La Fiscalía archivó en julio la incomparecencia de 9 cargos públicos en el Parlament, entre ellos Pedro Sánchez y el juez del Supremo Pablo Lucas

La Fiscalía archivó el pasado mes de julio la incomparecencia en el Parlamento catalán de nueve cargos públicos, entre ellos el presidente Pedro Sánchez y el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas —el encargado del control judicial del CNI, y por tanto de autorizar los pinchazos telefónicos— para que compareciera en la comisión de investigación del caso Pegasus. La mesa de la Cámara denunció la incomparecencia en calidad de testigos de las siguientes personas: Teresa Cunillera, exdelegada del Gobierno en Cataluña; la ministra Margarita Robles; el de Interior Fernando Grande-Marlaska; la exvicepresidenta Carmen Calvo; las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz; el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

El Parlamento autonómico regula a través del artículo 68 de su reglamento, con rango de ley, la comparecencia de los testigos en comisiones de investigación. Los testigos que son cargos públicos están obligados a comparecer y no así los expertos. El procedimiento es el siguiente: la comisión cita una primera vez al testigo; si desatiende la llamada, vuelve a hacerlo; y, si incumple por segunda vez, la Mesa de la Cámara lo eleva a la Fiscalía para que esta decida si esa no asistencia implica algún tipo de responsabilidad penal. Esta fórmula se ha utilizado en todos los casos de personas convocadas a comisiones de investigación y que no han acudido, algo que ha sucedido en bastantes ocasiones.

Lucas recibió un primer requerimiento del Parlament en febrero pasado, según ha avanzado El Mundo. Según fuentes del alto tribunal, en el escrito, firmado por la vicepresidenta de la Cámara, Alba Vergés, se informaba al magistrado de que había sido citado para que aportara su testimonio sobre el presunto espionaje y se le advertía de que, en el caso de no acudir, podría incurrir en un delito de desobediencia, informa Reyes Rincón. La comunicación incluía, según estas fuentes, una fotocopia del artículo 502 del Código Penal, que establece que serán castigados por este delito quienes “habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma”.

El magistrado, en su escrito de respuesta, invocó dos normas para justificar su decisión de no acudir. La primera de ellas, el artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que fija que las autoridades civiles y militares “se abstendrán de intimar a los Jueces y Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia”, y que cuando se trate de “auxilio o cooperación por razón del cargo o de la función jurisdiccional” esta comparecencia se prestará, salvo que el acto a ejecutar no esté legalmente permitido o se perjudique la competencia propia del Juez o Tribunal”. Lucas también citaba el artículo único de la ley que regula el CNI, que, entre otras premisas, establece que el magistrado encargado del control judicial del centro nacional de inteligencia “dispondrá lo procedente para salvaguardar la reserva de sus actuaciones, que tendrán la clasificación de secreto”. El Parlamento, siguiendo su procedimiento habitual, repitió su requerimiento unas semanas después y Lucas justificó su ausencia con los mismos argumentos.

El magistrado puso ambos escritos del Parlament en conocimiento del presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín Castán, quien, a su vez, lo comunicó a la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial. Este órgano trató esos escritos en dos reuniones ordinarias, celebradas el 22 de febrero y el 16 de marzo. En ambos casos, se limitó a “tomar conocimiento” de los escritos remitidos por el alto tribunal.

Aragonès, llamado a declarar

Por otra parte, más de 16 meses después de que el presidente catalán presentara una querella por el caso Pegasus de presunto espionaje, Pere Aragonès ha sido llamado a declarar ante el juzgado donde presentó el escrito. Lo hará el próximo miércoles, día 13, por la mañana. En julio de 2022, Aragonès presentó una querella, en condición de afectado, meses después de conocerse que estaba entre los políticos y líderes independentistas presuntamente espiados mediante este software de fabricación israelí. En su escrito, el president apuntaba como supuestos responsables a la ya exdirectora del CNI, Paz Esteban, y a la empresa creadora del programa, NSO Group.

La primera noticia del presunto espionaje llegó en abril de 2022 tras un informe realizado por Citizen Lab, un grupo de investigación canadiense que analizó los dispositivos móviles de cerca de 60 políticos, líderes de entidades independentistas y periodistas relacionados con el procés y llegó a la conclusión de que habían sido infectados con Pegasus. De ese supuesto espionaje no había autor conocido. Semanas después, la entonces directora del CNI admitió en el Congreso que el organismo de inteligencia había intervenido años atrás, con autorización judicial, 18 teléfonos, incluido el de Aragonès y el de los expresidentes Artur Mas y Quim Torra. Esteban no aclaró si esos pinchazos telefónicos se hicieron con Pegasus o si tenían algo que ver con los detectados por Citizen Lab. Aragonès se querelló y ahora ha sido llamado a declarar por el juez.

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