La Generalitat exhibe apoyo popular a la inmersión en catalán ante la ejecución de la sentencia del castellano

La Generalitat trata de rearmarse para encarar una etapa que se le avecina repleta de tropezones para su acción política. El Govern ha quedado entre la espada y la pared por los reveses que ha recibido por parte de lo que denomina “aparatos del Estado”. La sentencia judicial que obliga a las escuelas a prestar el 25% de las clases en castellano ha supuesto un impacto directo a la línea de flotación de un ejecutivo que ya avanza renqueante por los recelos y enfrentamientos constantes de sus socios.

Hoy jueves, el president Pere Aragonès comparecerá junto al consejero de Educación Josep González-Cambray para explicar qué estrategia se va a marcar para el próximo curso escolar. Una presentación que se convoca con una anticipación insólita, siete meses antes de que llegue otra vuelta al cole, y que coincide en el tiempo con la presentación de una oportuna encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión (CEO). El vigente modelo lingüístico en las escuelas catalanas genera consenso ciudadano, según se afirma en un dossier presentado este miércoles por el director del CEO, Jordi MUñoz.. A la pregunta de si se está de acuerdo con aplicar medidas que sirvan para defender el modelo vigente de inmersión lingüística, en la que el catalán es única lengua vehicular, un 76% de los encuestados responde afirmativamente.

Los resultados aparecen en un momento de pleno debate acerca de la sentencia judicial que obliga a implantar una cuota del 25% en las aulas. Jordi Muñoz, director del CEO, apuntó este miércoles que el fondo del sondeo responde a criterios escogidos por los técnicos del propio instituto demoscópico, a diferencia de veces anteriores, cuando eran las consejerías de la Generalitat quienes dirigían qué preguntas realizar. Pese a ello, las conclusiones van muy parejas a las líneas marco que ha fijado el Govern para esta legislatura. Es el caso de la defensa cerrada del modelo lingüístico en la escuela. “Dibuja muy bien el mapa de la opinión pública”, afirma Jordi Muñoz. Este jueves Pere Aragonès comparecerá junto al consejero de Educación Josep González-Cambray para explicar qué estrategia se marca para el vigente curso escolar.

A la espera de los detalles que pueda dar hoy Aragonès, el reloj para la ejecución de la sentencia que obliga a dar un mínimo del 25% de clases en castellano ya está corriendo. La Generalitat ya hizo acuse de recibo de la misma el pasado lunes, con lo que ahora tiene dos meses para implantar el nuevo sistema. Si no lo hace, el Gobierno central o las personas afectadas por el fallo -por ejemplo, las familias-, podrán instar la ejecución forzosa. Una de las incógnitas es si el Ejecutivo de Pedro Sánchez dará el paso. Mientras tanto, el Govern ha asegurado que asume la responsabilidad de lo que pueda pasar en un intento de quitar presión a los profesores, que ven con preocupación la posibilidad de quedar atrapados en una dinámica de desobediencia. Al mismo tiempo, la Generalitat ha anunciado una batería de medidas legislativas para modificar el sistema con el que se imparten las clases y que se centraría en cambiar la tradicional asignación de asignaturas con un horario concreto a lo que denominan modelo pedagógico centrado en las competencias. Esto diluiría las asignaturas pero también haría más complicado poder verificar si realmente se está o no cumpliendo con la sentencia del 25% de asignaturas en castellano.

En cualquier caso, la encuesta presentada ayer por el propio Govern, apoya el actual modelo. En lo que acontece a la lengua en la educación, “tal vez el debate más interesante”, concede Jordi Muñoz, es que un 76% de los ciudadanos dicen estar de acuerdo con lo que fija el actual modelo de inmersión. “Denota un gran consenso”, argumenta el director del CEO. Sin embargo, el apoyo varía en función de cuál sea la lengua materna de cada uno. La encuesta recoge que se ha entrevistado a un mayor porcentaje de personas castellanohablantes y desglosa que, entre estos, el apoyo a la inmersión es del 50%. Entre los que se declaran catalanohablantes, el apoyo al actual modelo escolar asciende hasta el 95%. Según Jordi Muñoz, la minuciosidad del informe permite conocer cómo se acepta la inmersión entre los distintos grupos de electores. Más del 90% de los que se declaran votantes de Esquerra, Junts o la CUP aplauden el modelo. También lo amparan masivamente, un 96%, los que dicen votar a En Comú Podem. Entre los socialistas el respaldo baja al 64%, y cae en picado entre los simpatizantes de Ciudadanos, PP y Vox. A la pregunta de si son dados a la permuta lingüística, seis de cada diez catalanohablantes dicen pasarse al castellano cuando ésta es la lengua de su interlocutor. Seis de cada diez castellanohablantes dice considerar un signo de mala educación que se siga hablando en catalán cuando la conversación puede discurrir en castellano.

Más allá de las aulas, el CEO también arroja coincidencias con otras temáticas que han pasado a ocupar la agenda del ejecutivo autonómico. Justo cuando el departamento de Acción Climática ha hecho pública una ambiciosa apuesta por el despliegue de la eólica y la fotovoltaica, el Centro de Estudios de Opinión refiere que hasta un 75% de los preguntados afirma estar conforme con que se implanten renovables, “aunque tengan impacto en el paisaje”. Las conclusiones presentadas se fundamentan en las respuestas dadas por 1.929 personas, mayores de 16 años, y que fueron contactadas durante la última semana de diciembre.”Queremos estudiar las actitudes sociopolíticas de los catalanes con respecto a cuestiones nuevas, que son relevantes en el debate social”, indica lapresentación de la encuesta.

El CEO también ha buscado conocer la opinión ciudadana relacionada con el actual escenario de emergencia climática. A parte del supuesto apoyo de un 75% de los encuestados al despliegue de infraestructuras para las renovables, aparece una oposición rotunda a medidas como el encarecimiento de la gasolina o la imposición de peajes, ya sea para circular por vías rápidas o para entrar en grandes ciudades.

Por último, el CEO trata de conocer el grado de aceptación que genera la gestión pandémica. Un 68% de los preguntados dice apoyar la vacunación obligatoria. Sobre este punto, quienes se muestran más inflexibles son los mayores de 65 años.