La construcción de 52 viviendas en una playa de Begur desata la indignación de las redes

La urbanización Jardins de Sa Riera Living, dos bloques con 52 casas plurifamiliares a escasos metros de la playa de Sa Riera, en Begur, corazón de la Costa Brava, ha desatado oleadas de indignación ante lo que se considera un ataque medioambiental. El hormigón ha distorsionado la postal que ofrecía un privilegiado rincón de costa y las redes sociales han amplificado el descontento que ya habían mostrado los vecinos. Colectivos ecologistas, que tienen presentada una denuncia en el Juzgado Contencioso Administrativo, califican la promoción de “atentado urbanístico” y publican varias veces al mes fotos del avance de las obras para captar adeptos y posibles aportaciones económicas para sufragar los litigios que mantienen.

Las imágenes de esta semana se han hecho virales y han encendido las redes por su apariencia, a lo lejos, de nichos. La reparcelación de este terreno se inició en 2007 y las licencias se dieron hace cuatro años. Cuando los ecologistas supieron de su existencia empezaron una acérrima lucha y han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fallara que en el Registro de la Propiedad deba constar que estas viviendas están denunciadas judicialmente, para alertar a posibles compradores. El Ayuntamiento asegura que ha cumplido con la legalidad.

El Plan Director Urbanístico de la Costa Brava redujo en Begur el potencial de 1.207 a 521 casas, pero algunos proyectos polémicos como la urbanización Jardins de Sa Riera Living –de la empresa suiza Stoneweg SA y la constructora Sorigué- se mantuvieron porque el plan no evaluó suelos urbanos o urbanizables donde ya había licencias o proyectos. Estos siguen enfrentando al Consistorio con los naturalistas. En enero de 2019 pusieron una denuncia urbanística que la Junta de Gobierno local desestimó el 2 de julio y trasladaron el caso al Contencioso administrativo 2 de Girona, impugnando las dos licencias de obras otorgadas en 2018. Como argumento invocaron a la ilegalidad del plan de ordenación urbanística de 2003 de Begur.

La denuncia argumentaba que, en el planeamiento urbanístico de 1989, de las 3,6 hectáreas afectadas una parte eran urbanas y otra parte urbanizables, pero con la revisión de 2003 se clasificaron todas como suelo urbano, a pesar de su naturaleza forestal y de no disponer de ningún servicio urbanístico. Para el abogado de los naturalistas, Eduard de Ribot, “es una ilegalidad manifiesta”. Según ellos, infringía la Ley de Urbanismo de 2005, que prohíbe construir en pendientes de más del 20%; incumplía la integración paisajística en el entorno y la pro­hi­bición de implan­tar pan­ta­llas arqui­tectónicas y acu­mu­lación de volúmenes dentro los primeros 500 metros de la franja lito­ral. Además, denunciaron un trato de favor por autorizar las obras previo a la urbanización de los terrenos y la falta de evaluación ambiental, de impacto paisajístico y de emisión de informes de organismos públicos.

Para De Ribot, “toda la tramitación de esta urbanización está llena de irregularidades” y “nunca debería haberse dejado construir este mamotreto”. Los ecologistas piden el derribo de toda la urbanización y la restitución de la zona –que sufrió la deforestación de más de tres hectáreas de pinos y alcornoques y la extracción de miles de metros cúbicos de tierra-. También pidieron que se incluyera en el Registro de la Propiedad que estas viviendas están bajo investigación judicial para que los posibles compradores supieran que en caso que la justicia fallara a su favor, les derribarían las casas. El promotor recurrió pero hace dos semanas el TSJC falló a favor de los naturalistas imponiéndoles una fianza de 1.000 euros. Esta semana la promotora ha vuelto a recurrir con carácter “excepcional” y pide una aclaración de la sentencia y que los ecologistas paguen una fianza de más de 500.000 euros. La voluntad final es que el TSJC les acabe dando la razón.

Por su parte, el Consistorio está convencido que se están haciendo las cosas conforme a la ley y que la justicia les dará la razón. La alcaldesa, Maite Selva, insiste en que todo se hace dentro de la legalidad y apunta –aunque no fue bajo su mandato, sino del anterior alcalde, Joan Loureiro (ERC)- que “si los proyectos cumplían con la legalidad contemplada en el POUM vigente no podían no conceder las licencias hace cuatro y cinco años”. Selva coincide con aquellos que se posicionan al lado de la actuación municipal, alegando que “cualquier cargo técnico o político no tiene más remedio que tramitar las licencias, porque en caso de no hacerlo se podría considerar prevaricación”.

Begur con 4.039 habitantes cuenta con más de 60 urbanizaciones y 5.449 viviendas, de las que más de 3.500 (un 65%) son segundas residencias. Hay legalizadas 1.345 Viviendas de Uso Turístico. La justicia tendrá la última palabra aunque con la tramitación lenta y los posteriores recursos se calcula que no haya sentencia hasta dentro de uno o dos años y que sea firme en unos años más. En caso que diera la razón a los ecologistas, sería el Ayuntamiento de Begur quien debería indemnizar a los propietarios afectados por el derribo.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal