El Gobierno del Reino Unido estudió una ‘tasa Amazon’ como la de Barcelona pero la aparca por su “complejidad”

El Gobierno del Reino Unido abrió el pasado febrero un periodo de consultas ante la posibilidad de incrementar las tasas e impuestos de las ventas realizadas por internet. Una de las realidades contempladas en ese replanteamiento de la situación fue la creciente situación de desventaja en la que se hallaban los comercios tradicionales frente a la imparable irrupción de una nueva economía. Este es uno de los motivos que ha llevado a Barcelona a estudiar, diseñar e implantar (está previsto en marzo de 2023), la conocida popularmente como tasa Amazon, que también busca luchar contra la contaminación y congestión que provoca la entrega de paquetes a domicilio. Este otoño, Reino Unido ha aparcado, por ahora, el proyecto por su “complejidad” y para evitar “distorsiones no deseadas”.

“Algunos minoristas con presencia física en la calle creen que el sector se ve sofocado por una carga fiscal muy inferior a la de sus competidores digitales”, señalaba el informe previo a la consulta gubernamental en Reino Unido. “El Gobierno reconoce el valor que aportan las calles principales y el centro de las ciudades, como lugares donde vivir y trabajar, y los que visitar. Esos centros han evolucionado constantemente, y no es voluntad del Ejecutivo interferir en el surgimiento de negocios innovadores. Pero es importante, a la vez, preservar una capacidad de respuesta”, decía el texto.

Aunque el estudio quiso ser extremadamente detallado, y analizar la repercusión o distribución de un nuevo gravamen en cada uno de los actores del comercio digital -¿Solo ventas por internet, o también las realizadas por teléfono o correo electrónico? ¿reservas en línea y pago y recogida en tienda? ¿Impuesto solo para el mayorista, o también para los grandes operadores de paquetería?-, descartó prestar mayor atención, como sí habían hecho otros países, al efecto medioambiental del comercio digital. “Internacionalmente, ha habido propuestas para imponer una tarifa plana de reparto (tasa fija por el reparto de bienes a domicilios particulares), incluidos Nueva York o París. Se señalaba allí los potenciales beneficios medioambientales, como un aire más limpio o un tráfico menos congestionado. Pero, por otro lado, si un impuesto de las ventas en línea estimula las compras en comercio físico, con las exigencias que tiene de desplazamiento personal, frente al reparto a domicilio, el impacto medioambiental puede ser el contrario del pretendido. En todo caso, las pruebas de que esta tasa fija de reparto reporte beneficios medioambientales no están aún nada claras”, concluye el informe.

Finalmente, la crisis desatada el pasado septiembre, cuando la entonces malograda primera ministra Liz Truss aprobó una rebaja histórica de impuestos que espantó a los mercados, hundió el valor de la libra esterlina y encareció la deuda pública, obligó al nuevo Gobierno de Rishi Sunak a presentar un nuevo plan presupuestario que supuso más presión fiscal y mayor recorte del gasto público. En compensación, se aparcó en un cajón la propuesta de gravar el comercio digital: “Después de abrir un proceso de consulta, el Gobierno ha decidido no introducir un Impuesto sobre Ventas en línea. Fue una idea lanzada al hilo de la reforma de varios impuestos a las empresas. La decisión responde a las preocupaciones suscitadas algunos participantes de la consulta. La complejidad del nuevo gravamen, y el riesgo de provocar distorsiones no intencionadas e injustas entre diferentes modelos comerciales, han sido determinantes”, explicaba el Ejecutivo de Sunak para justificar el cierre de un debate, que, en cualquier caso, sigue latente en el Reino Unido.

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