El Gobierno catalán califica de “compromiso difuso” el pacto entre PSOE y Junts sobre la delegación de las políticas de inmigración

El Govern de la Generalitat, en manos de Esquerra Republicana, ha pasado este jueves a la ofensiva respecto al pacto entre PSOE y Junts para delegar a Cataluña las competencias en inmigración. Después de que ayer reaccionara con perfil bajo ante el anuncio, la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, ha exigido al Gobierno central que le explique de manera formal los detalles de ese acuerdo, que califica de “compromiso difuso” y que en ningún momento el Govern considera un “traspaso” pese a que la formación de Carles Puigdemont defiende lo contrario. Los primeros espadas de Junts se han prodigado en los medios de comunicación para defender que las promesas de contrapartidas obtenidas justificaban la ayuda al Gobierno en el último minuto, pero no han aportado detalles específicos sobre la anunciada delegación de la competencia de inmigración. La Moncloa, tampoco.

Una de las voces de Junts que han salido a defender el acuerdo ha sido la presidenta de la formación, Laura Borràs. “Cataluña recibe un flujo migratorio superior a la población que representa del conjunto del Estado y debe poder estar en disposición de gestionar en condiciones este fenómeno y gestionar de manera integral estas competencias, con todas las derivadas que comporta, desde temas lingüísticos a temas fronterizos”, ha asegurado en una entrevista a Telecinco.

Su número dos, Jordi Turull, no se ha alejado mucho de ese argumentario. Incluso ha abierto la caja de los truenos de un tema muy espinoso y sobre el que Junts está intentando ganar protagonismo: qué hacer con los casos de delincuentes multirreincidentes de origen inmigrante. “Tenemos que mirar en qué condiciones podemos echar a estas personas”, ha asegurado el secretario general de Junts, que en diciembre apoyó un acto de alcaldes del partido que pedían que se pudiera tomar esa medida y coqueteando con la vinculación directa entre inmigración y delincuencia. “Lo que tienes que procurar primero es que no haya multirreincidencia. Para eso tenemos también las competencias de educación y asuntos sociales”, ha matizado después.

Turull, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha defendido que Cataluña tenga una política propia de inmigración porque considera que el Estado da una respuesta lineal a esa realidad demográfica, ignorando, según el, que esa comunidad autónoma tenga hasta tres puntos porcentuales más de población nacida en el extranjero que la media española. Ha aceptado, como también hizo Miriam Nogueras en RAC-1, que aún queda por pulir la letra pequeña de la ley orgánica con la que espera blindar la situación especial de Cataluña, que se hará por el mecanismo constitucional de la delegación de competencias del artículo 150.2 de la Constitución.

Tanto Nogueras como Turull, sin precisar, dieron a entender que con esa ley también se intentaría darle más peso al conocimiento del catalán en el proceso de integración y hablaron del papel que tendrían que desempeñar los Mossos d’Esquadra, pero sin entrar a especificar si se referían al control de fronteras. El Estatuto de Autonomía recoge algunas competencias en inmigración, que superaron el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional, pero la sentencia deja claro que eso solo se puede limitar a aspectos de atención a la ciudadanía y de servicios sociales.

La falta de concreción también por parte del PSOE sobre este traspaso también ha recibido críticas por parte de ERC. La diputada Teresa Jordà ha asegurado que “hay mucha letra pequeña y el Govern tiene que decir lo suyo”. La exconsejera de Acción Climática ha contrapuesto ese anuncio con el traspaso efectivo de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que se incluía en los reales decretos aprobados. “No estamos en el primer curso de negociación con el PSOE. Ya tenemos un recorrido y está pendiente la letra pequeña”, ha alertado. La consejera de Presidència, Laura Vilagrà, incluso ha llegado a poner en duda que se trate de un traspaso.

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