Cataluña se escuda en la autonomía de las escuelas para no aplicar los nuevos currículos

El Departamento de Educación permitirá que los centros no apliquen el próximo curso los nuevos currículos escolares -que marcan qué se debe estudiar y cómo-, a pesar de que están obligados a hacerlo. “No podemos posponer la aplicación de los nuevos currículos”, ha admitido este lunes el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, en la comisión de Educación del Parlament. No obstante, ha añadido que, en base a las horas de autonomía que tienen los centros, las direcciones “pueden decidir no aplicar ningún cambio” en septiembre y adaptarse a las modificaciones “al ritmo que consideren oportuno”.

La aprobación hace un año de la nueva ley estatal de Educación, la Lomloe, -en cuyo redactado ERC participó activamente- comporta la actualización de los currículos, donde ahora gana peso la enseñanza por competencias, es decir, favorecer que los alumnos sean capaces de poner en práctica lo que aprenden, dejando de banda la enseñanza memorística y las clases magistrales. También se modifican aspectos de la evaluación y el mapa de las materias optativas.

Las direcciones habían solicitado una moratoria en la aplicación de estos cambios, en un momento de cansancio del personal por la gestión de la pandemia, pero también coincidiendo con el nuevo calendario escolar -que adelante una semana el inicio de las clases y recorta el tiempo de preparación del curso- y con el hecho de que todavía no se han aprobado los decretos de los currículos, así que no se conocen los cambios definitivos, especialmente en Bachillerato.

Cambray también se ha referido a la sentencia que obliga a aplicar el 25% de castellano en las escuelas. El consejero ha defendido que está preparando un decreto que debe reflejar los criterios para que los centros elaboren sus proyectos lingüísticos en base a dicha sentencia, pero ha insistido en que no constarán porcentajes. Asimismo, Educación quiere implantar mecanismos de evaluación de dichos proyectos lingüísticos (ahora el Departamento solo da su visto bueno cuando se elaboran). “Una vez definidos, nos tenemos que asegurar que se cumplen en las aulas”, ha aseverado Cambray, quien ha añadido que el objetivo es “evaluar cada año los proyectos lingüísticos con indicadores objetivos”, pero sin dar más detalle.

En plena huelga del sector educativo hace unas semanas -en contra del calendario, los currículos y los recortes-, Cambray anunció una moratoria de un año en la aplicación de los currículos para quitar presión a las direcciones. El problema es que esta concesión no la contempla la ley estatal, sino que esta obliga a ponerlos en marcha en septiembre. “No podemos posponer la aplicación de los nuevos currículos”, ha admitido Cambray. Por el contrario, ha añadido que deja en manos de las direcciones la decisión. “Sin incumplir el despliegue de los currículos, lo que harán los decretos es que, en estas horas de gestión autónoma, los centros que quieran puedan organizarse como lo están haciendo ahora”, ha incidido.

Sobre el nuevo calendario escolar, el consejero ha vuelto a rechazar la posibilidad de aplazarlo un curso, tal y como reclama toda la comunidad educativa. El consejero ha negado, en una entrevista en Catalunya Ràdio, que haya actuado mal en este asunto y quita hierro al hecho de no haberlo negociado con los sindicatos –”no se tocan derechos laborales”, justifica- o que no se haya consultado al Consejo Escolar –”sus informes no son vinculantes”-.

Y sobre las negociaciones que mantiene con los sindicatos para evitar nuevas protestas, Cambray ha vuelto a criticar a los representantes del profesorado por el hecho de no acudir a las reuniones -la última, este lunes- y los ha acusado de inmovilismo. “Para que haya un acuerdo, las dos partes tienen que tener voluntad. Yo me he movido tres veces, ellos no han cambiado su postura”, ha terciado. Cambray ha abundado que, de las 14 propuestas hechas por los sindicatos, Educación ha aceptado 10, aunque algunas no de aplicación inmediata, tal y como reclama el comité de huelga. Sobre el resto, el consejero justifica que no dependen de su Departamento (como lograr la inversión del 6% del PIB en Educación) o “están relacionadas con políticas educativas, que no afectan a los derechos de los trabajadores”, ha justificado, como el calendario o la retirada del decreto de plantillas.

Precisamente la polémica sobre el calendario escolar (que fue anunciada sin haberlo debatido ni consensuado ni con profesorado ni familias) y el conflicto con los sindicatos han sido los temas más tratados por los grupos de la oposición. Los partidos han coincidido en reclamar un año de moratoria en la aplicación del calendario, y desde la CUP han llegado a tachar de “humo” la reforma porque “con cinco días no se arregla nada”. Desde el PSC han apelado a Cambray a plantearse si es él el que “supone un problema” a la hora de llegar a un pacto con los sindicatos. Vox ha acusado a Cambray de actuar como un “autócrata, de espaldas al diálogo” con el profesorado, mientras los comunes le han pedido que “escuche a la comunidad educativa”. Ciudadanos ha reclamado la gratuidad del curso de P2 también en las privadas, y no solo en la pública.