El cerco judicial al núcleo duro de Junqueras ahonda la ruptura independentista

Esquerra Republicana ha acogido con una mezcla de indignación y resignación las elevadas penas que la Fiscalía pide para el núcleo de confianza del presidente del partido, Oriol Junqueras, por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La indignación la expresó claramente uno de los procesados, Josep Maria Jové, que se despachó en las redes sociales acusando al ministerio público de “miserable” y “cobarde”. La resignación es la que exhiben en privado los diferentes cargos del partido que dan por hecha la inhabilitación de Jové, que actualmente es presidente del grupo de ERC en el Parlament, así como de Lluís Salvadó, al frente del Puerto de Barcelona, un cargo nada menor en el entramado institucional catalán. Diferentes fuentes próximas a la cúpula del partido coinciden en que, a pesar de que esta situación tensiona enormemente a las bases republicanas, no modificará la apuesta a largo plazo por negociar con el Gobierno del PSOE, al tiempo que siguen defendiendo un referéndum de independencia pactado como vía para aclarar la situación catalana.

El análisis que hace la dirección del partido es que los últimos reveses judiciales obedecen a una voluntad de los sectores más conservadores de la judicatura de poner piedras en el camino del Gobierno de Pedro Sánchez, utilizando como “víctimas interpuestas” a los dirigentes independentistas. De ahí que Pere Aragonès señalase el viernes a “sectores de la judicatura española” como responsables de, supuestamente, ejercer una lucha sin cuartel contra el independentismo. No era una acusación genérica contra el “Estado” como las de Junts per Catalunya. Tampoco citó para nada el Gobierno, algo que sí había hecho otras veces.

El objetivo de ERC es que en la opinión pública catalana cale la idea que ellos han hecho lo posible para desbrozar el camino de la llamada “desjudicialización del procés” con la reforma del Código Penal que acababa con el delito de sedición y reformaba la malversación. Y que si los jueces siguen pidiendo penas elevadísimas, ahora por el nuevo delito de malversación agravada para los dirigentes independentistas, es más por un ejercicio de militancia política que por rigor jurídico.

Esto es lo que más está separando al independentismo estos días. Mientras Aragonès y otros dirigentes de ERC apuntaban el viernes a estos “sectores” de la judicatura, Junts cargaba en general contra todos los poderes del Estado. “Continúa el asedio al 1-O: el Estado español incrementa la virulencia y lo hace utilizando el nuevo Código Penal”, propagaba ese día en sus redes el Consell per la República, la entidad que agrupa a los sectores más próximos al expresidente Carles Puigdemont. Con este mensaje, los de Junts no solo señalan al “Estado”, sino que culpan implícitamente a ERC de lo ocurrido por su impulso y apoyo a la reforma del Código Penal.

Esquerra se defiende con el argumento de que gracias a la supresión de la sedición y a los cambios en la malversación, destacados dirigentes de Junts han quedado con el contador judicial a cero y hasta podrían presentarse a unas eventuales elecciones. Es el caso del ex secretario general del partido Jordi Sànchez y de Josep Rull, consejero de Territorio con Carles Puigdemont. El segundo no ha dudado los últimos días en dejar la puerta abierta a un eventual regreso a la política a medio plazo.

¿Se arrepiente ERC de haber impulsado la reforma del Código Penal? Nada apunta a que esto sea así. “No hay ruido en el partido en este sentido”, aseguran las fuentes consultadas. Estas consideran que era una vía que debía explorarse y que puede acabar siendo útil en el futuro, más allá incluso del revés al propio Oriol Junqueras, a quien el Tribunal Supremo le ha mantenido la inhabilitación hasta 2031. Sobre esta base, el partido considera que no hay motivo para hacer un giro en su estrategia política y que la ponencia aprobada en su reciente congreso de enero sigue siendo válida. Eso es sumar nuevos apoyos electorales a la causa independentista para que, en algún momento que no concretan, el Estado se vea obligado a negociar un referéndum de independencia.

Otra cosa será si la cúpula de ERC que comandan Oriol Junqueras y Marta Rovira —en este caso desde Suiza— sale bien parada del ciclo electoral que comienza en mayo. Las encuestas no les son favorables en Barcelona, ciudad donde los republicanos ganaron las municipales de 2019 pese a que no pudieron formar gobierno. Y tampoco encabezan las encuestas de la Generalitat, pese a ostentar ahora la presidencia y tener un Gobierno en solitario. A la agenda electoral se le suma el endiablado calendario judicial. El juicio en el Tribunal Superior Catalán a Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, todavía no tiene fecha señalada. Eso sí, en el partido se da por hecho que será este año y consideran que incluso podría precipitarse a justo antes o justo después del verano.

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