El presidente de Òmnium calcula que al menos 1.500 personas pueden beneficiarse de la futura amnistía
Antich sostiene que la entidad excluye del cómputo a la expresidenta Laura Borràs y los imputados en el caso Vólkhov
El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha calculado que la futura ley de amnistía podrá beneficiar a un mínimo de 1.500 personas y ha sostenido que el criterio que se han seguido ha sido el de incluir a todos los casos que se abrieron por ejercer derechos fundamentales en torno la consulta del 9-N y del 1-O. Ese diagnóstico comporta que quedarían fuera del beneficio de la ley tanto la expresidenta del Parlament, Laura Borras, condenada por los casos de corrupción como los acusados por la operación Voloh al no haberse iniciado la causa por hechos relacionados con el procés.
En una entrevista en el programa Aquí Catalunya, de la Cadena SER, Antich ha afirmado que el estudio de la entidad es muy riguroso y que contempla que han habido 4400 represaliadas de los que 1500 deberían ser amnistiadas. “Nos hemos ajustado a un método muy simple: a las causas impulsadas por ejercer derechos fundamentales”, ha dicho en relación a Borràs. “Su caso no entra dentro de esta tipificación aunque reconociendo que la desmesura y celeridad tiene que ver con su condición política”.
Òmnium ha exigido en los últimos años la unidad de acción de los partidos independentistas y en ese sentido ha considerado que actualmente existe divergencia técnica pero no en las estrategias técnicas porque lo que están negociando con el PSOE para la investidura es lo mismo. ERC y el PSOE cerraron este jueves un acuerdo de investidura que incluye tanto la ley como una serie de mejoras en financiación y el traspaso de Rodalies. Junts tenía previsto anunciar el pacto también pero se ha dilatado por dos puntos del articulado. “Las negociaciones están abiertas. Hay que esperar a tener la foto completa”, ha señalado.
Antich ha advertido que una reforma estatutaria que pudiera plantear el Gobierno español para solucionar el conflicto no sería la solución aunque ha matizado que todo lo que sea un avance hacia la autodeterminación sería bien recibido. En sus declaraciones, Antich ha señalado que el preámbulo de la ley no puede consagrar los hechos del procés y el referéndum como delictivos.
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