Marta Rovira: “Acusarnos de terrorismo no sirve de nada; lo que falta es madurez política”

La secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira (Vic, Barcelona, 1977), vive en Ginebra (Suiza) desde que en 2018 decidió abandonar España para evitar comparecer ante el Tribunal Supremo que la acusó, primero de rebelión y, después, de sedición por su vinculación con el proceso independentista catalán. Desde allí ha continuado su actividad política y ha sido una de las negociadoras con el PSOE para el pacto que esta semana debe permitir la investidura de Pedro Sánchez. Mantiene la incógnita sobre su regreso a Barcelona, pero cree que la amnistía es una oportunidad para hacer un “reset” a la política catalana.

Pregunta. Hacemos esta entrevista en Suiza porque usted abandonó España para evitar comparecer ante el Tribunal Supremo. Con la ley de amnistía que han pactado con el PSOE, ¿cuándo tiene previsto poder regresar a Cataluña?

Respuesta. Es muy importante que la ley de amnistía no sea vista como un instrumento a favor de si yo voy a volver o qué beneficios personales o no voy a tener. Debe ser vista como un instrumento para defender y rehabilitar unos derechos fundamentales que nunca tenían que haber sido criminalizados. Y son derechos tan importantes como la libertad de expresión, la de manifestación pacífica o el de representación política. Para nosotros, la ley de amnistía es un instrumento que debe permitir podernos sentar en una mesa a resolver el conflicto político en igualdad de condiciones. Es un reset, un elemento de paz social.

P. Con la aprobación de la ley en las Cortes se hará un reconocimiento implícito de que no debían haber sucedido determinadas cosas la última década en relación con la política en Cataluña. ¿El independentismo no debería hacer también una reflexión en este sentido?

R. Lo que hay que hacer es convertir esta oportunidad en una negociación real, cada uno con su propia visión, si no, no se dan las condiciones para hacer autocrítica. Con todo, creo que una parte del independentismo ya ha hecho esta autocrítica sin que renunciemos a nuestros objetivos políticos.

P. Mucha gente en España espera algún paso más. O una renuncia más explícita a la vía unilateral.

R. El movimiento independentista también espera desde hace mucho tiempo que los gobiernos del Estado acepten la realidad de Cataluña, que no la nieguen. Desde 2019 se ha comenzado a generar esta oportunidad, con el reconocimiento por parte del Gobierno de este conflicto. Ahora se tiene que resolver. Esto requiere responsabilidad, no negar la realidad. Siempre hemos dicho que la mejor forma de hacer esto es con un referéndum acordado con el Estado. Lo que pasa es que no podemos renunciar a ninguna forma democrática de defender nuestro proyecto político.

P. En su caso particular, se la sitúa en el núcleo de dirigentes que más presionaron en octubre de 2017 para hacer una declaración efectiva de independencia en lugar de convocar elecciones. ¿Se arrepiente de algo?

R. En ERC hemos analizado lo que hicimos, lo que aprendimos y lo que tenemos que mejorar. Estos aprendizajes son muy útiles para estar donde estamos hoy, sentados en una mesa de negociación que abra oportunidades. Todo el mundo debe hacer autocrítica de lo que pasó, las dos partes. Uno de los principales errores es entender que el conflicto se esfumará retorciendo el código penal. Acusarnos de terrorismo no servirá para que nos arrepintamos, esto no sirve de nada. Lo que se necesita es madurez política.

P. Si la amnistía llega a buen puerto y se desjudicializa la vida política, ¿qué pondrán de su parte para que no se vuelva a judicializar?

R. Nosotros siempre hemos evitado la judicialización del conflicto político.

P. Bueno, por ejemplo, votaron cosas en el Parlament que los tribunales habían prohibido explícitamente.

R. Yo presenté la ley del referéndum en el Parlament como portavoz de la coalición Junts pel Sí y tuve cinco minutos para hacerlo. Para pedir que se debatiera políticamente este asunto en la Cámara, porque teníamos mayoría y porque los ciudadanos nos habían votado para hacerlo. Era un debate político. Lo que nunca esperábamos era que hubiese una respuesta judicial.

P. Hoy para los jueces usted es una persona fugada de la justicia española. ¿Cree que esto puede complicarle su papel de interlocución con otras fuerzas políticas?

