Cataluña activa la expropiación de tierras para no perder terrenos agrícolas

Cosme Homs tiene 55 años y toda su vida se ha dedicado a cultivar sus tierras y a criar animales. Es de Moià (Barcelona) y está implicado en su profesión hasta el punto de ser miembro de la Agropecuaria Moianès. Desde hace décadas, cuando conduce por Cataluña comprueba la cantidad de cultivos abandonados. “Hay mucha tierra en desuso. Antes, en Cataluña existía la figura del primogénito –el heredero- que era el sucesor en el negocio agropecuario y seguía la trayectoria de los padres y, si podía, la ampliaba. Ahora, la vida ha cambiado. Los herederos quieren vacaciones y fines de semana. No quieren ser agricultores y cuando se retiran los padres, las tierras quedan abandonadas”, lamenta. La percepción de Homs es que ocurre en todos los países de Europa. Pero Cataluña pretende revertir la situación. La Generalitat ha activado los mecanismos para expropiar tierras y evitar que se pierda terreno agrícola.

Los bancos de tierra ya existen en lugares como Galicia, la zona castellanoleonesa del Bierzo o Asturias. Las administraciones ponen en contacto a los propietarios que no vayan a utilizar sus cultivos con agricultores noveles o con aquellos que quieran alquilar tierras. La iniciativa de Cataluña supone dar un paso más con la creación del Registro de Tierras de Cataluña. La herramienta funciona igual que los bancos de tierras pero con una novedad coercitiva: si el propietario de las tierras en desuso se niega a alquilarlas, la administración catalana se las expropiará, aunque no perderá la titularidad. La Generalitat argumenta que la “soberanía alimentaria” –estiman que en los últimos 20 años se han dejado de cultivar 100.000 hectáreas en la comunidad autónoma- es urgente, y con su iniciativa pretende dar salida a las tierras en desuso, frenar la despoblación y aprovechar el 100% de terrenos para producir alimentos.

“En agosto de 1937 el presidente Lluís Companys firmó el decreto de retribución de la tierra de Cataluña. La idea era que cada agricultor consiguiera tener una parte de la tierra para atender con dignidad sus necesidades familiares. Intentaban cambiar la configuración social y económica del país y con ese espíritu republicano presentamos el registro de parcelas agrarias en desuso”, defendió el pasado martes David Mascort, el consejero de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña. Gracias a este registro la administración catalana identificará las “parcelas que están abandonadas, en desuso o en peligro de estarlo” y las pondrán a disposición de las personas que aspiren a ser profesionales de la agricultura o la ganadería o ya trabajen en el sector y quieran ampliar sus explotaciones. “El objetivo es movilizar el máximo de tierras, fortalecer el potencial agroalimentario de Cataluña y configurar el mosaico agroforestal que es clave contra la deforestación y para evitar incendios”, aseguró Mascort.

Maite Sisquella es una de las técnicas de la consejería de Acción Climática que trabaja en la creación del registro de tierras. Sisquella mantuvo diferentes reuniones con homólogos de otras comunidades autónomas y del Ministerio de Agricultura antes de que el registro tomara forma gracias a su inclusión en la Ley de Espacios Agrarios. Ahora, en los primeros pasos del registro deben identificarse cuáles son las tierras en desuso: “Para incluir parcelas al registro debe comunicarlo alguien que puede ser un agricultor, vecino o cualquier ciudadano. También puede hacerlo, de oficio, un técnico de agricultura o lo puede hacer de forma voluntaria el propietario de la finca”, informa Sisquella.

A partir de la comunicación, un “colectivo de profesionales de la agricultura” elegidos por la administración y las entidades agrarias realizará un pequeño peritaje para comprobar si esas tierras están en desuso o no. Si se acredita la inactividad agrícola se abre un periodo en el que la administración identificará al propietario para que dé explicaciones sobre la infrautilización de la tierra. El consejero de Agricultura asegura que se considera una parcela en desuso si “en el último año ha tenido unos rendimientos inferiores al 50% de la media de los últimos cinco años en la comarca donde esté la tierra”. Sisquella afirma que una vez identificadas las tierras se establecerá unas rentas asequibles y se abrirá una convocatoria para que se presente todo aquel que esté interesado en alquilar la tierra. “Se dará prioridad a la gente joven y a las empresas que estén cercanas a la parcela en cuestión”, detalla la técnica de agricultura.

“Si el propietario se niega a alquilar, se considera incompleta la función social de la propiedad de uso de la tierra por su infrautilización”, defiende. “La expropiación de uso creemos que no será habitual. Pero si es necesario se hará. La administración marcará un precio de referencia revisando las tierras vecinas y esa será la mensualidad que recibirá el propietario y pagará persona seleccionada para explotar las tierras en desuso durante siete años. Nunca perderá la titularidad de la tierra”, destaca Sisquella.

Según los datos de la consejería de Acción Climática, en los últimos 20 años Cataluña ha perdido 100.000 hectáreas de cultivos. “En Europa hay muchas parcelas en desuso porque la población ha dejado de dedicarse a la agricultura. Es algo que no podemos permitir porque depende de ello nuestra autonomía alimentaria”, agrega la técnica.

Discrepancia entre las asociaciones agrarias

Las asociaciones agrarias han acogido con moderado optimismo la iniciativa. Rosa Pruna, presidenta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Barcelona, cree que el registro de tierras es “un arma de doble filo”. “La construcción de urbanizaciones y polígonos ha hecho desaparecer tierras para el cultivo y la ganadería. No podemos permitir que haya parcelas sin cultivar porque de ello depende nuestra propia seguridad alimentaria. Estamos de acuerdo en el alquiler de tierras y en los contratos de siete años pero, vivimos en una democracia, no sé hasta qué punto es lógica la amenaza de expropiar”, lamenta Pruna.

Carles Vicente es el responsable de desarrollo rural de Unió de Pagesos. Este sindicato agrario sí que se muestra favorable al registro. “No se trata de que el propietario pierda la titularidad, pero hay que exprimir al máximo los recursos y exigir que se usen”, advierte Vicente. “Este sistema es único y no está inspirado en ninguna parte. En Galicia o el Bierzo solo sirve para agilizar trámites, poner de acuerdo a propietario e inquilino y obligar al dueño a mantener limpias las parcelas. En Francia lo gestiona una fundación que incluso concede préstamos al inquilino. En Cataluña es un sistema diferente”, sostiene.

Cosme Homs, el agricultor de Moià, sostiene que gracias al recurso se conseguirá explotar al máximo las tierras. “Además, el propietario estará mucho más tranquilo si sabe que detrás de cualquier tipo de movimiento se encuentra la Generalitat”.

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