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Marta Rovira puede volver a España sin temor a la cárcel

El juez Pablo Llarena ha procesado a la ‘número dos’ de ERC solo por desobediencia, un delito que implica penas de inhabilitación pero no de prisión

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, en declaraciones a los medios, este jueves 12 de enero.Foto: ERC | Vídeo: ERC
Jesús García Bueno

La movilización de Esquerra Republicana (ERC) para lograr que el Gobierno derogara la sedición tenía en mente, de manera muy especial, a su número dos, Marta Rovira, que huyó a Suiza de la justicia española en 2018. El camino para el retorno de la secretaria general de los republicanos se ha abierto ahora de manera clara, tras el auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que renuncia a procesarla por sedición y lo hace solo por desobediencia, un delito que implica únicamente penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Rovira, por tanto, puede regresar a España sin temor a ingresar en prisión provisional o a una eventual condena a penas de cárcel, un escenario que temía porque podía alejarla de su familia.

Rovira ha gestionado su huida con extremada precaución. Ni los gestos de desjudicialización planteados por el Gobierno de Pedro Sánchez ni la puesta a disposición del Tribunal Supremo de Meritxell Serret (ERC) o Anna Gabriel (CUP), ambas procesadas por desobediencia, la habían convencido hasta ahora sobre la conveniencia de volver. Esa posibilidad está ahora más viva que nunca, aunque la dirigente republicana apela una vez más a la “prudencia”. Rovira afirmó el jueves, tras conocer el auto del juez Llarena, que no tomará una decisión “precipitada ni inminente”, aunque admitió que la “música” sobre la interpretación del Código Penal que ha hecho la justicia “gusta” a su partido y subrayó que, si se dan las condiciones adecuadas, su intención es regresar.

Mano derecha del líder de ERC, Oriol Junqueras —condenado por el procés y luego indultado—, Rovira estudiará el panorama jurídico con sus abogados y decidirá si los cambios legales “permiten generar las mejores condiciones para un retorno”. La dirigente expresó sus su “alegría” ante esa posibilidad. “Llegado el caso, lo haré con ganas de volverme a reencontrar con mi país, del que he estado separada injustamente, y con las mismas ganas con las que me fui de hacer política para seguir haciendo camino hacia la república catalana”, insistió en un vídeo enviado desde Ginebra (Suiza) y difundido por el partido. ERC defendió la derogación de la sedición, según Rovira, no solo para evitar que se “persiguiera y aplacara al independentismo”, sino también porque el delito “abría un camino para la represión política de cualquier activista, sindicalista o persona que, democráticamente, quisiera cambiar las cosas”.

En febrero de 2018, Rovira compareció precisamente ante Llarena, que estaba instruyendo la causa del procés, por su papel en la organización del referéndum ilegal del 1-O. A diferencia de lo que decidió respecto de otros líderes soberanistas, a quienes envió a prisión provisional, el magistrado la dejó en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Rovira pagó esa cantidad, pero, en lugar de permanecer en España a disposición del tribunal, puso tierra de por medio y huyó a Suiza. Como recuerdan fuentes de su entorno, es la única dirigente auténticamente fugada, ya que el expresidente Carles Puigdemont y los suyos se marcharon a Bélgica antes de ser investigados y sin que se hubiera dictado ninguna medida cautelar contra ellos.

En la misma situación que Rovira se encuentra la exconsejera de Cultura Clara Ponsatí (Junts per Catalunya), que permanece en Escocia. Sobre Ponsatí ya no pesa la losa de la sedición, solo el delito de desobediencia, por lo que también podría regresar de forma voluntaria con un horizonte judicial mucho más benévolo y con la posibilidad de permanecer entre rejas descartada. Ambas se enfrentan a penas de inhabilitación de un máximo de dos años y al pago de una multa.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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