La inflación lleva al límite la recogida de basuras en Cataluña

Hasta hace una semana las bolsas de basura se acumulaban sin control por las calles de Sant Sadurní d’Anoia. El causante, la mayor huelga (41 días) celebrada en Cataluña por trabajadores de una concesionaria de recogida de residuos y la primera que afectaba a un servicio de puerta a puerta. No ha sido el único caso, repetido en municipios como Salt, Vilanova i la Geltrú o Barcelona. Es otro de los efectos de la rampante inflación que lleva desbocada desde hace más de un año: en gran parte de esos conflictos los empleados reclamaban mejores condiciones laborales, sobre todo subidas salariales que contengan el mordisco de un IPC que en julio llegó a máximos del 10,8% a salarios que de partida pueden estar en los 1.300 euros mensuales brutos.

Las protestas en muchas ocasiones también han revelado otras carencias, como las reducidas plantillas o los anticuados vehículos con los que, en muchas ocasiones, tienen que salir las cuadrillas para cumplir su trabajo. Y han evidenciado la dificultad de mediar en un conflicto de múltiples puertas: el ayuntamiento es cliente de la concesionaria y afectado directo del trabajador, aunque este negocia sus condiciones laborales con la empresa y con una intermediación que recae sobre la Generalitat, encargada también de fijar los servicios mínimos del servicio de un servicio esencial que afecta al ciudadano.

“La gente [en referencia a los trabajadores] está apretando como no había pasado nunca y a la primera de cambio piden hacer huelga”, explica Ramon Cebrián, presidente de la Federación de Servicios Públicos de la UGT en Cataluña. Es la razón de que se hayan llegado a convocar una veintena de paros en lo que va de año, como sucedió en Barcelona, l’Hospitalet o El Prat de Llobregat, que quedaron desactivados poco antes de su inicio (22, según datos del Departamento de Empresa y Trabajo). No es el mejor momento para los gobiernos municipales soportar la presión de esos paros, a un año vista de las próximas elecciones. Carlos del Barrio, secretario de Política Sectorial de CC OO, acusa a los ayuntamientos de mirar hacia otra parte cuando se desentienden de que las empresas actualicen sus convenios colectivos: “Eso es una irresponsabilidad. No son nuestros empleadores, pero los contratos sí llevan su sello”.

En el fondo, el pecado original son los bajos precios que buscan ayuntamientos y que ofrecen las empresas para un trabajo que acaba siendo el principal gasto municipal. Y que cuando falla, tal y como sucedió en Sant Sadurní, obliga a activar alarmas por “riesgo elevado para la salud pública”. Porque como comenta el alcalde del municipio, Ton Amat, “tras días en la calle con temperaturas de hasta 30 grados, al final puedes pensar que las bolsas de la fracción orgánica caminan solas”.

En la capital de l’Anoia la plantilla de la contrata quería frenar una adjudicación del concurso que congelaba sus salarios durante ocho años. Lo curioso, explica Amat, es que el contrato adjudicado por la Mancomunitat Penedès-Garraf, se había estrenado apenas medio año antes, cuando la espiral inflacionaria ya llevaba tiempo advirtiendo un endurecimiento del coste de la vida. “La empresa encargada de la contrata [PreZero, que no tuvo rival en el concurso] decía que no podía asumir la subida de los precios, pero al final lo ha hecho”, dice el alcalde.

La última actualización de la ley sobre contratos públicos ha reducido la posibilidad de resolver problemas, porque impide a la administración indexar el aumento del IPC a los salarios y, sobre todo, dificulta una revalorización del contrato por parte del Ayuntamiento, más allá del 2% en los periodos iniciales. Es lo que complicó también una entente en Barcelona, donde el Ayuntamiento abortó dos conatos de huelga en abril y en setiembre, que tenían que coincidir con la festividad de Sant Jordi y con la Mercè, ambas citas muy concurridas de público. “La última ley de contratos públicos no permite vincular la subida de los precios al contrato”, explica el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, quien defiende que la única forma de desactivar las protestas fue activar una palanca que permite la ley de residuos para aumentar parte de los salarios en primera instancia y esperar hasta 2024 para elevar el precio de la contrata de forma que se pudiera articular otro aumento salarial a partir de entonces.

“El pliego de condiciones del concurso contemplaba un precio cerrado a ocho años y no nos dejaba negociar nada, por lo que nuestra subida salarial iba a ser cero y no habría actualización con el IPC”, explica David López, trabajador de la contrata de basuras de Vilanova i la Geltrú, sobre el mismo problema que iba a afectarle a él y a sus compañeros. Al final, fueron a la huelga en dos periodos diferentes por un tiempo equivalente a tres semanas. Ahora trabajan con normalidad, pero lo que se puede ver en ocasiones en la capital del Garraf es una imagen de la precariedad del servicio, con montones de bolsas, cartones o envases de plástico alrededor de algunos contenedores.

Ha crecido la población; los comerciantes no siempre pliegan los cartones y las cajas desbordan los contenedores; en ocasiones hay tareas urgentes que sustituyen a las de la recogida ordinaria y algunos vehículos, ya antiguos, requieren más mantenimiento del necesario y no siempre pueden estar en la calle. “Siempre hay algún problema”, resume López. O lo que dice Ramon Cebrián, presidente de la Federación de Servicios Públicos de la UGT en Cataluña, “a trabajar puede salir un equipo con una persona menos, pero no un camión con tres ruedas”.

Blanca Albà, concejal de Espacio Público de Vilanova, no niega las aseveraciones de López o Cebrián. “Tenemos un servicio muy deficitario y la culpa es del Ayuntamiento”, reconoce, sobre un contrato de la limpieza iniciado hace diez años y que está en prórroga forzosa a la espera de su renovación. Se hizo un intento de realizar un nuevo contrato pero las quejas sindicales lo hizo caer. Coincidiendo con las huelgas de sus trabajadores y vista la imposibilidad de mantener la carga de trabajo, el Consistorio decidió partir por la mitad el servicio y municipalizar las tareas de limpieza para descargar a la contrata. Pero, según enumera Albà, se mantienen algunos problemas: “los camiones son totalmente obsoletos, se tiene que cambiar el mecanismo de los contenedores soterrados, la frecuencia para recoger cartón y envases es insuficiente y también sufrimos el incivismo de la gente, que deja los trastos en la calle cuando tenemos un servicio en el que se puede llamar”.

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