El caso de la niña ‘olvidada’ en un autobús escolar en Sitges acaba con sendas multas para la empresa de los monitores y la del vehículo

El Consell Comarcal del Garraf ha resuelto sancionar a las empresas de transporte -con 1.200 euros- y de monitores -8.200 euros- implicadas en el caso de la niña que pasó siete horas olvidada en un autobús escolar en Sitges (Barcelona) en septiembre. Tras un mes y medio de investigación, el ente comarcal concluye que se trata de una “infracción grave”, pero ha decidido mantener el contrato con ambas por la complejidad administrativa que supondría cambiar las empresas y por la actitud de colaboración que han tenido a la hora de aplicar cambios en el protocolo. “Son hechos muy graves, pero hemos trabajado de forma positiva con las empresas, el centro y las familias para que puedan usar el servicio de forma segura y confort emocional, que es muy importante después de una situación como la que hemos vivido”, aseguró este viernes la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Mònica Gallardo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de septiembre cuando Lucía, de tres años, subió al autobús escolar, junto a otros 60 alumnos, para trasladarse hasta la escuela Maria Ossó de Sitges. Una vez en el centro, los niños bajaron del autobús, excepto Lucía. Pero nadie se percató. El vehículo escolar volvió al centro de Sitges, con las dos monitoras que suelen acompañar a los alumnos. Las dos trabajadoras bajaron y el conductor dejó el bus en las cocheras, con la menor dentro. No fue hasta las 16 horas, cuando el conductor de la tarde se disponía a volver a la escuela para recoger a los niños, cuando detectó la presencia de la niña en el autobús. La atendió, le dio de comer y fue trasladada a un centro de salud, que determinó que su estado de salud era bueno.

El Consell Comarcal abrió entonces un expediente esclarecer lo sucedido y la Fundación Pere Tarrés apartó temporalmente las dos monitoras. El ente comarcal preveía tener las conclusiones del expediente en unos días, pero han pasado finalmente un mes y medio. El informe resuelve que ninguna de las empresas cumplió el reglamento, que establece que el conductor debe revisar que no quede nadie antes de abandonar el vehículo y que los monitores deben controlar el número de alumnos en cada trayecto. “No se hizo una inspección exhaustiva al llegar a las cocheras”, destaca del ente comarcal en referencia a la actuación de Plana. La Fundación Tarrés recibe la mayoría de las críticas y se le afea el hecho de “no comprobar que todo el alumnado entrara en el centro y se dejara desatendida una menor”. También se critica al centro educativo, que detectó la falta de la menor, pero no la comunicó a la familia. “Se concluye que hay un exceso de confianza en la prestación del servicio”, espeta el informe al que ha tenido acceso este diario.

Ante ello, el Consell Comarcal considera que ambas cometieron una “infracción grave por el peligro que comportó y por la perturbación del servicio que han generado”. Y les impone una multa máxima del 5% del valor de cada uno de los contratos, que se traduce en 8.251,93 € a la Fundación Tarrés y de 1.262,43 € a la empresa Plana. Pero descarta la sanción máxima, que hubiera sido la rescisión del contrato, porque “las empresas han reconocido los hechos, aunque con matices, y han expresado su voluntad en participar en la mejora del servicio”, justificó Gallardo. La presidenta el ente comarcal también añadió que esta “no hubiera sido la mejor solución para garantizar el buen funcionamiento del servicio” porque los cambios de contrato requieren un proceso administrativo largo y supone la subrogación del personal.

La empresa Plana ha emitido un comunicado rechazando la sanción y anunciando un recurso. La compañía defiende que actuó “correctamente” y achaca la culpabilidad a la Fundación Tarrés. Este entidad, por su parte, asegura que está estudiando el informe del Consell.

Gallardo también aseguró que no le constaba que finalmente la familia hubiera presentado denuncia por este caso

Cambio de protocolos

Desde que se conoció el caso, el Consell ya anunció su intención de cambiar los protocolos. Este mes ha entrado en vigor uno nuevo que establece un sistema de comunicación, a través de la aplicación Dinantia de la escuela, para que familias, centro educativo y empresa de transportes puedan notificar y conocer las incidencias.

Pero a nivel más general del servicio, también se han implantado mejoras en las formas de comunicación entre las familias y el Consell y, próximamente, se pondrá en marcha una aplicación para que los monitores puedan traspasar la información sobre alumnos.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal