Laura Borràs pide ahora que la juzgue un jurado popular

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no quiere ser juzgada por magistrados sino por un jurado popular, o sea por nueve ciudadanos de Cataluña elegidos al azar. Esa es la petición que acaba de formular ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) apenas dos días después de saber que ha sido procesada por delitos de corrupción. La defensa de Borràs ha recurrido de esta manera el auto dictado por el TSJC, en una nueva maniobra para ganar tiempo y dilatar la apertura de juicio oral, una circunstancia que, en caso de aplicarse el reglamento del Parlament, le obligaría a dejar el escaño y, por tanto, la presidencia de la Cámara. La petición, según fuentes judiciales, tiene muy pocas posibilidades de prosperar.

Borràs está a un paso del banquillo de los acusados por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018. La líder de Junts per Catalunya supuestamente fraccionó de forma artificial contratos para adjudicárselos, a dedo (sin concurso público) a Isaías H., un informático con el que había colaborado profesionalmente. La institución de la Generalitat que promueve la literatura en catalán acabó pagándole al amigo de la ahora presidenta del Parlament más de 300.000 euros. Borràs ha sido procesada por prevaricación, malversación, fraude y falsedad. En próximas semanas, la Fiscalía presentará su escrito de acusación, en el que muy posiblemente pedirá penas de prisión e inhabilitación.

Para demorar ese escrito y fijar otro escenario de juego más propicio a sus intereses, la defensa de Borràs ha presentado este viernes un nuevo recurso. La intención de la presidenta del Parlament es someterse no al criterio de los magistrados -siempre ha denunciado que su caso es una persecución por su condición de independentista- sino de los nueve ciudadanos, elegidos al azar, que integran el tribunal del jurado.

El abogado Gonzalo Boye admite en el escrito que el delito de prevaricación está excluido expresamente en la Ley del Jurado. Pero cree que no debería ser así, puesto que eso “priva a los ciudadanos de su potestad de enjuiciar las conductas de aquellos que ostentan el poder decisorio sobre sus asuntos: funcionarios, autoridades y jueces”. “Creemos que el juez natural de todo poderoso no es otro que el ciudadano que le ha encumbrado a esa posición”, justifica el abogado. Por eso, ha pedido al juez que envíe una cuestión de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional debata esa cuestión.

En caso de que el TSJC se niegue a ello -fuentes judiciales dan por hecho que así será-, la defensa de Borràs solicita que la causa se parta en dos, de manera que afronte dos juicios distintos. En un hipotético procedimiento solo por prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de su injusticia) la juzgaría el TSJC; en el otro, por el resto de delitos (malversación, falsedad documental y fraude a la administración), lo haría un jurado popular. Borràs, que hasta ahora se ha acogido a su derecho a no declarar, ha presentado siempre la causa como una “persecución política”, que inscribe en lo que considera una “operación de represión” contra el secesionismo y sostiene que goza del apoyo de los ciudadanos. Su petición se apoya en la creencia de que, si son ellos quienes han de juzgarla, tiene más posibilidades de resultar absuelta.

En marzo, el TSJC ya dictó un auto de procesamiento por el caso de las irregularidades en la ILC. En aquella ocasión, las defensas de Borràs y de otro de los cuatro investigados presentaron recursos (para disponer de más tiempo, para presentar nuevas diligencias) que fueron admitidos por el tribunal. Borràs no hizo entonces mención alguna a la idea del jurado popular. Fuentes judiciales aseguran que ninguna de las maniobras de la presidenta del Parlament -y mucho menos la de remitir una cuestión que es clara al Tribunal Constitucional- prosperará.

El futuro judicial de Borràs marcará el futuro de la legislatura. ERC tendrá que posicionarse en el Parlament sobre si considera que la presidenta de la Cámara se le tiene que retirar el escaño, al abrírsele un juicio oral por un delito relacionado con corrupción. Etso podría hacer caer el Govern, pues en Junts están dispuestos a defender a su presidenta hasta el fina. La duda es si Pere Aragonès decide mantener la legislatura gobernando en solitario. Los republicanos rechazan que se vea el juicio a Borràs como un episodio más de la “represión”.

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