Barcelona declara la guerra a los grafiteros y recurrirá a la vía penal si dañan el patrimonio

El Ayuntamiento de Barcelona abre un nuevo frente en el cuidado del espacio público, donde a los problemas de suciedad se han sumado últimamente quejas por grafitis... y en contexto preelectoral, a menos de un año de las elecciones. A la nueva contrata de la limpieza, el plan de choque y el de mantenimiento, el consistorio suma otro para reducir “los comportamientos incívicos”. Además de campañas de comunicación dirigidas a colectivos concretos, como comerciantes que saturan contenedores o propietarios de perros, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau sube un peldaño y pondrá agentes de la Guardia Urbana a vigilar y comenzará a multar.

Se trata, ha resumido este lunes el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, de “luchar contra la sensación de impunidad, y de aquí la implicación de los agentes, incluso de paisano, en incrementar la acción sancionadora”, con el paraguas de la ordenanza de civismo. En el caso de los grafitis, el consistorio se plantea recurrir a la vía penal cuando las pintadas se produzcan sobre elementos o edificios patrimoniales, o causen daños en espacios como el metro, lo que podría comportar peticiones de penas de cárcel. “Degradan el paisaje urbano y patrimonio urbano y a veces protegido. Cuando hablamos de daños al patrimonio, hablamos de vandalismo”, ha remachado Batlle sobre las pintadas, de las que entiende que también afectan a la “imagen de la ciudad”.

En los últimos tiempos, entre 2018 y 2021, el consistorio ha realizado entre 150 y 200 denuncias anuales por pintadas, todas ellas administrativas (entre 300 y 500 euros de multa). “Cuando se produce una agresión al patrimonio se instruyen diligencias que pueden ser penales, porque el Código Penal contempla el delito de daños, la Guardia Urbana o Mossos hacen atestado y lo trasladan a la judicatura y la Fiscalía decide”, ha precisado este lunes el responsable político de las seguridad en la ciudad.

“Una cosa es una pintada y otra es una agresión a elementos de patrimonio que más allá del deslucimiento suponen una agresión al patrimonio. En este sentido nos preocupan los vehículos de transporte público cuando pueden comportar la paralización del servicio, el código penal contempla el delito de daños”, ha añadido el portavoz de la Guardia Urbana, Jordi Oliveras, que ha citado una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre una pintada en una obra de Chillida en Madrid. El tratamiento penal puede comportar multas e incluso peticiones de cárcel “si los daños fueran muy importantes”. Oliveras ha destacado, con todo, que el 99% de casos de denuncias por pintadas se resuelven por la vía administrativa.

El concejal de Emergencia Climática, de quien depende la limpieza viaria y la recogida de basura, Eloi Badia, ha proclamado que después de los anuncios anteriores, el Gobierno municipal se dispone a poner en marcha el último recurso: “La pata de la corresponsabilidad”. El regidor ha explicado que el presupuesto de limpieza de pintadas incrementará en 1,8 millones de euros. Y que los espacios donde está permitido pintar aumentarán de 30 a 50. También se destinarán más equipos a la limpieza de pintadas: un total de 26, de los que seis actuarán solo en Ciutat Vella. “Y seremos muy claros en que pintar en el ámbito patrimonial es un delito”, ha convenido con Batlle.

Badia ha centrado su intervención en la estrategia para combatir el incivismo en cuestiones de basura. Por ejemplo, de los propietarios de perros, de vecinos que tiran muebles el día que no toca (cada distrito tiene un día semanal en el que se pueden bajar) o los comerciantes que no realizan correctamente el reciclaje de residuos como cajas. Algunos saturan contenedores, ha explicado. En todos los casos citados se dialogará y se informará, de lo que se encargarán 44 informadores. Y también se estrenará cartelería y señalización. Pero si las actitudes son reincidentes, se multará. Los comerciantes pueden recibir multas de entre 300 y 3.000 euros.

Badia también se ha referido y ha aplaudido las acciones ciudadanas de corresponsabilidad: vecinos que organizan recogidas de basura en la playa, en Montjuïc o en el parque de la Espanya Industrial.

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