Premià de Dalt, el municipio con cero ocupaciones que contrata a Desokupa

En la portada del número 172 de la revista municipal del Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona, 10.419 habitantes), la de este octubre, solo aparecen dos fotografías. La primera es de un coche patrulla de la policía local y en la segunda aparecen dos agentes del mismo cuerpo acompañados por un vigilante de seguridad privada. El titular de la publicación es claro: “Objetivo: más seguridad ciudadana”. El alcalde de la localidad, Josep Triadó (JxCat), está obsesionado con la seguridad de sus vecinos. En 2018 instaló cámaras para leer las matrículas de los coches y un año más tarde contrató a una empresa de seguridad privada que patrulla por la noche. El año pasado tres casas fueron ocupadas por “mafias” a las que consiguió expulsar simplemente con un decreto de alcaldía. Hoy no hay ningún inmueble ocupado en Premià de Dalt, pero, a siete meses para las elecciones, Triadó ha vuelto a apostar por la seguridad. El alcalde ha anunciado, esta vez en la web del consistorio, que ha contratado a la polémica organización Desokupa —dedicada a desalojar inmuebles extrajudicialmente— para que asesore a sus policías locales y así tener —en palabras del propio alcalde— “herramientas” para hacer frente a estas “mafias”.

Si el boletín municipal número 172 llevaba por portada dos fotografías de coches y agentes de la policía local, en la imagen que acompaña la noticia de la contratación con Desokupa aparece Triadó uniendo las manos a la de miembros de la organización dedicada a desahucios extrajudiciales, entre los que se encuentra el polémico fundador de la organización Daniel Esteve, próximo a Vox y que incluso ha participado en actos de la precampaña andaluza del partido de ultraderecha. El equipo de gobierno —una coalición entre JxCat, con nueve concejales, y PSC, con dos, siendo precisamente los socialistas los que tienen la concejalía de seguridad ciudadana y convivencia— ha firmado un contrato de asesoramiento que costará 3.000 euros más IVA, durará un año y no prevé que los miembros de la organización —que actúa siempre en los filos de la legalidad— saquen a okupas de ningún inmueble. Desokupa solo asesorará a los funcionarios policiales del municipio para que expulsen a los ocupantes en tiempo récord.

Tormenta política

El contrato con Desokupa ha desatado una gran tormenta política e incluso la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afeado la decisión del alcalde de su formación. “El compromiso de Junts es combatir las mafias de ocupación ilegal impulsando las reformas para acabar con las prácticas ilícitas. No compartimos estas contrataciones y trabajamos para combatir estas ocupaciones con herramientas que tiene que aprobar el Parlament”, ha escrito Borràs en las redes sociales. El tirón de orejas a su alcalde —al que no se refiere en su tuit— ha cogido desprevenido a Triadó, que sigue defendiendo su decisión.

“En Premià de Dalt el robo en viviendas empieza en 2017 y siempre ahora, con el cambio de hora de octubre. Vienen bandas de Este a hacer la temporada. En el caso de que les detengan son pocos años de prisión. Además, les dejan libres pendientes de juicio. Lo intentamos erradicar con cámaras de seguridad con refuerzo policial y serenos”, destaca Triadó haciendo referencia al cuerpo de ocho vigilantes privados que él mismo instauró. El alcalde admite que hubo cerca de 100 robos en viviendas en 2017, pero que ahora la cifra está en 40 o 50 para esta población de 10.400 personas, con abundancia de familias con buena situación económica. El siguiente problema de seguridad que alerta al alcalde es el robo en el interior de vehículos y el tercero son “las ocupaciones mafiosas”.

El alcalde distingue entre ocupaciones “sociales” y “mafiosas”. “Para las sociales tenemos los servicios sociales que negocian con bancos un alquiler social. Las mafiosas son delincuentes que ocupan una vivienda y mientras dura el proceso judicial, pues plantan marihuana o utilizan la casa como centro de operaciones para robar coches y casas por la zona”, destaca. El año pasado solo hubo tres casas ocupadas por “mafias”. En una había una plantación de marihuana, “hubo hasta un tiroteo”, y en las otras, dos delincuentes que robaban dentro de coches.

“Tienen mucha experiencia”

“Las leyes que tenemos aquí comparado con otros países son muy permisivas. Los militares de Europa del Este que vienen a robar las conocen perfectamente. Aquí cinco hurtos es una multa y siguen robando para pagarla o se declaran insolventes”, se sincera el alcalde. Aun así, Triadó el año pasado expulsó a los okupas de las tres casas sin recurrir ni a la justicia ni, mucho menos, a Desokupa. “Las casas no estaban en buen estado y había problemas estructurales. Firmé un decreto echándoles, por la seguridad de los propios ocupantes”, confiesa la fórmula que acabó con Mossos y policía local expulsando a los okupas. “Ahora es la época que comienzan los robos, entre octubre y marzo. Los ocupas se enteran antes que nadie de la situación de las casas vacías. Sabemos que Desokupa tiene denuncias, pero ninguna condena, y aparte de que mediáticamente tienen mala fama, tienen mucha experiencia. Les hemos contratado para asesorar, pero no para actuar”, confiesa el alcalde. “Desokupa sabe la diferencia que hay entre cada colectivo que ocupa una vivienda. Saben la diferencia entre albanokosovares, georgianos, rumanos o locales. Aprovecharemos su experiencia y actuará nuestra policía local (18 agentes) cumpliendo la ley”, mantiene.

Todos los argumentos que Triadó da, no los da Daniel Esteve. El fundador de Desokupa se niega a dar “ninguna explicación y menos a EL PAÍS”. El alcalde defiende que Premià de Dalt no es el único consistorio que ha fichado a Desokupa: “Esteve me dijo que había 15. Para nosotros es un gran acuerdo. Hasta ahora nuestros policías tenían impotencia de no saber cómo actuar ante okupas mafiosos”. Triadó, que también ha sido víctima del robo en su piso, minusvalora la cercanía de Desokupa con Vox: “Yo cuando contrato a un jardinero no le pregunto a quién vota”. El alcalde también asume las críticas de su propio partido: “Yo me debo a mis vecinos antes que a mi partido”.

Al conocerse la noticia, los diferentes partidos políticos han criticado el contrato efectuado por Triadó con Desokupa. Incluso el PSC del Maresme ha manifestado en un comunicado su “rechazo absoluto” a las prácticas de la empresa de Esteve. El mismo escrito no dedica ni una línea al hecho de que el PSC gobierna en Premià de Dalt junto con Triadó y que, además, los socialistas tienen la concejalía de seguridad.

EL PAÍS ha ido a una de las últimas casas ocupadas. Una vivienda unifamiliar propiedad de una empresa china situada en la calle Jaume I, a escasos metros de una de las viviendas de la familia Pujol Ferrusola. La casa, cuyos ocupantes fueron expulsados hace unos meses, permanece ahora abierta y con muchas señales de haber sido destrozada. Frente a ella están las escuelas Betlem. “Ha sido una vergüenza, si te toca al lado te hacen la vida imposible”, denuncia Carme, una abuela que recoge a su nieto del colegio y recuerda que hace meses esa casa estuvo ocupada. El resto de vecinos viven herméticos en este municipio que pese a que han contratado a Desokupa, no tiene ninguna vivienda ocupada.

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