Las ocupaciones y la izquierda

El CIS ha decidido categorizar las ocupaciones entre las preocupaciones de la ciudadanía. El problema es considerado uno de los tres más importantes y citado de forma espontánea por 37 de los 3.713 encuestados, según el sondeo. O sea, un 1%. Paradójicamente, gracias a potentes altavoces mediáticos, publicidad de empresas de seguridad, las ocupaciones logran un lugar de honor en el debate político-propagandístico al que no le faltan apologetas. Así, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su reciente visita a Barcelona ha presentado la capital catalana como centro universal del caos y paraíso “okupa” al que su partido pondrá fin. Hace unos días, Alfonso L. Congostrina contaba en estas páginas cómo los indómitos regidores independentistas de Junts per Catalunya, que gobiernan Premià de Dalt (Maresme) en comandita con los socialistas “represores”, contrataban a una empresa próxima a Vox para echar a “las mafias” de los pisos de la localidad donde no hay ni una sola casa ocupada. Luego dieron marcha atrás.

A esta batalla de potentes argumentos, se sumó el alcalde socialista de Badalona, al anunciar a bombo y platillo la entrada en funcionamiento un cuerpo policial especial de una veintena de agentes para agilizar los desahucios. Casi simultáneamente, el líder de la oposición en la localidad, el popular Xavier García Albiol, afirmaba que, de ganar las elecciones, crearía una concejalía para echar a los “okupas” a las tinieblas exteriores.

Con las municipales a la vista, el PSOE también participa en ese concurso de méritos populistas ultimando una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para forzar en 48 horas el desalojo de quienes protagonicen tanto un allanamiento de morada (primera y/o segunda residencia, lo que en la práctica ya sucede en la actualidad) como la usurpación (vivienda desocupada, generalmente perteneciente a un gran tenedor), caso éste de muchas familias a las que la crisis ha llevado a ocupar su propia casa.

Así están las cosas en un país en el que suceden y se multiplican casos como el de Leyla, su marido y su hijo de dos años. El próximo 7 de noviembre serán desalojados por un gran tenedor de la que ha sido su vivienda desde 2017 en la calle de Enric Granados de Badalona. La pandemia dejó sin trabajo a la pareja. En 2021 y al carecer de ingresos, dejaron de pagar el alquiler. En diciembre de aquel año, Leyla consiguió la Renta Garantizada de Ciudadanía. Intentó ponerse en contacto con la propiedad para saldar la deuda. Pero obtuvo la callada por respuesta. El gran tenedor ha forzado el lanzamiento.

A pesar de moratorias pandémicas e intentos fallidos de limitar precios del alquiler –como la ley catalana 1/2022, anulada por el Constitucional– , en España alrededor de 400.000 familias han sido expulsadas de sus viviendas por bancos o fondos de inversión desde 2008. Durante el primer semestre de este año se ha superado el promedio de lanzamientos de los años 2017-2020. Cataluña encabeza este ranking. En el segundo trimestre de este año, registró el 22,3% del total de los desahucios de toda España. Muy pocos se refieren a ese drama existencial en un país que con la crisis financiera –culpable en buena medida de la escalada de desahucios– los ciudadanos han enterrado sin condiciones 73.000 millones de euros.

Urgen medidas y un discurso común, exigible sobre todo a la izquierda. Mientras en Santa Coloma de Gramenet –PSC– o Barcelona –comunes– los equipos de gobierno procuran hallar soluciones habitacionales al drama de los desahucios forzando alquileres sociales, en otros municipios, como Badalona –PSC, ERC, comunes y JxCat–, el consistorio ni está ni se le espera.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal