Asegurar el bilingüismo

El curso escolar más convulso de los últimos tiempos terminó por fin. En el fragor del debate sobre la fecha de inicio del curso 2022-2023 y de las demandas sindicales espoleadas por ese debate han quedado en segundo plano episodios relevantes, entre los cuales destaca la presentación de 50 propuestas para impulsar el uso del catalán en los centros educativos por parte del variopinto Consejo Lingüístico Asesor nombrado a estricto dedo por el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray.

El preámbulo del documento es una de cal y otra de arena. El Consejo parte de la base de un “bajón” en el conocimiento del catalán que en realidad no atestiguan ni la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población (que por cierto no aplica a los menores de 15 años) ni las pruebas de competencias básicas de 6º de Primaria y 4º de ESO que supervisa anualmente el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo, un órgano del Departamento de Educación con bastante más pedigrí evaluativo que el Consejo ad hoc de Cambray. Por otra parte, el documento da en el clavo cuando afirma que una competencia lingüística plena en las dos lenguas oficiales (el bilingüismo personal, en definitiva) “es una herramienta de construcción de cohesión social y de igualdad de oportunidades económicas y sociales” —una afirmación que se desvía de cierto credo nacionalista que sigue atribuyendo a la lengua catalana en exclusiva el papel de garante de dicha cohesión social—.

Si nos fijamos en las 50 medidas propuestas por Carme Junyent y compañía sucede otro tanto. Hay propuestas relativamente anodinas, que se limitan a reiterar el marco normativo de toda la vida —el rechazo a la separación de los alumnos en centros o grupos en razón de su lengua inicial, por ejemplo—. Pero también hay medidas de dudosa legalidad o de dudosa practicabilidad, como la que sugiere impulsar la comunicación y el uso social cotidianos del catalán en “el entorno”, o la que pretende fomentar el uso del catalán en el espacio “no lectivo” al mismo nivel que en el espacio lectivo.

En el lado positivo destacan las propuestas que van en la línea de la histórica Ley 8/2022, sobre Uso y Aprendizaje de las Lenguas Oficiales en la Enseñanza no Universitaria, recientemente aprobada por el Parlament con el voto a favor de Junts, Esquerra, socialistas y comunes, sobre la cual un TSJC pillado a contrapié plantea dudas de constitucionalidad: los centros educativos deberán evaluar anualmente sus proyectos lingüísticos para asegurarse de que los alumnos acaban la enseñanza obligatoria con un pleno dominio oral y escrito de las lenguas catalana y castellana, y, como no podía ser de otra manera, un ingrediente importante para conseguir dicha meta va a ser la cantidad de uso “curricular y educativo” de castellano necesaria en cada centro. Ahora solo resta cruzar los dedos para que el Tribunal Constitucional, llegado el caso, avale el acuerdo alcanzado por los partidos, que consiste en reconocer el carácter vehicular del castellano para asegurar el bilingüismo.

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