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Los defensores de una escuela bilingüe presionarán con una manifestación en septiembre en Barcelona

Las entidades exigen que el castellano sea también vehicular en la enseñanza y acusan al Gobierno de vulnerar la ley al defender la normativa aprobada por el Parlament

El País
Govern castellano
La escuela Turo del Drac, en Canet de Mar, es uno de los centros educativos donde la justicia ha obligado a dar un 25% de horas lectivas en castellano en una clase.Albert Garcia (EL PAÍS)

Los defensores del bilingüismo en la escuela catalana no tiran la toalla pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha comunicado que los últimos cambios legales promovidos por la Generalitat —en los que el tribunal aprecia indicios de inconstitucionalidad— impiden que se cumpla en este momento su sentencia que obligaba a impartir al menos un 25% de clases en castellano. La plataforma Escuela de Todos ha decidido por ello llevar la presión a la calle, convocando para el próximo 18 de septiembre una manifestación en Barcelona. Los promotores creen que en Cataluña se da una “clara vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos” en tanto la normativa autonómica no reconoce al castellano como lengua vehicular, algo a lo que obligan diversas sentencias del Tribunal Constitucional, el Supremo y el TSJC.

La manifestación, que será en el Arco de Triunfo de Barcelona las 12.30 del día 18, la convoca la plataforma Escuela de Todos, conformada por 15 entidades, entre las que se encuentran Societat Civil Catalana e Impulso Ciudadano. Muchas de ellas están detrás de la asesoría a casi un millar de familias que, según sus datos, han pedido por vía judicial que se aumente el número de horas de castellano en la escuela para que así se concrete su carácter vehicular. De acuerdo con la estadística de la Generalitat, 1,5 millones de menores están en el sistema educativo.

La convocatoria, explican los organizadores, está justificada porque “la Generalitat se ha negado a ejecutar la sentencia y el Gobierno de España se ha opuesto a la ejecución”. Escuela de Todos cree que la última ley sobre lenguas cooficiales aprobada por el Parlament —cuestionada por el TSJC y apoyada abiertamente por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la última reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat— “contradice la Constitución”.

El Tribunal Supremo convirtió en firme el año pasado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba a impartir en castellano al menos un 25% de horas en asignaturas troncales —es decir, al menos una asignatura troncal además de la de Lengua Castellana—, para hacer efectiva la condición de vehicular que la Constitución reconoce a esa lengua, según han establecido diversas sentencias a lo largo de tres décadas. La Generalitat no aplicó la sentencia alegando que, en su opinión, no se puede aplicar un porcentaje lineal a todo el sistema porque las distintas realidades sociolingüísticas del territorio lo desaconsejan, y que por tanto el catalán debía seguir siendo la única lengua vehicular.

En mayo, el TSJC dictó la ejecución forzosa de la sentencia, pero el Parlament respondió aprobando una nueva ley de lenguas que deja en manos de cada centro educativo la decisión sobre qué peso dar a cada una de las lenguas oficiales, sin fijar porcentajes. En ella se define al castellano como lengua “curricular” y de “aprendizaje”, pero no “vehicular”. Escuela de Todos cree que esa norma es una treta que busca desobedecer el mandato judicial. El propio tribunal ve en la operación un “fraude de ley” y por eso lo ha elevado al Constitucional, señalando que impide que se ejecute su mandato del 25%. En la pasada mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, el Ejecutivo central respaldó expresamente el texto salido del Parlament.

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