Los promotores piden a la administración que alquile para vivienda social los pisos de los fondos de inversión

El sector inmobiliario sufre la incertidumbre acerca del articulado de la nueva ley de Vivienda que prepara el Gobierno, entre otras cuestiones por la inclusión de medidas como el tope a las subidas de los alquileres. En ese sentido, Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) ha llamado hoy a las administraciones “a que más que en el periodo preelectoral, piensen en las próximas generaciones” para evitar medidas de ese tipo y ha abogado por alternativas. Una es la consecución de acuerdos con grandes tenedores y fondos de inversión para que les alquilen parte de su parque de viviendas para dedicarlos al alquiler social. Otra es destensar el mercado de la vivienda a través de medidas como facilitar a los jóvenes con perspectivas laborales que puedan disponer de créditos superiores al límite del 80% del coste de adquisición de un piso o ayudarles a conseguir ese 20% a través de ayudas públicas.

La prioridad es no volver a repetir la medida de los topes a los alquileres, una medida que se introdujo en la ley catalana de la vivienda aprobada en 2020, ahora suspendida por el Tribunal Constitucional, pero que estuvo vigente 18 meses. Según el enésimo estudio sobre los efectos de aquellas medidas, elaborado bajo el paraguas de la Càtedra Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra y APCE y firmado por Josep Maria Raya, aquellas limitaciones a los precios que afectaban a municipios con tensiones evidentes en el mercado de la vivienda de alquiler tuvieron un efecto en la rebaja de los precios de en torno a un 5%, pero también supusieron otro golpe: la oferta de viviendas se redujo un 15%, provocando además que aquellos inmuebles situados por encima de los precios de referencia se trasladaran al mercado de compraventa.

Raya, profesor de Economía y Empresa de la UPF, es muy crítico con la medida, de la que dice que los políticos la utilizan porque es “barata” para las arcas públicas al dejar los efectos sobre la iniciativa privada y ser “fácil de vender”, al sostenerse en un control de los precios. Tras la puesta en marcha de la ley catalana y antes de la decisión del Constitucional, 77 ayuntamientos catalanes, incluido el de Badalona que por entonces gobernaba el PP, pidieron que la vigencia de la norma, pensada como una medida temporal, fuera prolongada durante cinco años.

“El mercado necesita más oferta”, ha señalado Raya en una rueda de prensa en la que ha denunciado la escasez especialmente de vivienda social en España, donde apenas representa el 2,5% del mercado, lejos del 10% de la media europea y de porcentajes que alcanzan el 20% en los países nórdicos. Entre las medidas que defiende está subsidiar al propietario para crear mercado de alquiler social, grandes pactos entre las administraciones y los grandes tenedores de viviendas para que alquilen sus inmuebles por periodos de entre 5 y 15 años -”mientras las administraciones construyen vivienda social”, ha argumentado- y dar más facilidades de crédito para jóvenes.

Esa última figura ya funciona en Reino Unido y en algunas comunidades como Madrid y Murcia, a través de convenios de entidades bancarias. “Es esencial facilitar la concesión de préstamos por un porcentaje superior al 80% del valor del inmueble a aquellos jóvenes con buenas perspectivas en el mercado laboral o bien la copropiedad sector público (20%)- joven (80%) de la vivienda”, señala el informe. “Es una de las alternativas”, ha asumido el presidente de APCE, quien ha señalado que los jóvenes, pese a que tengan un buen salario, no disponen de la capacidad económica para adelantar el 20% de la inversión. Vilajoana también ha señalado la posibilidad de que las administraciones ayuden a los jóvenes cuyos ingresos no le permitan quedar por debajo del 35% del gasto total en vivienda que marca el Banco de España.

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