Cataluña urge ahora a poner molinos en el mar para cumplir con las renovables

Menos del 20% de la producción eléctrica de Cataluña proviene de fuentes renovables. Y en el horizonte cercano aparece el compromiso suscrito por la Generalitat y el Parlament para alcanzar el 50% de energía verde, en 2030. Con semejante escenario, la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, viajó este martes a Dinamarca, donde más del 80% de la energía generada proviene de fuentes renovables. Frente a los molinos del parque de Middelgrunden, en la bahía de Copenhague, Jordà avisó de que Cataluña necesita “un parque eólico en la costa”, y cifró en 1000 megavatios (MW) la potencia que debe aportar la eólica marina en 2030, y en 3500 MW el horizonte de 2050. Cataluña tiene actualmente instalados 811 molinos en tierra firme, que producen 1.269 megavatios (MW) de electricidad.

El propósito más reciente para desplegar eólica marina en el litoral es el parque Tramuntana, un proyecto de 30 aerogeneradores frente a las costas de Roses, para lograr una capacidad de casi 500 MW. Tras chocar contra trabas administrativas y despertar una fuerte oposición ciudadana, más de 20.000 firmas y una veintena de ayuntamientos se han posicionado en contra del parque, la sociedad formada entre Bluefloat Energy y Sener Renewable Investments decidió replantear el proyecto. La nuclear es la principal fuente energética para la producción de energía eléctrica en Cataluña, representando un 54% de la producción total. Pero, las nucleares de Ascó y Vandellòs tienen el cierre fijado para 2030 y 2031.

Jordà defiende que “la energía eólica marina puede jugar un papel muy importante en la transición energética en Cataluña” y destacó que un parque eólico marino tiene una producción de energía eléctrica anual por MW y por metro cuadrado muy superior al que ofrece una instalación solar fotovoltaica o un parque eólico terrestre. La consejera alegó, pero, que “un parque eólico marino solo podrá salir adelante si su impacto ambiental es asumible”, y deslizó que la autorización final de una obra de esta tipología “es competencia estatal”. Las instalaciones de más de 50 MW superan las atribuciones de la Generalitat y, además, es el Estado quien tiene la última palabra en lo que afecta a aguas exteriores.