R. Lo que hicimos o dejamos de hacer en 2017, o si somos o no independentistas, no es algo que deba catalogarnos o decidir si podemos o no estar en política. Lo importante es entender que tenemos una oportunidad histórica por delante.

P. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la investiga en una causa de presunto terrorismo por las protestas del movimiento Tsunami Democràtic. ¿Usted estaba en la organización de estas movilizaciones o las conocía de antemano?

R. Lo que tengo que decir del Tsunami Democràtic es que todas las manifestaciones que se lideraron desde la plataforma, que yo no conocía en profundidad y que viví desde Ginebra, a ojos de cualquier persona fueron un ejercicio de un derecho fundamental, del derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión y el derecho de protesta. Esto es lo que fue el Tsunami Democràtic, un montón de gente saliendo a la calle en contra de una sentencia que para Cataluña fue un golpe muy duro.

P. Los informes de la Guardia Civil apuntan a que sí conocía los movimientos del Tsunami.

R. No voy a entrar en el relato que se está construyendo desde determinados ámbitos, esto no ayuda en nada. Vemos con preocupación que existe un patrón sistemático que se repite con acusaciones penales a determinados líderes políticos con cosas que no deberían estar pasando en un Estado democrático. En 2017 empezó a salir a través de determinados medios que seríamos acusados de rebelión. Y después llegó la querella por ello. Y al final resulta que la sentencia no fue por rebelión, pero ello fue la excusa para tomar medidas cautelares y decretar prisión para mucha gente.

P. ¿Qué diferencias habrá entre el acuerdo que firmaron ustedes con el PSOE sobre la amnistía y el que ha firmado Junts?

R. No hay diferencias sustanciales. La ley tiene el reto de dar seguridad jurídica, no puede dejar puertas abiertas a diferentes interpretaciones. Esta ley no va de personas ni de causas. Va de amnistiar unos hechos que nunca deberían haber sido considerados delito.

P. ¿Con la introducción del concepto de lawfare se puede llegar a amnistiar casos de corrupción como el de la presidenta de Junts, Laura Borràs?

R. La ley no va de personas concretas. Se amnistían los hechos relacionados con la consulta del 9 de noviembre de 2014, con el referéndum del 1 de octubre de 2017 y hechos en ejercicio de derechos civiles como las manifestaciones y las movilizaciones relacionadas con todo el proceso.

P. ¿Entiende la preocupación expresada por todas las asociaciones de jueces?

R. Entiendo la preocupación porque el texto todavía no es conocido, pero quiero señalar que la Constitución prevé posibles amnistías. Además, las ha habido en otros estados democráticos. En los últimos 30 años ha habido hasta 23 leyes de amnistía en democracias liberales que se han utilizado para reforzar determinados derechos fundamentales.

P. Han pactado asuntos laboriosos como el traspaso de Cercanías a la Generalitat. Esta agenda requerirá tiempo. ¿Hay legislatura para cuatro años?

R. Nuestro acuerdo es muy claro sobre este aspecto, más que el que firmamos con el PSOE en 2019. ERC se ha comprometido a la estabilidad de la legislatura, pero no a cualquier precio. Si el Gobierno asume la responsabilidad política de resolver el conflicto de Cataluña, la estabilidad está garantizada.

P. Si no hay referéndum, ¿se acabará la legislatura?

R. No veo por qué se nos hace esta pregunta a los independentistas.

P. De ustedes depende en buena parte la estabilidad del próximo Gobierno.

R. Se lo diré de otra manera. Nosotros tenemos muchas propuestas para Cataluña y nuestra apuesta es el referéndum. Pero lo que tiene que hacer el Gobierno es presentar las suyas. ¿Se ha preguntado alguna vez algún dirigente político español qué espera Cataluña por parte del Estado español? Ahora el Gobierno tiene la obligación moral de resolver el conflicto político de Cataluña.

P. Si la amnistía permite al presidente de ERC, Oriol Junqueras, volver a la política institucional, ¿quién será el candidato de ERC? ¿Oriol Junqueras o Pere Aragonès?

R. Estos debates son prematuros. Iremos por fases. Esperaremos a que la ley de amnistía tenga los efectos esperados y luego tomaremos decisiones.

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