Una retórica que no ayuda a la amnistía

La posibilidad de una amnistía para los independentistas encausados y condenados por hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia de 2017 se va abriendo paso argumental en medios jurídicos que hace apenas unos meses consideraban que no era posible. Juristas de renombre piensan que puede encajar en la Constitución mediante una ley orgánica que delimite con claridad los hechos que puede abarcar y los motivos por los que se adopta una medida tan excepcional. La justificación de la amnistía es uno de los escollos más importantes, porque la ley será sin duda recurrida ante el Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe. El PP ya lo ha anunciado y cualquiera de los jueces implicados en alguna de las causas puede plantear una cuestión de constitucionalidad.

Tanto el PSOE como Sumar tienen decidido explorar esta vía, no solo porque es una exigencia de Junts y de ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, sino porque la anómala situación del ex presidente Carles Puigdemont y el hecho de que haya tantas causas abiertas es un factor de inestabilidad política en España. Sánchez considera la posible amnistía como una prolongación de la estrategia del reencuentro emprendida con los indultos y la supresión del delito de sedición. La operación del perdón le supuso un coste electoral, pero menor del que muchos auguraban. Tras pasar por las urnas, puede considerar que ha recibido el aval político que necesitaba. Pero para sacar adelante la amnistía en la actual coyuntura necesitará algo más que voluntad política. Necesita la colaboración de los beneficiarios de la medida, y de momento, los independentistas no parecen facilitar las cosas.

Junts continúa con una retórica inflamada que se empeña en presentar la amnistía como una derrota del Estado y una legitimación de los procedimientos ilegales usados en su estrategia unilateral. Como han señalado eminentes juristas, la amnistía supone una suspensión de la legalidad para determinados hechos considerados delictivos, pero tal medida de gracia debe justificarse por la obtención de un bien superior. Ese bien sería el encauzamiento del conflicto catalán hacia vías dialogadas. Pero si una de las partes del conflicto, precisamente la destinataria de la amnistía, se empeña en mantener la retórica de la confrontación y proclama que está dispuesta a persistir en la vía unilateral que ha provocado los procesamientos, el argumento con el que se justificaría no se sostiene.

El PP se ha lanzado ya a una feroz campaña preventiva que sigue la misma estrategia utilizada contra el Estatut de 2006: manifestaciones, recogida de firmas, pronunciamientos institucionales y el recurso a los tribunales si la ley prospera. Sanchez y su gobierno mantienen un mutismo estricto, para no dar alas a la estrategia del PP, cuya sobreactuación tiene como objetivo desviar la atención del casi seguro fracaso de la investidura de Núñez Feijoo. Tanto Junts como ERC tendrán que cambiar la retórica y el discurso si quieren allanar el camino de la amnistía. De lo contrario se arriesgan a un desastre que no solo les arrastrará a ellos. Puede suponer la derrota de las fuerzas progresistas, las únicas que pueden propiciar un nuevo ciclo político que aborde la crisis territorial y constitucional en la que entró España tras la sentencia del Estatut de 2010.

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