La jueza concluye que un fondo de inversión se querelló contra Colau porque su política de vivienda “no le era favorable”

Ada Colau acaba ser exonerada de una de las causas judiciales abiertas durante su mandato como alcaldesa de Barcelona. El fondo de inversión Vauras se querelló contra Colau y contra tres miembros de su gobierno por coaccionarles, presuntamente, para ceder unos pisos en alquiler social. Pero esas coacciones nunca ocurrieron, concluye ahora la jueza que ha investigado el caso en un auto contundente en el que acusa al fondo de querellarse contra Colau como venganza por haberse visto perjudicado por las políticas de vivienda de los comunes.

Tras estudiar los expedientes y escuchar las grabaciones de las reuniones mantenidas con el consistorio, la jueza llega a la conclusión de que no hubo “ni presiones ni resoluciones dictadas injustamente” tras la negativa de Vauras a ceder pisos en alquiler social. En marzo de 2017, un bloque de viviendas de la calle de Lleida fue ocupado y el fondo de inversión, propietario del inmueble, tuvo muchos problemas para desalojarlo. El Ayuntamiento le pidió que cediera las viviendas en alquiler social y lo hizo, según exponía Vauras en la querella, valiéndose de amenazas y presiones. Nada de eso es cierto, según el auto que da carpetazo al asunto.

La resolución recuerda que Colau “no tuvo ninguna participación en las reuniones” ni en los expedientes que se tramitaron. El hecho de que el fondo de inversión la incluyese en la querella solo pretendía “conseguir el efecto mediático que supone involucrar a un político en un procedimiento penal” a sabiendas de que “ninguna participación tuvo en los hechos”. La magistrada es tajante. Lo que movió a Vauras para disparar contra la exalcaldesa es que sus políticas de vivienda “no le eran favorables” y le causaron “perjuicios económicos”. Pero ni las “discrepancias legítimas” con esas políticas ni los perjuicios sufridos justifican haberla involucrado en un proceso penal.

Vauras se querelló contra Colau y contra otros tres cargos de su gobierno: el exregidor de Sants-Montjuïc, Marc Serra; la exconcejala de Vivienda, Lucía Martín, y la responsable de disciplina de Vivienda, Fuensanta Alcalá, por una ristra de delitos: coacciones, extorsión, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y usurpación de funciones. La jueza inadmitió la querella por falta de indicios de delitos, pero en marzo de 2022 la Audiencia de Barcelona le obligó a abrir la causa y practicar una serie de diligencias de investigación, aunque solo por dos de los delitos: coacciones y prevaricación. La exalcaldesa tuvo que declarar como investigada antes de las elecciones municipales.

Las diligencias han llevado a la jueza a la misma conclusión: que no hay delito. Las grabaciones aportadas por Vauras de las reuniones mantenidas en 2019 y 2020 no revelan esas coacciones. Durante la instrucción, el fondo de inversión aportó el testimonio de dos personas que, seis años después, recordaban “con gran precisión” expresiones coactivas por parte de la responsable de inspección de Vivienda. Hicieron gala, dice con sorna la jueza, de una “memoria prodigiosa”, lo que resulta “difícilmente creíble” y además “contradice todos los postulados de la psicología del testimonio”. Tras analizar también los expedientes, la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona concluye que durante ese tiempo no se dictaron resoluciones “desfavorables, injustas o prevaricadoras” contra Vauras.

En un mensaje a través de Instagram, Colau ha manifestado este jueves que la querella de Vauras es un ejemplo de lawfare (guerra judicial contra el adversario político) y ha lamentado que el proceso penal pudo haber influido en los resultados electorales. “En las últimas elecciones, el actual alcalde del PSC sacó un concejal más con solo 141 votos más. ¿Qué hubiera pasado sin todos los titulares del lawfare y mi imagen yendo a declarar al juzgado en bucle en los medios?”, se pregunta.

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