La interinidad se enquista en el cuerpo de secretarios municipales y complica la labor de los ayuntamientos pequeños

Lisa y llanamente: sin un secretario municipal un Ayuntamiento no funciona. Su principal labor función es certificar que toda la actividad consistorial se ajusta a la ley y, en la práctica, sin su visto bueno no pueden avanzar asuntos tan básicos como la aprobación de los presupuestos. Pese a ese rol clave, cuatro de cada diez responsables en los más de 8.100 municipios españoles son interinos y el cambio generacional plantea una nueva amenaza: entidades supramunicipales como colegios profesionales alertan de la falta de personal para responder al actual alud de jubilaciones.

“Llevamos diez años advirtiendo de que esta situación llegaría”, lamenta José Luis Pérez, presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (Cosital). En los años 80 se entregaron unas 4.000 plazas y, tras el paso de casi 30 años, las jubilaciones se hacen sentir en el cuerpo de funcionarios. La figura del secretario varía de acuerdo al tamaño del municipio. Mientras que en los de más de 20.000 habitantes se separan las figuras del secretario, interventor y tesorero, en los más pequeños un mismo funcionario asume las tres funciones. En sus oposiciones, el Ministerio de Hacienda y Función Pública recoge diferentes escalas para esas tipologías.

En lugares como Cataluña, explica Joana Ortega, secretaria general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), hay un problema específico de falta de tradición opositora ante la Administración central. Es un fenómeno similar al que se da en la administración de justicia o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. José Luis Pérez cree además que la falta de interés de muchos profesionales por optar por el camino de la función pública, específicamente en el caso de los secretarios y secretarios-interventores también se explica por los cambios en el sistema de oposiciones. Entre 2007 y 2013 se descentralizó la oferta, generando un rosario de convocatorias por todo el territorio que despitaban a los interesados. “La falta de regularidad en las convocatorias hacía que los interesados no se motivaran a intentarlo otra vez”, añade.

Las plazas libres pueden generar movimientos entre los secretarios de otros municipios pero el problema es el saldo vegetativo final. Pérez cree que es un error que Hacienda -que organiza las oposiciones y después otorga el Ayuntamiento destino- limite cada año el número de plazas en lugar de ofertar todas las que están vacantes. “Por ley, está garantizado presupuestariamente el salario de los secretarios municipales”, insiste el presidente del colegio del ramo.

Desde la Asociación Catalana de Municipios, Ortega certifica la dificultad y hasta la competencia que surge entre Ayuntamientos para poder conseguir secretarios. La vía de la interinidad es la más utilizada, y son los consistorios los que designan sus bases. Pero en algunos casos, con tal de no frenar la máquina de la Administración, se impone la laxitud en la valoración de candidatos. La falta de personal es tan grave, explica, que un mismo trabajador interino puede hacer su labor en dos o tres municipios pequeños, a tiempo parcial. En el resto de España, asegura Pérez, se da la misma situación. “Eso solo se puede aguantar una temporada”, critica.

Para intentar responder al escenario actual, la ACM ya ha cerrado acuerdos con universidades catalanas para crear posgrados que, de un lado, aseguren una mejor en el nivel formativo de los candidatos y también sean una vía de preparación a las oposiciones. Las diputaciones también arriman el hombro en el caso de los micropueblos. La de Tarragona, por ejemplo, cuenta dentro de su Servicio de Asistencia Municipal con un cuerpo de secretarios itinerantes. Su diputado delegado, Enric Adell, explica que cuentan con un cuerpo de 12 personas que atienden a 31 Ayuntamientos de esa demarcación que se han agrupado para compartir estas responsabilidades.

El Ministerio, que no entregó sus datos sobre interinidad, aprobó en mayo pasado un real decreto que busca atajar ese problema. La vía es que los interinos que llevan más de seis años puedan lograr la plaza. Cosital está en contra de esa propuesta, pues considera que va en detrimento de los funcionarios que han invertido años preparando las oposiciones. “Hay que dar una respuesta al problema de los interinos, pero lograr una plaza sin tener acreditada una formación es una deslegitimación de las oposiciones”, cree Pérez. La Sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo aceptó el recurso presentado por el colegio.

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