La dirección de Junts per Catalunya ha dado este jueves apoyo a los alcaldes del Maresme que han pedido expulsar a los migrantes reincidentes en un acto público que, bajo el liderazgo del alcalde de Calella Marc Buch, congregó a una decena de ediles. Jordi Turull, secretario general del partido, ha asegurado esta mañana en declaraciones a Rac1 que conocían la convocatoria del acto y se ha mostrado comprensivo con su reivindicación. “Marc Buch es una excelente persona y alcalde. Ha hecho un llamamiento de desesperación. Lo habría hecho cualquier alcalde que tenga en su municipio a 11 personas que han sido 200 veces detenidas y que no paran (de delinquir)”, ha afirmado.

En su reflexión, Turull, que ha evitado decir explícitamente si él estaba a favor de la expulsión, ha alegado que Cataluña es un país acogedor y que defiende que todo ciudadano, lleve su familia generaciones o acabe de llegar, tiene derechos y deberes y ha recordado que Vic es un modelo de éxito. “En Calella viven 3.000 personas de fuera del Estado y el problema es solo con 11″, ha afirmado en alusión al municipio del Maresme que tiene una población de 18.000 personas. Turull ha agregado que han solicitado asesoramiento legal para impulsar reformas en el Código Penal o en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “El sistema falla”, ha remachado Turull que ha sostenido que la presión que reciben los alcaldes es “brutal”, al tiempo que ha lamentado que Cataluña carezca de competencias sobre inmigración cuando recibe un gran flujo migratorio, a diferencia de otras comunidades. “No podemos decidir nada”, ha lamentado.

Arropado por ediles de la comarca, Buch afirmó este martes en una comparecencia en Calella: “Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestra casa”. No solo es un asunto que concierna a Junts. Salvador Illa, primer secretario del PSC, comparte la idea reforzar el contingente policial en el Maresme. Es importante poner orden, que haya seguridad”, dijo en una entrevista en TVMataró. Y apuntó a la Consejería de Interior: “Se tiene que reclamar a quién tiene la competencia, que es el Govern, que ponga los medios y efectivos necesarios para garantizarla”. Illa no reniega de un posible endurecimiento de la ley: “Se ha hecho una reforma del Código Penal para los actos de reincidencia y no descarto que podamos plantear una revisión para endurecerla más”. Interior ya ha anunciado que aumentará las dotaciones de Mossos d’Esquadra en la zona.

Petición de ayuda

Mientras, el alcalde de Guissona, Jaume Ars, de Junts per Guissona, ha solicitado ayuda a la Delegació del Govern para agilizar la tramitación de los permisos y la documentación de unas 60 personas, ciudadanos senegaleses que han llegado al municipio. Sin apenas paro, Guissona es un municipio de Lleida que cuenta con un 53% de inmigración y 43 nacionalidades distintas atraídas por la empresa del Área de Guissona. “Nosotros les empadronamos. Llegan sin documentación y pedimos ayuda a la Administración para que se les pueda garantizar sus derechos sociales y sanitarios”, ha dicho el alcalde en declaraciones a TV3. “Hace mucho que trabajamos en integración y cohesión. No hablamos de acogida sino de cohesión. Y siempre nos coge el toro: pedimos agilidad en los papeles”.

En Guissona, hay una comunidad de 600 senegaleses que han actúan casi como un reclamo para ciudadanos de su misma nacionalidad. “Cuando llegan a Canarias, se les pregunta un lugar de referencia y dicen Guissona”, explica apuntando que el municipio ya empieza a estar colapsado. “Le hemos dicho al jefe de la comunidad senegalesa que estamos colapsados y ahora el goteo es mínimo”. Turull ha criticado que Cataluña carece competencias sobre inmigración cuando es una comunidad con un flujo migratorio muy superior al de otras comunidades.

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