La Fiscalía no cree que los soldados del Bruc fuesen a sortear una prostituta y pide el archivo de la causa

La Fiscalía ha pedido al juez del juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona que archive la causa abierta contra varios militares del cuartel del Bruc en Barcelona a los que se acusaba de sortear entre varios soldados los servicios de una prostituta. El ministerio fiscal da por buena la investigación realizada por el Ejército y concluye que “nunca hubo una intención real a contratar los servicios de ninguna prostituta ni se realizó ningún trámite para ello, sino que el premio real y efectivo fue una cesta de Navidad”.

En diciembre de 2022 se conoció la existencia de un grupo de Whatsapp integrado por 70 soldados en el que se anunció el sorteo de los servicios de una “Dama de compañía” (tal y como figuraba en el mismo mensaje). Al hacerse pública la rifa, el sorteo quedó paralizado, pero el Jefe del Regimiento de Infantería Barcelona 63 encargó una investigación a dos militares de alta graduación. Los militares entrevistaron a los miembros del grupo de mensajería, identificaron a los dos organizadores de la rifa y confeccionaron un informe que enviaron a la Fiscalía. Mientras se realizaba el informe, la ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntó que los responsables del sorteo debían ser expulsados de las Fuerzas Armadas.

Fiscalía recibió el informe del Jefe del Regimiento. La acusación pública considera que es cierto que dos soldados propusieron en el grupo de sortear una prostituta y con el dinero de las papeletas sufragar los gastos de la festividad de la Purísima, la patrona del Ejército de tierra. Pero, el Ministerio Público también da por buenas las variables expuestas en el informe interno realizado entre los mandos del Bruc. Primero destaca que el WhatsApp no es oficial pero -pese a que la rifa quedó suspendida- compra la versión de que los organizadores nunca realizaron trámites para contratar una prostituta ya que no tenían “intención real” de hacerlo sino que el premio era una cesta de Navidad.

“Como quiera que no existió una persona real y concreta en situación de prostitución, no concurren los requisitos legales ni jurisprudenciales para entender que los hechos pudieran ser constitutivos de ningún delito contra la prostitución (ni inducción a la prostitución, ni trata de seres humanos ni explotación sexual). Tampoco puede determinarse la existencia de ningún discurso de odio”, asegura en un comunicado el ministerio público. Por todo ello la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa “sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarios que, en su caso se impusieren a los responsables”.

La ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, de 2014, tipifica como falta muy grave “realizar, ordenar o tolerar actos que afecten a la libertad sexual de las personas”. Las faltas muy graves pueden ser castigadas, entre otras sanciones, con la “separación del servicio” (pérdida de la condición de militar para los militares profesionales) o la “resolución de compromiso” (rescisión del contrato para los militares temporales); en ambos casos sin posibilidad de reingresar. La única autoridad con capacidad para expulsar a un militar de las Fuerzas Armadas es la propia ministra de Defensa, según la misma ley.

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