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Cinco mujeres se querellan contra un supuesto policía infiltrado en movimientos sociales en Barcelona

El consejero del Interior catalán pide “respuestas urgentes” al ministro del Interior, y los partidos independentistas piden su comparecencia en el Congreso

Dos coches de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.
Dos coches de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.POLICÍA NACIONAL (POLICÍA NACIONAL)

Cinco mujeres vinculadas al movimiento okupa y anticapitalista han presentado este martes una querella en los juzgados de Barcelona contra un policía nacional al que acusan de haberlas utilizado mientras estuvo supuestamente infiltrado en movimientos sociales y sindicales de la ciudad entre 2020 y 2022. Las abogadas Anaïs Franquesa, Mireia Salazar, Laia Serra y Sònia Olivella, del centro pro derechos humanos Iridia y el sindicato CGT, han anunciado la presentación de la querella derivada de una información publicada por La Directa, donde se afirma que un agente estuvo infiltrado en colectivos sociales, movimientos okupas y sindicales del barrio de Sant Andreu, principalmente. El consejero del Interior catalán, Joan Ignasi Elena (ERC), ha pedido “respuestas urgentes” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los partidos independentistas en el Congreso se han unido para solicitar su comparecencia en la comisión de Interior.

El escrito de las mujeres acusa al policía, así como a su superior jerárquico, de haberse aprovechado de cinco activistas con las que mantuvo “relaciones sexoafectivas” en el marco de su proceso de infiltración. Les han denunciado por los delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. En total estiman una veintena de supuestos delitos, ya que cada una de las afectadas se ha querellado por los mencionados previamente, y desde Irídia no descartan “que en un futuro inmediato se pueda ampliar el número de mujeres afectadas”.

Las letradas han insistido en que el supuesto espionaje supone “violencia sexual institucionalizada”, dado que habría utilizado las relaciones con las activistas “para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas” con el objetivo de entrar en espacios políticos de la sociedad civil. Respecto a los delitos de agresión sexual argumentan que “no puede haber consentimiento si no es libre e informado” y que en este caso, las mujeres no habrían consentido si hubieran sabido que se trataba de un agente de policía.

Las abogadas señalan que la infiltración de agentes “sólo tiene justificación legal en el marco de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo”. También consideran que el agente incurrió en un delito de tortura porque se ha atentado “de manera directa contra la integridad moral de las personas afectadas” con la finalidad de conseguir información y “castigar a estas mujeres por tener una implicación política”. Según Serra, con la supuesta infiltración el policía habría “podido compartir toda esta información con sus jefes”, motivo por el cual lo acusan de un delito de revelación de secretos.

“Observamos con extrema preocupación e indignación estas operaciones policiales”, reza la carta del consejero de Interior catalán a Marlaska, que habla en nombre del Govern. En el escrito, sostiene que buscan “perseguir y criminalizar determinados idearios”. “Estamos ante hechos graves que requieren respuestas urgentes” ante “infiltraciones policiales en organizaciones sociales y políticas democráticas y legítimas”, sostiene. Y pide al ministro aclare “quién dio la orden de infiltración”, si existe una autorización judicial, la finalidad de la misma y si es habitual este tipo de actuaciones. En la misma línea, los partidos independentistas en el Congreso de los diputados han pedido conjuntamente que el ministro dé explicaciones. La petición de comparecencia la firman ERC, la CUP, Junts, PDeCAT, Bildu y BNG. El objetico es que rinda cuentas ante la Comisión de Interior.

El semanario La Directa informó el lunes de la supuesta infiltración de un agente de policía en los movimientos sociales y sindicales de Barcelona al menos entre 2020 y 2022. El caso se suma al de otro supuesto policía, destapado por el mismo medio de comunicación, que hizo lo mismo, en este caso movimientos de la izquierda independentista y en defensa de la vivienda. El Ministerio del Interior ha declinado pronunciarse.

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