La transparencia y los ‘mossos’ racistas
Interior hizo una jugada de trileros: anunció la expulsión de los seis policías tras su condena cuando el decreto de la función pública le obliga a hacerlo
El mantra “El món ens mira” se repitió hasta la saciedad durante todo el procés. Se trataba de ser ejemplares. Incluso cuando la cosa se puso agria entre manifestantes y mossos —con la sentencia de los líderes independentistas, la ocupación del aeropuerto y las cargas policiales—, se anunció “la auditoría más grande de la historia” por parte del entonces consejero, Miquel Buch. Se trataba de identificar y sancionar a los agentes que presuntamente se habían excedido en el uso de la fuerza. El president Quim Torra impulsó personalmente la operación para mostrar que los Mossos no eran como los cuerpos policiales españoles. Fue en realidad una declaración tan grandilocuente como hueca, al estilo de muchas que han acompañado al procés. Y es que el estandarte de la transparencia casi siempre sirve para cubrir hasta la opacidad gran parte de controvertidas actuaciones policiales.
El 10 de enero de 2019, media docena de mossos pegaron y humillaron al joven Wubi D. R., al que se llevaron esposado a un aparcamiento durante un desalojo en Sant Feliu Sasserra (Bages). “Negro de mierda, hijo de la gran puta”. “He fallado, ¿eh? Si no, te reventaba las costillas de un balazo” [hubo un disparo]. “La próxima vez que veas a la policía, corre; vete más lejos de África”. Mientras el detenido decía: “Por favor, dejadme en paz, que soy un humano como vosotros”, a lo que un agente respondía: “¡No eres humano, eres un mono! ¡Negro de mierda!”.
El caso es que una vez SOS Racisme hizo pública la grabación —el joven la había registrado en su móvil durante la detención– el Departamento de Interior cambió de destino a los policías –antidisturbios de las unidades ARRO–, pero desoyó la petición del Parlament –con los votos de ERC, comunes y CUP– para suspender de empleo y sueldo a los agentes implicados y la recomendación en este sentido del entonces Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Bien al contrario, en los primeros días y a pesar de asegurar que habría transparencia, los mandos “no identificaban” la voz de los mossos implicados, que evitaron con recursos judiciales su comparecencia en la rueda de reconocimiento con la víctima, a la que se avenían a participar siempre y cuando fueran encapuchados. Como reconocer mossos enmascarados no es tarea fácil, el denunciante decidió renunciar a esa absurda rueda. Todo se eternizaba y la defensa de los imputados llegó a pedir que se archivara el caso, pues se habían superado los seis meses de instrucción del caso.
El guion de la transparencia caía en el pozo negro del esprit de corps que la derecha y cierta izquierda y los poderes en general suelen practicar con trabas procesales y dilaciones. El cansancio propició que el joven agredido llegara a un pacto con los agresores. Hace unos días, los seis agentes de los Mossos d’Esquadra aceptaron la condena de un año de cárcel, la inhabilitación de seis meses, la asistencia a un curso sobre igualdad y no discriminación e indemnizar a la víctima con 80.000 euros. La sentencia, al ser por conformidad, es firme.
A pocas horas de conocerse la noticia, Interior anunció que los policías serían expulsados del cuerpo. Sorprendió la rapidez de la decisión. Pero lo que parecía una loable iniciativa en favor de los derechos de la ciudadanía no fue más que otra jugada de trileros. El decreto de Función Pública afirma que la inhabilitación de manera absoluta o especial lleva aparejada la expulsión del cuerpo, tal como advirtió en las redes sociales la periodista Rebeca Carranco. Por tanto, Interior estaba obligado a echarlos. La transparencia sigue siendo las primera víctima del poder: cuando el mundo nos mira y cuando ya se ha cansado de hacerlo.
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