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El asesinato de la mujer enterrada en un bidón en Lloret en 2004 queda impune

El juzgado ha archivado el caso después que la principal sospechosa, fugada de la justicia, haya muerto

Crimen de Lloret
Crimen de Lloret

El crimen de Ana María Martos, la vecina de Sant Feliu de Llobregat de 32 años desaparecida en enero de 2004 y hallada muerta en junio del 2013 dentro de un bidón enterrado en una finca de una urbanización de Lloret de Mar (Selva), ha quedado impune. El juzgado de Instrucción 4 de Blanes, atendiendo a la petición del fiscal, ha archivado el caso después de que las autoridades de Argentina, a donde había huido la tarotista investigada por el asesinato y principal sospechosa, informaran de que había fallecido. El juzgado también investigaba al vecino de Lloret ex propietario del terreno donde hallaron el cadáver, que reconoció ser quien enterró el cuerpo. El auto de archivo señala que “resulta imposible el enjuiciamiento en solitario de este imputado con las pruebas existentes en la actualidad”.

Los padres de Ana María la vieron por última vez el 18 de enero de 2004 y denunciaron su desaparición el 23 de febrero. La policía no consiguió localizarla y tras nueve años de desconcierto en enero de 2013 la Fundación Inter SOS de personas desaparecidas recibió llamadas anónimas alertando de que Norma Beatriz Kuike había secuestrado, estafado y asesinado a Ana María y que su cadáver fue enterrado en una finca de la calle Rafael Alberti de Lloret Residencial. La Policía Nacional registró con un georradar la parcela y tras horas con una excavadora localizaron el bidón lleno de cemento a 4 metros de profundidad, con los restos de la chica.

El anónimo también dio los nombres de los implicados en la muerte. La policía detuvo al ex propietario de los terrenos, Josep Maria T. y se dictó orden de detención para Kuike, que fue detenida en Argentina y extraditada en enero de 2015. El Juzgado decretó prisión, pero en febrero la Audiencia la dejó libre tras pagar 10.000 euros. Se presentó periódicamente hasta mediados de 2016 después de que el fiscal, Víctor Pillado, concretara la imputación por un delito de asesinato contra los investigados. El juez dictó otra orden de detención y en febrero de 2020 la Interpol comunicó que la había vuelto a localizar en Argentina, pero las autoridades no la extraditaron, según el fiscal, porque “no se encontraba en plenas facultades mentales por haberle diagnosticado un psicosíndrome orgánico cerebral”. Finalmente informaron de su muerte.

Según el fiscal, sobre el 20 de enero de 2004 los investigados llevaron a Ana María a casa del investigado en Lloret de Mar y “cuando se encontraban en el garaje, de previo y común acuerdo, con intención de acabar con su vida, lanzaron un ataque contra ella en cuyo marco le dieron muerte”. Después el investigado, siguiendo las instrucciones de la tarotista, envolvió el cadáver, lo metió en el bidón, lo llenó de cemento y lo enterró en la finca.

Tras morir la tarotista, el fiscal solicitó archivar el caso para el otro investigado porque al ser imposible que los juzguen de forma conjunta y que la investigación no ha podido esclarecer si fueron ambos o sólo uno quien acabó con la vida de la víctima, “provoca necesariamente el archivo de las actuaciones por no quedar debidamente acreditada la autoría de los hechos”. El juez ha archivado el caso, pero podrá reabrirse si aparece alguna pista nueva. El abogado del investigado, Carles Monguilod, está muy satisfecho del archivo del caso porque “no había ninguna prueba que justificara abrir juicio contra mi cliente”, ya que “ni siquiera la autopsia concretó la causa de la muerte y no se descartan causas naturales”. Igualmente, añade, “el entierro del cadáver, lo único que reconoció mi cliente, estaría penalmente prescrito”.

El informe del fiscal recoge que “aunque la causa de la muerte es indeterminada, las circunstancias que la rodean hacen indicar que fue una muerte violenta”. Siempre se sospechó de un móvil económico, Ana María vendió su piso, su coche, pidió dos préstamos y dinero a su exmarido. Ingresó 110.500 euros, “el destino de ese dinero se desconoce de forma absoluta” concluye el fiscal.

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