que sus antecesoras, la implantación municipal sigue estando en manos de la vertiente más ortodoxa del partido, con un discurso de orden. La compleja realidad de la multirreincidencia delictiva o de la okupación que el procés había casi invisibilizado fueron entonces respondidas con la propuesta de varios alcaldes de la comarca del Maresme de expulsar a los inmigrantes que estuvieran en esa lista de delincuentes. El argumento era que solo en Calella (Barcelona), su alcalde Marc Buch aseguró que un grupo de 11 personas suma 216 detenciones por robos. Otro alcalde de Junts, el de Premià de Dalt, no dudó en contratar a Desokupa para acabar con el supuesto auge de la invasión de la propiedad privada. Cuando Josep Triadó, el regidor de Premià de Dalt, anunció la medida, ninguna vivienda estaba ocupada en el municipio.

Los malos resultados de Junts en las últimas contiendas electorales demuestran que el camino para volver a ser la principal fuerza catalana no será fácil. De los 1,2 millones de votos de las autonómicas de 2010 (38% del total), en las de 2021 pasó a 570.500 (20%). Pero aparte de la reorganización ideológica y de la competencia feroz con ERC, por quien gana en el bloque independentista, el aterrizaje de Aliança Catalana en el panorama genera inquietud. Esa formación logró arrebatarle a Junts la alcaldía de Ripoll (10.700 habitantes, Girona), que perdió cinco concejales. El municipio tiene un 16% de inmigración (menos que el entorno) y un 8% de paro, pero pese a ello caló el discurso de Sílvia Orriols asegurando que hay un exceso de ayudas sociales a los extranjeros, que acompasa con la defensa de la independencia. Orriols ya maniobra para presentarse a las próximas autonómicas.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, negó que su formación mirara de reojo a Orriols. “Yo siempre defenderé lo de que Cataluña es un solo pueblo y nosotros no alentaremos políticas de confrontación”, enfatizó este jueves en una entrevista en Catalunya Ràdio. Pero sí dejó caer que hay algo de táctico en poner el foco en la inmigración. “Comenzamos [con el PSOE] una negociación [sobre los reales decretos] y dijimos que, para compensar, nosotros necesitamos un tema de calado y disruptivo, que estuviera dentro de los reales decretos y que fue el de la inmigración”, confesó ante preguntas. El Gobierno cedía así en parte a la reclamación histórica del independentismo de la transferencia, pero esta vez no encabezada por el Gobierno autonómico, sino por el tercer partido de la oposición, que reclamó la transferencia sin consultar ni al Ejecutivo. Con todo, la reivindicación no es nueva. Ya en 1999, el entonces candidato de Esquerra a la Generalitat, Josep-Lluís Carod Rovira, pidió competencias en inmigración argumentando que se necesitaban herramientas para evitar reproducir los “guetos urbanísticos” de los años sesenta.

Pero pese al gran titular lanzado por Junts, y en donde en las entrevistas se juega con la ambigüedad entre traspaso -implica mudar de Gobierno la titularidad de la competencia- y la delegación -se mantiene la titularidad-, ninguna de las dos partes del pacto supo dar detalles de la letra pequeña y de sobre qué temas específicos se estaba hablando. Esto ha motivado el malestar del Govern y de ERC, que se supone que tendrán que gestionar esta competencia. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, acusó a Junts de alinearse con la “extrema derecha”.

Nogueras ya puso el asunto en el debate al pedir la delegación de las políticas de inmigración durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. Un mes después, la también diputada Anna Madrenas insistió en la idea a raíz de la polémica por el reparto de los inmigrantes llegados a Canarias. “¿Con qué criterios el Gobierno decide la distribución territorial de las personas migrantes? La opacidad del Estado español es mayúscula. Su reparto no tiene ninguna lógica, ni por población, ni por producto interior bruto, ni capacidad de acogida”, le dijo la exalcaldesa de Girona al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y aprovechó para insistir en el traspaso.

Tras años en que la inmigración está lejos de las primeras posiciones en la preocupación de los catalanes, el afán de Junts por coger esta bandera tiene varias raíces. Hasta demoscópicas. El último barómetro sobre Opinión Política del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, reveló en noviembre dos cifras que podrían parecer contrapuestas. El 60% de los encuestados cree que hay demasiada población inmigrante en Cataluña (es el 16% del total, tres puntos por encima de la media estatal), pero el 70% está de acuerdo o muy de acuerdo con que esta población no es fundamentalmente diferente a la autóctona.

Tras los de Vox, PP y Cs, el votante de Junts es el que manifiesta posiciones más contrarias a la inmigración. Un 66% considera que el Govern “ha perdido el control de quién entra en el país”, tres puntos porcentuales por encima de la media. Y, empatado con el PSC con un 60%, su electorado también cree que hay demasiada población extranjera.

La sintonía del espacio que ahora ocupa Junts y que antes colmó la extinta Convergència Democrática con tesis duras con la inmigración, aunque sin llegar a los extremos que hoy muestra Vox o la propia Aliança Catalana, no es novedosa. En el verano de 2010, por ejemplo, la entonces federación de CiU se acercó al PP en la cruzada antiburka en el espacio público en varias localidades de Tarragona. El PSC y ERC también llegaron a reclamar restricciones sobre esta prenda, aunque limitándolo a los edificios públicos.

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