Pablo Casado admite ante el juez que no contrastó sus acusaciones sobre el catalán en las escuelas, pero dice que lo volvería a hacer
El entonces líder del PP afirmó en diciembre de 2021 que había alumnos a los que no se dejaba ir al baño si lo pedían en castellano
El expresidente del Partido Popular Pablo Casado ha admitido este lunes ante un juez que no contrastó las declaraciones que hizo en diciembre de 2021 sobre la exigencia del uso del catalán en las escuelas de Cataluña porque, ha afirmado, estaban basadas en informaciones de medios de comunicación. El entonces líder conservador dijo que había alumnos a los que no se permitía ir al lavabo durante las clases porque no lo pedían en catalán. Aquellas manifestaciones generaron un fuerte revuelo y la Generalitat interpuso una querella contra él por injurias, calumnias y delito de odio. Este lunes, ante el juez, Casado ha admitido que no fue riguroso a la hora de comprobar la veracidad de sus declaraciones, pero ha asegurado que “lo volvería a hacer”.
El Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona citó el pasado noviembre como investigado a Casado en la investigación por presuntas injurias. El expresidente de los populares ha declarado por videoconferencia y solo ha respondido a las preguntas del juez y de su abogado, evitando contestar a los abogados de la Generalitat. Fuentes presentes en la sala han revelado que Casado ha admitido que no contrastó la información antes de hacerla pública. A modo de defensa, ha mostrado varios recortes de prensa que, según él, sustentaban su denuncia en aquel momento.
Casado ha explicado que las informaciones sobre el catalán en la escuela las sacó “de los medios de comunicación” y ha justificado que, como la Generalitat no se había querellado contra esos medios, las daba por buenas. Casado hizo las controvertidas declaraciones en un acto del PP en Galicia, donde dijo: “¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que, por hablar castellano en el recreo, les metieran piedras en la mochila?”.
Pablo Casado trató de esquivar inicialmente el trámite de la declaración judicial, alegando, en un recurso ante el juzgado, que sus manifestaciones fueron un ejercicio de libertad de expresión y que estaban amparadas por la inmunidad parlamentaria. El juez instructor, sin embargo, le obligó a comparecer. Casado ha señalado que sus manifestaciones no pretendieron ser ninguna ofensa a la ciudadanía de Cataluña, sino una crítica a la política educativa de ERC y Junts.
Tras la declaración judicial, el exlíder del PP —que está alejado de la vida pública desde que, hace un año, fue apartado del cargo por su partido— ha difundido un comunicado en el que remarca que a él no le corresponde dar explicaciones. “Es la Generalitat la que debería explicar los ataques a la libertad educativa de las familias que publica la prensa, no quien cita esas noticias para defender a los menores acosados”, ha argumentado. “El contexto de las declaraciones fue el señalamiento que sufrió la familia de una niña de 5 años en Canet del Mar por pedir que se cumpliera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la que un 25% de las clases deben impartirse en castellano”, manifiesta Casado, y se queja de haber tenido que soportar “los insultos y amenazas de los independentistas en toda clase de formatos con total impunidad”. Casado termina su escrito tratando de desvirtuar la causa judicial —“este proceso atenta contra las reglas procesales más elementales y ataca flagrantemente los derechos fundamentales”, dice—, y deslegitima las acusaciones que se vierten contra él: “Es surrealista que se pretenda imputar un delito de odio cuando lo único que he hecho es defender a las víctimas del odio”.
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