Unos padres denuncian la difusión de un vídeo sexual de su hija menor de edad en la discoteca Waka de Barcelona

Unos padres han denunciado la difusión de un vídeo de carácter sexual de su hija menor de edad en la discoteca Waka, en Sant Quirze del Vallès (Barcelona). En las imágenes, que se han hecho virales a través de TikTok y de Twitter, se puede ver a la joven practicando una felación a otro chico, en medio de una pista de baile, rodeados de gente. Cuando él se da cuenta de que les filman, aparta a la joven, y se interrumpe la grabación. La discoteca Waka acumula un largo historial de denuncias, por peleas y agresiones sexuales. El Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès ha pedido a la Generalitat que cierre el local. Según la Junta de Seguridad Local celebrada el pasado 25 de mayo, en un año Waka generó 160 actuaciones policiales, 46 agresiones y 36 detenciones, 3 de las cuales habían sido por violación.

Los Mossos d’Esquadra investigan ahora la difusión de las imágenes, y cuándo fueron grabadas. Aunque no hay confirmación oficial, fuentes policiales aseguran que la joven del vídeo es menor de edad. Ella junto a sus padres presentaron una denuncia el lunes en la comisaría de la policía catalana de Caldes de Montbui (Barcelona). Solo la difusión de las imágenes, darle a reenviar al vídeo y pasarlo de un grupo a otro, además de colgarlo en las redes sociales, supone un delito contra la indemnidad sexual de la menor de edad, según explica la policía catalana.

La viralización de un vídeo sexual de una menor es el enésimo episodio que pone en la diana a esta discoteca ubicada en un polígono industrial conocido como la zona Hermética, formalmente en el término municipal de Sabadell. Con la apertura paulatina del ocio nocturno, la discoteca, que existe con distintos nombres desde 1996, empezó a acumular denuncias. El 1 de noviembre de 2021, se hizo viral un vídeo de unos vigilantes de seguridad apaleando a un joven, aunque los Mossos nunca llegaron a tener una denuncia formal, pero lograron identificar a los autores y llevarlos ante el juez.

Unos días después, el 27 de noviembre, se produjo otra pelea en la puerta de la discoteca, donde se denunció una actuación racista por parte de los porteros. El 5 de diciembre, se llevó a cabo una concentración en contra del local por su comportamiento supuestamente racista que acabó en desórdenes públicos, con lanzamientos de piedras y bengalas. El 12 de febrero, una joven denunció a los vigilantes de seguridad que un hombre la había agredido sexualmente, realizándole tocamientos. Una amiga la defendió y fue golpeada. El autor fue retenido por los equipos de seguridad y detenido por los Mossos. En marzo, se produjo una pelea con cuchillos y un herido en las inmediaciones del local.

Después de varios incidentes, el equipo de seguridad de la discoteca cambió, según indican fuentes policiales. Los Mossos se reunieron con los responsables del local de ocio nocturno, y pactaron con ellos la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, y el cambio de la empresa que llevaba la seguridad, según esas mismas fuentes. Además, la policía catalana ha llevado a cabo dispositivos conjuntos con la policía local de la zona y de Sabadell para garantizar la seguridad. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con los responsables de Waka, sin éxito, y Fecasarm, la patronal del ocio nocturno en Cataluña, ha declinado pronunciarse.

Pero nada de eso evitó que durante el verano la discoteca fuese, una vez más, el centro de la polémica. En julio, una menor de edad denunció una agresión sexual en el interior de la discoteca. El equipo de Gobierno aseguró entonces que se trataba del segundo caso en menos de seis meses. En noviembre, otra joven denunció a un vigilante de seguridad por golpearla. Después de una revisión en el mes de julio, la Inspección de Trabajo de Cataluña sancionó a la discoteca y tres empresas más subcontratadas con 152.000 euros por tener a trabajadores sin estar dados de alta, no registrar la jornada laboral, contar con menores y no cumplir con riesgos laborales. La peor parte de la sanción se la llevó una subcontrata de seguridad (91.000) por tener dados de alta solo a 3 de sus 16 trabajadores.

En Sant Quirze gobierna una alcaldesa de Esquerra Republicana, Elisabeth Oliveras, y el Ayuntamiento se ha enfrentado al Departamento de Interior de la Generalitat, también en manos de Esquerra, acusándole de inacción ante los reiterados hechos delictivos que acumula el historial de Waka. “Qué más tiene que pasar para que la Generalitat actúe”, criticó el Consistorio, este verano, después de la denuncia por la agresión sexual de una menor. “Es intolerable que la Generalitat siga permitiendo una actividad donde las agresiones sexuales son reiteradas”, alegó entonces la corporación municipal en un comunicado. La postura del Consistorio sigue siendo la misma, lamentar falta de competencias para ordenar el cierre de Waka y encomendarse a lo que disponga el Departamento de Interior, que estudia lo ocurrido.

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