Laura Borràs reta al Constitucional al contabilizar en el Parlament el voto delegado del huido Lluís Puig

El voto del diputado de Junts per Catalunya Lluís Puig, huido de la justicia en Bruselas, ha sido contabilizado en la primera votación que figura en el orden del día del pleno del Parlamento catalán, pese a que el Tribunal Constitucional anuló esa delegación de voto hace una semana. La presidenta de la Cámara y presidenta de Junts, Laura Borràs, lo ha sumado al resultado pese a que no aparecía en la pantalla. La validez de ese voto, sin embargo, aún sigue en el aire, pues no está claro hasta dónde arriesgarán los tres partidos independentistas para que figure en el diario de sesiones o en las actas oficiales, dos situaciones que comprometerían a los secretarios de la Mesa de ERC, Junts y la CUP. La oposición había intentado que la Mesa reconsiderara su decisión de mantener el voto pese a la resolución del Constitucional, pero no lo ha conseguido.

Este es el primer pleno que se celebra tras la decisión del Tribunal Constitucional, que resolvía un recurso presentado por el PSC el año pasado. Puig tenía el voto delegado desde el inicio de la legislatura, gracias a una lectura muy laxa por parte de los grupos independentistas de reglamento de la Cámara, que da ese beneficio en los casos de “hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada”. Los letrados del Parlament, al ser consultados sobre mantener el voto delegado tras la resolución judicial, han explicado que se incurriría en los delitos de desobediencia y usurpación de funciones: el primero comporta penas de inhabilitación; el segundo, entre uno y tres años de cárcel.

La situación más comprometida es para los secretarios de la Mesa, tres de ellos de formaciones independentistas: Aurora Madaula (Junts), Rubén Wagensberg (ERC) y Carles Riera (CUP). Según el reglamento del Parlament, posteriormente a las sesiones del pleno se tienen que levantar actas que contengan, entre otras cosas, “el sentido del voto de cada grupo parlamentario y, en su caso, de los diputados que votan en un sentido distinto del grupo al que pertenecen”. Esos documentos deben ser firmados por uno de los secretarios. Si no hay reclamaciones por parte de las bancadas, “se entiende que se aprueban”. Si este primer documento recoge el voto de Puig ya se cruzaría la línea de la desobediencia. Este punto es tan crucial que el portavoz de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco, ha pedido leer en voz alta las funciones de los secretarios ―entre ellas, asegurar “la corrección en las votaciones”― a manera de “prevención”. El pasado martes, en Twitter, Madaula aseguró que el acuerdo de la mayoría de la Mesa para blindar el voto de Puig implica “que su voto sea contabilizado, asumiendo todas las consecuencias jurídicas”.

De momento, Borràs está actuando al límite y sus actuaciones aún están en lo simbólico. Al iniciar la sesión, había anunciado que la delegación del voto del exconsejero de Cultura está en la lista de las que se han validado para la sesión, lo que generó la protesta de Vox y Ciudadanos. Cuatro bancadas pidieron la reconsideración de ese acuerdo de la Mesa. El anuncio de desobediencia al Constitucional había sido recibido con los aplausos de los grupos independentistas. “La Mesa, por mayoría, escuchando todas las indicaciones, acordó ayer mantener la delegación de voto”, se limitó a responder Borràs.

La sesión se tuvo que suspender para estudiar las reconsideraciones y finalmente se ha mantenido en su decisión de permitir el voto delegado. El primer punto del orden del día era la convalidación de un decreto ley sobre Educación y Borràs ha comunicado que se entendería que el voto de Puig iría en el mismo sentido que el de la portavoz adjunta de Junts, Mònica Sales. Eso no se ha visto reflejado en la pantalla donde se ven las votaciones (de lo que se encarga un funcionario) sino que ha sido Borràs quien ha sumado a viva voz al resultado el voto de Puig. La convalidación ha salido adelante por unanimidad.

El voto del exconsejero huido no es clave para sacar adelante ninguna de las mociones pero sí tiene un valor simbólico para Borràs. Ella quiere trasladar la idea de que defiende a toda costa ―y si es necesario desoyendo la normativa― los “derechos de los diputados”, porque ese es el argumento que ha usado para protegerse también a sí misma y negarse a dimitir (tal y como establece el reglamento de la Cámara) cuando se le abra juicio oral por un supuesto caso de corrupción.

El argumento jurídico del independentismo para justificar que Puig aún puede delegar el voto es aparentemente endeble: el tribunal se había pronunciado específicamente sobre la posible delegación del voto del exconsejero en la actual consejera de Universidades, Gemma Geis. Al entrar en el Ejecutivo, Geis dejó su escaño y Puig tuvo que hacer una nueva delegación, que recayó esta vez en Sales. Los independentistas sostienen que el fallo del Constitucional no se refiere al segundo caso, pero por jurisprudencia se podría extender. Los letrados han advertido del riesgo de desacatar.

Borràs se juega mucho en lograr que su plan salga adelante. El pasado martes anunció que no piensa dimitir del cargo de presidenta del Parlament aunque se le abra juicio oral en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por fraccionar contratos públicos para beneficiar a un amigo cuando presidía la Institució de les Letres Catalanes (ILC) en 2013. La presidenta Borràs está procesada por prevaricación, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación, supuestos por los cuales, según el reglamento de la Cámara, se le tendría que retirar el escaño cuando se siente en el banquillo. Su discurso giró en torno a su compromiso de mantener “los derechos de los diputados”. En el caso del exdiputado Pau Juvillà, de la CUP, que también perdió su escaño tras quedar inhabilitado, Borràs hizo mucha teatralización de la desobediencia pero finalmente le retiró el acta y el anticapitalista ya no es diputado.

Aragonès apela a la “vocación de servicio”

Pere Aragonès evita posicionarse, de momento, sobre cómo debe responder Laura Borràs a su procesamiento judicial por corrupción. Este miércoles, durante el pleno del Parlament, el diputado del PP Alejandro Fernández interrogó al president acerca de qué pasos dará una vez se dicte la apertura de juicio oral contra Borràs. Aragonès trató de esquivar la pregunta alegando que el caso “no tiene nada que ver con la acción de gobierno” y dijo tener limitados los poderes en este asunto: “Mi capacidad de intervención es la misma que tiene cualquiera de los 135 diputados de esta Cámara”.

Alejandro Fernández afirmó que procede la inhabilitación de Borràs, porque el reglamento del Parlament “es concluyente” en lo que refiere a la fase de apertura de un juicio oral contra un diputado por un asunto de corrupción. Aragonès dijo confiar en que todos los implicados sepan estar a la altura: “Cada uno tomará la decisión que convenga más a la vocación de servicio que tenemos los miembros de esta Cámara”. El president justifica su distanciamiento en la “separación de poderes”, el mismo argumento que empleó este martes Roger Torrent, consejero de Empresa y expresidente del Parlamet, cuando se le preguntó qué opinión le merecía la voluntad de Borràs de mantenerse en el cargo.

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