La percepción de la corrupción en Cataluña aumenta a niveles de hace 8 años: ocho de cada diez creen que hay mucha o bastante

La percepción de la corrupción entre los catalanes aumenta a niveles de hace casi una década a la vez que se eleva la tolerancia de estas prácticas inmorales, especialmente entre los jóvenes. Son algunas de las conclusiones del último barómetro de la Oficina Antifraude de Cataluña. La encuesta, publicada este miércoles, compila 1.858 entrevistas y forma parte de una serie iniciada en 2010. Son resultados “inaceptables” que reflejan “un problema crónico”, según el director del organismo y expresidente de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno.

La percepción de la corrupción en Cataluña seguía una tendencia a la baja desde 2014, pero este año el 80,2% de los encuestados creen que hay “mucha o bastante”, un 13% más que en el Barómetro de 2020 y solo un 2% menos que hace ocho años. La opinión de que es un problema “grave o bastante grave” se mantiene estable desde hace ocho años, alrededor del 80%.

Los partidos políticos son la institución que se lleva la peor nota: tres de cada cuatro encuestados cree que realizan prácticas corruptas (74,4%) a través de acciones como contratos públicos (70,2%), la concesión de licencias (67,9%) y las subvenciones (65,5%). Además, un 44% cree que se financian ilegalmente. Las entidades financieras (64,7%) y los sindicatos (62,3%) completan el podio. La valoración del nivel de poca honestidad de los cargos públicos cae a niveles de 2010 (64,9%) a la vez que el 72% los encuestados consideran que no se relacionan con los grupos de interés con transparencia.

Preguntado sobre las negociaciones entre el PSOE y ERC de estas últimas semanas para reformar el delito de malversación, Gimeno ha lamentado que “evidentemente, es una mala noticia”. Ha remarcado que no se ha visto acompañada de aspectos de “racionalidad” como “un debate profundo” y con “claridad procedimental”. Para el jurista, este cambio puede desencadenar en la “revisión de muchas sentencias”, una consecuencia similar a la que ha ocurrido con la ley del “solo sí es sí”.

Esta escasa confianza en la clase política también se traslada al personal de la administración, donde seis de cada diez catalanes rechazan que los nombramientos en este ámbito se basen en el mérito o la capacidad. Los servicios donde se consideran más extendidas las malas prácticas son las obras públicas (68,7%), el urbanismo (66,1%) y la justicia (60,4%). Seis de cada diez catalanes considera que la información ofrecida por los medios de comunicación sobre los casos de corrupción es “poco o nada objetiva”, una mejora del 10% respecto a 2020.

La directora de Relaciones Institucionales de la Oficina, Lourdes Parramon, ha advertido de que la justificación de conductas corruptas y el reconocimiento de casos paradigmáticos ha sufrido un descenso generalizado desde el anterior Barómetro, publicado hace dos años. Por ejemplo, no se concibe como corrupción situaciones como que un alto cargo admita una caja de vino como regalo (29,3%), que un empresario pague por obtener un contacto público (21,9%) o que un cargo político contrate a un amigo íntimo en un lugar de confianza (17,9%). Algunas de las conductas más justificadas son empadronar a un hijo en casa de los abuelos para que lo acepten en la escuela deseada (35,7%) o no pagar el IVA (27,8%), mientras que la menor tolerada es que un funcionario acepte dinero para agilizar un trámite: 6,1%, cinco puntos más que hace dos años. A nivel general aumenta la desconfianza social: casi tres de cada diez catalanes considera que son poco o nada honestos (28,8%), un 6% más que en 2020.

Pese a que Gimeno celebra que su entidad acoge más denuncias (2.465 a finales del año pasado), señala que siguen existiendo muchos obstáculos entre la ciudadanía. Aunque el 36% de los encuestados considera que puede hacer algo para ayudar a combatir la corrupción, más de la mitad creen que el principal obstáculo para denunciarla es reunir pruebas (56%), seguida de que el responsable no será castigado (44,6%) y el miedo a las represalias (36,8%).

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