La familia de Yolanda González carga contra Borràs por contratar a su asesino como perito judicial

La familia de Yolanda González, la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y que fue torturada y asesinada en 1980 por el Batallón Vasco Español en Madrid, ha publicado este viernes en las redes sociales una carta en la que pide que se respete su condición de víctima del terrorismo. La misiva llega después de que la Fiscalía objetara que el ultraderechista condenado por esos hechos, Luis Henrique Hellín, fuera el perito escogido por la defensa de la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, en la causa en su contra por fraccionar contratos públicos a favor de un amigo y que está pendiente de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Asier, el hermano de la falsamente acusada de etarra, ha lamentado que personalidades públicas acudan a los servicios de Hellín y ha recordado que en 2013 ya denunciaron que Hellín había trabajado para el Ministerio de Interior, organismo que posteriormente se comprometió a no volver a contar con sus servicios. El condenado también ha hecho de perito en casos de la Audiencia Nacional.

Asier ha querido dejar claro el “sentimiento de indignación y hartazgo” de la familia tras conocer que, “una vez más”, una personalidad política imputada en un caso de corrupción acude a los servicios del asesino de la joven para “refutar pruebas” aportadas por la acusación. El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, contrató a Hellín por su reconocida experiencia como perito informático, algo en lo que se especializó tras salir de la cárcel en los años 90 y después de cambiarse el nombre. El exmiembro de fuerza nueva fue condenado a 43 años de prisión pero solo estuvo 14 años tras las rejas en el centro Jaén 2. La principal prueba contra la líder de Junts son precisamente unos correos electrónicos en los que supuestamente ella da las instrucciones a su amigo Isaías Herrero sobre cómo hacer el fraccionamiento. Ella nunca ha reconocido que esos correos sean suyos.

En el pasado, Hellín ha ejercido también de perito en la Audiencia Nacional. Boye ha denunciado en Twitter la doble vara de medir del ministerio fiscal, que ha argumentado ante el TSJC que la “fiabilidad y credibilidad” del informe pericial está condicionada por los graves crímenes cometidos. Para el letrado, lo que no ha sentado bien son las conclusiones a las que se ha llegado. Borràs, que siempre ha querido mostrarse como la adalid en contra de la ultraderecha no ha dado la orden para retirar a Hellín del equipo defensor. La Fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación para la líder de Junts por delitos de prevaricación y falsedad documental.

La familia asegura que el perito “nunca ha mostrado un atisbo de arrepentimiento” por sus crímenes y que no cumplió toda la pena que se le impuso en su día. Incluso logró fugarse a Paraguay, recuerda la misiva, país al que se le solicitó en extradición. “En 2013 fuimos también conocedores de que el Ministerio de Interior llevaba años pagando los servicios de Hellín para formar a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático y colaborando en casos judicializados”. Según el hermano de la víctima, entonces el Gobierno dio explicaciones y les prometió “que no volvería a ocurrir”.

Hace 22 años que la militante del PST fue reconocida oficialmente como víctima del terrorismo. Para la familia, el hecho de contratar a su asesino es una falta de respeto a su memoria y por ello instan a “cualquier representante político y organismo institucional que actúe en todo momento con unos niveles mínimos de ética y valores humanos”.

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