Las entidades sociales reclaman subir el baremo de las ayudas, congelado en Cataluña desde hace 12 años

Es la gran promesa siempre que se empiezan a negociar los presupuestos, pero es también lo primero que queda en papel mojado. El baremo para conceder la mayoría de las ayudas sociales en Cataluña y para fijar sus cuantías económicas, el Indicador de Renda de Suficiencia de Catalunya (IRSC), lleva congelado desde el 1 de enero de 2010, y pese a que desde entonces, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el coste de la vida ha aumentado un 30,1%, el baremo no ha variado. Ello impide incrementar el montante de las ayudas, pero también impide que muchas personas puedan optar a ellas, a lo que tendrían derecho si se hubiese actualizado el tope. El Govern se ha mostrado dispuesto a descongelar por fin este indicador, pero las entidades sociales no confían en estos nuevos cantos de sirena: exigen el compromiso concreto de que el IRSC aumente un 15,9%, el mismo porcentaje de incremento del indicador de precios al consumo (IPC) desde 2017, año en que se aprobó la Renta Garantizada de Ciudadanía. El objetivo es que, al menos, esta ayuda pueda ser actualizada y pueda llegar a más gente.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró hace unas semanas que “algunos de los baremos económicos de ayudas sociales deben ser revisados para ajustarlos al coste de la vida, lo que implicará que más personas puedan recibirlas”. Las entidades se pusieron en alerta, ya que no es la primera vez que, mientras se negocian los presupuestos, sale la promesa de descongelar el IRSC. El año pasado, se anunció una actualización que no se llevó a cabo, ya que la Generalitat lo condicionó a que el Estado le transfiriese la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

“Nuestra propuesta es que el IRSC suba igual que ha subido el coste de la vida desde 2017, un 15,9%. Es decir, que pase de los 569 euros actuales en 14 pagas, a 659 euros. Esto es clave en este momento de alta inflación, porque que las ayudas y el acceso a ellas lo determine un baremos tan desfasado, no tiene ningún sentido”, explica Sira Vilardell, vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector. La organización, que representa a más de 3.000 entidades sociales catalanas, considera “urgente” que esta medida se discuta en el debate de política general de la semana que viene, y que entre en los presupuestos, y ve “indispensable” que se establezca un modelo de revisión para evitar que se prolongue una congelación del baremo como ha ocurrido hasta ahora. Además, reclama que en ningún caso esa actualización deberá ser menor a la que ha experimentado el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el baremo estatal, que desde 2010 ha subido un 8,7%. Actualmente, el tope estatal está en 579,02 euros al mes en 14 pagas, es decir, ya es superior al baremo catalán.

Precisamente, el indicador catalán se creó en 2006 para ir más allá del estatal y para tener un cálculo propio y más generoso. La ley marcaba que tenía que actualizarse anualmente en los presupuestos, pero no ha sido así. Ante la presión de las entidades, en febrero de 2020, el Parlament aprobó una moción en la que se pedía actualizar el baremo con el IPC acumulado. En aquel momento, los presupuestos no lo recogieron, pero sí que señalaron el compromiso de que el baremo crecería al menos lo mismo que el IPREM, algo que tampoco ocurrió. “Evidentemente, requiere destinar una parte del presupuesto, para aumentar las cuantías y para dar cobertura a toda la nueva gente que no podía acceder a las ayudas, y que con la actualización, podrá. Pero es indispensable que se haga, porque se tendría que haber ampliado cada año”, explica Vilardell. Un portavoz del departamento de Derechos Sociales señala que el Govern está trabajando en el marco de los presupuestos con la intención de actualizar el baremo, pero que no existe aún un cálculo de qué esfuerzo presupuestario implicará. Vilardell añade: “A día de hoy, esta cuantía no permite llegar a final de mes y mucha gente ni accede a las ayudas porque se queda fuera al ingresar más de lo que dice el IRSC.

Despliegue de la Renta Garantizada

En el caso de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la actualización del baremo es básica, según defienden las entidades. El IRSC marca la cuantía de la Renta Garantizada (664 euros al mes para una persona, resultado de dividir el IRSC anual en 12 pagas en lugar de 14; si en la unidad de convivencia hay otra persona, se añade la mitad, 332 euros, y para cada hijo son 100 euros más al mes; el tope para la unidad de convivencia es de 1.200 euros al mes) y también el límite de acceso. Las entidades llevan años denunciando que la cobertura de esta ayuda es muy pequeña y no llega a todas las personas que están en situación de pobreza severa (650.000 personas en 2021, el 9% de la población, según el Idescat, mientras que, en junio de 2022, según los datos de la Generalitat, había 173.886 beneficiarios de la renta garantizada). “No solo hay una franja de pobreza severa que queda excluida de la ayuda, sino que el objetivo inicial era cubrir también una parte de la población que está en riesgo de exclusión social, que también queda fuera”, señala Diosdado Toledano, portavoz de la plataforma que llevó la iniciativa legislativa popular al Parlament para aprobar la ley, que tuvo unanimidad.

“Ha habido un incumplimiento de la legislación por parte de la Generalitat, tanto de la ley de la Renta Garantizada, como de lo dispuesto en los últimos presupuestos”, asevera Toledano, que lamenta que, mientras que el Gobierno ha aumentado el IMV provisionalmente un 15%, la Generalitat “no ha hecho ni eso”. “Los grupos del Parlament se han comprometido a tomar la iniciativa para incrementar el IRSC, sino en su totalidad, sí en una progresión. Pero no nos fiamos, porque visto lo que ha pasado en este tiempo, está claro que no hay voluntad política”, concluye.

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