Ocupaciones o derecho a la vivienda

El inicio de la larga carrera electoral para las municipales en Cataluña se ha dejado sentir con fuerza en el ámbito de la vivienda. El caso más sonado ha sido el de Premià de Dalt, pero no el único. Se llega a un acuerdo con la organización Desokupa para que se encargue del desalojo de las “ocupaciones mafiosas”. Se insiste en aquellas que tengan un componente delictivo que vaya más allá de la necesidad social de las personas que ocupen. Un barrera no siempre clara ni fácil de definir. En todo caso, preguntado el alcalde por el número de estas ocupaciones responde que no hay ninguna. Y en el año anterior habría tres. ¿Qué finalidad tenía la fotografía con Desokupa? ¿Qué se espera de Desokupa que no hagan otros cuerpos de la Administración en estos trámites?

Desde hace tiempo escuchamos anuncios que nos invitan a contratar una alarma para nuestra casa ante el riesgo de que nos la ocupen. En determinados medios se habla abundantemente del tema, hay partidos que lo tratan como uno de sus temas bandera. Tal vez porque hablar de una cosa es una manera de no hablar de la otra. Pero el conocimiento existente de nuestra realidad nos mostraría que la situación sería otra. Es infinitamente más probable perder tu hogar por no poder pagar la hipoteca o el alquiler, o si la compra un fondo especulador (como la Casa Orsola que ahora está movilizándose en Barcelona), que porque sea ocupada.

El movimiento por el derecho a la vivienda ha conseguido que el derecho a la vivienda sea una reivindicación con un amplio apoyo social. Ha conseguido, también, llegar a ayuntamientos como el de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona acaba de hacer público un informe sobre la evolución de las ocupaciones en la ciudad a partir de las denuncias presentadas a los Mossos d’Esquadra. Si comparamos 2022 con el último año completo antes de la pandemia vemos que en 2019 hubo una media de 402,5 denuncias por trimestre y en 2022 la media es de 332.3. Cada trimestre hay unas 70 denuncias menos. La interpretación que se hace es clara: si se hacen más políticas orientadas a garantizar la vivienda menos personas ocupan.

Barcelona tiene ahora el parque público de vivienda más grande de España con 11.500. Tiene una unidad antidesahucios que ha mediado en más de 14.000 casos para garantizar el cobro y que no se perdiera el hogar. ¿Suficiente? Para garantizar el derecho a la vivienda y evitar la emergencia habitacional que sufrimos necesitamos más y es responsabilidad de todas las administraciones. El Gobierno de España y el de la Generalitat tienen mucho margen de mejora. Y del central se esperan leyes que no llegan. Cuando se nos habla del peligro de las ocupaciones no se nos habla de la vulneración del derecho a la vivienda. Se debería hablar de las dos cosas y con datos sobre la mesa para poder tener un debate informado sobre qué sociedad queremos.

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