Antifraude investiga las licencias del taller de premontaje de la Sagrada Familia en el Bages

Ni un letrero. Nada da una pista de que en medio de un bosque y en zona agrícola, junto a granjas, se encuentran los talleres que utiliza la Sagrada Familia para preparar las grandes piezas de hormigón que luego se ensamblan en el templo de Barcelona. Son algo más de 62.000 metros cuadrados en el paraje de la Galera, a cuatro kilómetros del municipio de Gaià (Bages) y su actividad se ha convertido en el eje de una denuncia presentada en junio pasado por ERC Gaià — en la oposición— ante la Oficina Antifraude de Cataluña sobre posibles irregularidades en la concesión de sucesivas licencias a la Sagrada Familia. De entrada apuntan dos: infidelidad en la custodia de documentos y prevaricaciones urbanísticas continuadas por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la localidad y de sus servicios técnicos. La Oficina vio verosimilitud en lo que se relata e instó al Ayuntamiento a remitir toda la documentación que ya tiene en su poder.

El principal detonante de la denuncia ha sido la “falta de transparencia e información” cuando se requería consultar la documentación sobre las licencias al equipo de gobierno de Gaià, liderado por el alcalde Enric Armengou, de Junts per Gaià, que lo es desde 1999, entonces bajo las siglas de CiU. Esa actitud y, sobre todo, lo que sostenía un informe de un secretario municipal de Gaià que ocupó esa plaza entre otoño de 2019 y febrero de 2020. Un documento que, según la denuncia, fue “escondido de forma premeditada” afirma el firmante del escrito.

El secretario, después de reconstruir la documentación, concluyó que las licencias concedidas a la Sagrada Familia son nulas porque están sobre un suelo no urbanizable, parte del cual está especialmente protegido por el Plan Territorial de las Comarcas Centrales. “Es un pueblo en el que se deniegan muchos permisos, que solo se hace lo que quiere el alcalde, y la gente se preguntaba qué pasaba con los talleres de la Sagrada Familia, que ellos no tenían problemas”, explica una fuente conocedora de los precedentes de la denuncia.

Según el extenso informe de aquel secretario, el solar fue una antigua aserradora —Serradora Boix, que todavía se indica en un cruce de la carretera— que pidió la legalización de la actividad, una petición que nunca fue atendida por lo que no se pudo acoger, tampoco, a un cambio de calificación urbanística que posibilitaban las Normas Subsidiarias de Gaià de 1986. La primera licencia que pide la Sagrada Familia es de 2008 para hacer una pavimentación de 1.250 metros en la finca que es de un particular. Coincide con la época en la que el templo necesita más espacio para los trabajos. Esa solicitud es aprobada por el arquitecto municipal y el secretario pese a que es nula de pleno derecho, según recalca el secretario que lo califica de “un acto contrario al ordenamiento jurídico por la incompatibilidad radical del uso con la clasificación urbanística”. La segunda licencia que pide el templo es de julio de 2012 para acondicionar un almacén de premontaje. También es concedida y también se permite la implantación de una grúa torre.

Licencias revocadas

La siguiente es de 2014, para mejora del espacio, y, la última, de 2016 para ampliar el cierre perimetral, que se adentra en la masa forestal. Unos años que coinciden con el incremento de las obras del templo de Barcelona, al calor de la bonanza económica que le ofrecen los millones de visitantes. Nada que ver con el silencio que reinaba este miércoles en el taller en el que, después de la pandemia, a penas se ha recuperado el ritmo previo y son muy pocos los trabajadores que acuden a La Galera.

El conocimiento de ese informe, de los primeros meses de 2020, y las constantes negativas a la petición de información desencadenaron el pase a la oposición de un regidor de ERC que hasta ese momento cogobernaba con el alcalde de Junts, junto con otro edil no adscrito. Gaià es un pueblo de poco más 170 habitantes en el que se hace difícil discutir las decisiones del alcalde: “Llevan toda la vida, son siempre las mismas familias, y no escuchan nada, van a la suya”, se quejaba un vecino. [Este diario no ha podido ponerse en contacto con el alcalde].

Que ese suelo no se podía dedicar a un uso industrial también lo avalan otros dos informes, uno de la Diputación de Barcelona y otro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. “Pero le corresponde al Ayuntamiento decidir”, apuntaban fuentes de la Diputación. Y algo así ha ocurrido, ya que en el pleno del pasado mes de octubre, el equipo de gobierno revocó las licencias concedidas al templo.

A las preguntas que formularon en ese momento los regidores de la oposición, el equipo de gobierno admitió entonces que las licencias no se habían otorgado bien y que, tras la anulación, la Sagrada Familia deberá desmontar el taller de premontaje. Algo que no se sabe cuándo podría ocurrir ya que, de momento, el templo ha presentado un recurso contra esas resoluciones ante el mismo Ayuntamiento, según explicaron portavoces de la Sagrada Familia. Todo parece indicar que, de entrada, los responsables de las obras ni se han planteado tener que buscar otra ubicación. Así las cosas, es muy probable que la cuestión de las licencias acabe en una demanda contenciosa, por un lado, y ante la fiscalía si la Oficina Antifraude viera indicios de una actuación delictiva.