El calvario de la memoria

Este es el país de las paradojas. Perviven dogmas como el de Inmaculada Concepción, que se celebra festivamente haya gobierno social-comunista o de derechas. Se exime a la Iglesia católica de pagar impuestos, mediante un concordato de dudosa legalidad que ni siquiera los resentidos izquierdistas denuncian. Y, en cambio, se penaliza fiscalmente —ya sea con el impuesto de sociedades o con subvenciones ridículas— a las entidades que quieren salvaguardar la memoria de quienes contribuyeron a la lucha contra el nazismo o contra el franquismo.

La democracia española es hija, sin duda, de sus contradicciones, de dogmas de populacho inculto, como consideraban los dominicos al de la Inmaculada Concepción; de un convulso siglo XIX plagado de banderías de fanáticos apostólicos que daban caza a liberales. De una Iglesia que vulneraba la legalidad en pleno absolutismo y ejecutaba en Valencia a personas por hacer ostentación de no ir a misa, como al maestro Cayetano Ripoll asesinado el 31 de julio de 1826 por sentencia un tribunal eclesiástico sin poderes. Con esa mochila y el colofón de una guerra civil es un auténtico milagro haber llegado al grado de civilización actual, aunque sea a fuerza de años y renuncias y con situaciones esperpénticas como la que el rey emérito —figura inexistente legalmente— está protagonizando ante los tribunales británicos. Ahora, en el primer tercio del siglo XXI, ya va siendo hora de superar situaciones propias de otras épocas y restablecer equilibrios sociales inclinando la balanza de la parte de los castigados por la historia.

Es hora de restablecer equilibrios sociales inclinando la balanza de la parte de los castigados por la historia

Hace unos días la periodista Sílvia Marimon informaba en el diario Ara que entidades memorialistas estaban renunciando a las subvenciones de la Generalitat. Así lo han hecho la Associació d’Expresos del Franquisme, la Amical de les Brigades Internacionals o la de Antics Guerrillers de Catalunya. Otras, como la Amical de Mauthausen, ni renuncian ni alegan pero lamentan el trato fiscal que la ley española da a las entidades. Para hacerse una idea, los ex-presos del franquismo pidieron 3.000 euros de ayuda: les concedieron 170. Los deportados a los campos nazis, 5.500, les dieron 350, como explica Juan M. Calvo de la Amical de Mauthausen. Pero eso no es todo. El sainetesco procés y sus derivadas electorales hizo que el plazo de presentación de proyectos se abriera y se cerrara este año en tiempo record: del 12 de julio al 6 de agosto. Además, se dieron en total 100.000 euros a repartir entre 92 entidades aspirantes para un concurso al que pueden concurrir, entre otras, universidades o empresas culturales. Carles Vallejo, presidente de la Associació Catalana d’Expresos del Franquisme, considera que es un despropósito que su entidad tenga que presentar liquidación de IVA cada tres meses, además del pago del impuesto de sociedades, como si de una empresa se tratara cuando en realidad es una entidad de voluntariado. Acostumbrado a las cornadas unidireccionales de la legalidad, Vallejo confía en revisar las bases de acceso a las ayudas en 2023 y en que las subvenciones de la Generalitat pasen de los 100.000 actuales a 200.000 euros en 2022, año en que la petición de ayudas se ampliará en tiempo y forma. La fiscalidad la debe revisar ese Gobierno central que no se atreve a afrontar un cambio constitucional que convierta a la monarquía española en más parlamentaria que por la gracia de Dios.

Entre tanto, la memoria es incómoda y no interesa demasiado ni a tirios ni a troyanos. Ahí está la guerra para que el currículum escolar permita a los jóvenes asociar la historia del franquismo al surgimiento del fascismo y nazismo europeos. Un manifiesto que suscriben, entre muchos otros, historiadores como Paul Preston, Julián Casanova o Ángel Viñas pide que la nueva ley de educación garantice un conocimiento veraz del periodo dictatorial en los centros escolares. En otros países eso sería objeto de un pacto de Estado. Pero España es diferente. Hay mucho heredero vergonzante y no vergonzante del franquismo. Hace solo cuatro años el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad —incluido PP y Ciudadanos— una norma pionera en España que pedía la reparación jurídica a las víctimas del franquismo. Todos los grupos solicitaron —con todos los votos a favor— que se declararan ilegales los tribunales militares que desde 1938 hasta 1978 actuaron en Cataluña. Pero parece que 2017 está más lejos que el siglo XIX y que restablecer el sentido común es una tarea titánica. Mientras, las asociaciones memorialistas siguen su viacrucis fiscal, la enseñanza ignorando el contexto del franquismo y el país intrigado por la inviolabilidad de un rey emérito que vive en Abu Dabi, al tiempo que celebra festivamente que no solo Jesucristo sino también su madre llegaron a este mundo sin pecado original.