Las condiciones de Illa

El complejo de ocio y turismo de Hard Rock de Salou y la ampliación del aeropuerto de El Prat se han convertido en los dos proyectos que focalizan la negociación entre el Gobierno catalán y el primer grupo de la oposición, el PSC, sobre los Presupuestos de la Generalitat para 2023. Los socialistas catalanes trabajan para llevar a cabo estos dos grandes proyectos, que cuentan también con el apoyo de Junts y el PP pero que en su momento fueron rechazados por la oposición conjunta de ERC y los comunes tanto en el Gobierno de la Generalitat como en el Ayuntamiento de Barcelona. El cambio de posición sobre ellos que el líder del PSC, Salvador Illa, exige ahora al presidente, Pere Aragonès, a cambio del voto afirmativo de sus 33 diputados en la votación de los Presupuestos, prefigura una mayoría parlamentaria del PSC con ERC y Junts, pero con los comunes en contra.

Es una situación muy compleja. Todo sería más simple si no existieran los vasos comunicantes entre la situación en que se hallan los tres partidos de la izquierda catalana en los tres escenarios en que gobierna cada uno de ellos, en un régimen de coalición, pacto y ayuda mutua que requiere una constante negociación de todos con todos. Los socialistas dirigen el Gobierno de España, donde la ex alcaldesa de Gavà, municipio directamente interesado en la ampliación del aeropuerto, es nada menos que la ministra del ramo. Los republicanos dirigen el Gobierno catalán y los comunes los ayuntamientos de El Prat y Barcelona. Cada uno de ellos es de una u otra forma necesario para los demás en los tres niveles de gobierno. O sea que el acuerdo es imprescindible.

Cómo conseguirlo y a qué precio es la gran cuestión de este debate, que va más allá incluso de algo tan importante como los Presupuestos. El interés por el desenlace aumenta, además, por la cercanía de las elecciones municipales, en mayo, y legislativas, en el otoño o invierno siguientes. Todos son, a la vez, socios y rivales. La envergadura económica y las implicaciones que ambos proyectos tienen los han convertido en ejemplo del modelo de desarrollo económico, turístico y medioambiental que preconiza cada partido. El de Salou prevé una inversión inicial de unos 700 millones de euros para la creación de un gran casino y un enorme complejo turístico a cargo de una multinacional norteamericana. El de El Prat prevé una inversión de 1.700 millones de euros para la construcción de una nueva pista, una terminal y un gran complejo de servicios y viviendas. Ambos cuentan con el apoyo de la patronal y los partidos de la derecha y con la cerrada oposición del movimiento ecologista y plataformas locales conectadas a su vez con las fuerzas progresistas.

El debate sobre estos proyectos ha derivado inevitablemente en una confrontación sobre modelos de desarrollo socioeconómico y lo particularmente interesante es que la exigencia de Salvador Illa ratifica que los socialistas conectan en estas cuestiones mejor con Junts y el PP que con ERC y los comunes. La cuestión, ahora, es dilucidar si esto puede cuadrar sin romper las alianzas o si todo queda en un guiño del PSC al electorado de Junts y PP.

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