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Los transportistas colapsan las rondas de Barcelona contra la prohibición de circular por la zona de bajas emisiones

Tras una moratoria, camiones y autocares pequeños matriculados antes de la norma Euro 4 no podrán entrar a partir de enero

22/11/21 Protesta de transportistas por las limitaciones de acceso a la zona de bajas emisiones de Barcelona. Foto: Joan Sánchez
22/11/21 Protesta de transportistas por las limitaciones de acceso a la zona de bajas emisiones de Barcelona. Foto: Joan SánchezJoan Sánchez
Josep Catà Figuls

Una marcha lenta de camiones y autocares pequeños ha colapsado este lunes, entre 18.00 y 20.00 horas, el tráfico de las rondas de Barcelona. Un centenar de conductores protestaron contra la implementación de la tercera fase de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que prohibirá a partir de enero la circulación en la capital catalana de camiones medianos y de gran tonelaje (tipos N2 y N3) y autocares pequeños (tipo M2) de antes de la norma Euro 4, es decir, matriculados antes de 2006 o 2007. La prohibición llega tras una moratoria de seis meses, pero los conductores no están dispuestos a aceptar de buena gana la medida, ya que consideran que la administración no ha facilitado una transición hacia vehículos menos contaminantes.

El cerco se va estrechando para los vehículos que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) quiere vetar para reducir la contaminación. Después de completar una primera fase que prohíbe la circulación de turismos y motocicletas antiguos, y de que en abril también quedaran vetadas las furgonetas de tipo N1, es el turno de los vehículos más pesados, los camiones y los autocares pequeños. Tras protagonizar protestas y marchas lentas hace seis meses, la AMB y la Generalitat aprobaron una moratoria que, para estos vehículos, termina el 1 de enero de 2022 (para los autocares grandes, la fecha límite será el 1 de julio). El tiempo se está agotando y, otra vez, los conductores han organizado una serie de marchas lentas que amenazan con paralizar el tráfico de Barcelona durante varias jornadas.

La primera protesta se registró el sábado pasado por la mañana, cuando camiones y autocares pequeños marcharon lentamente por las rondas. El mismo sistema se ha adoptado para la protesta de este lunes, de 18.00 a 20.00, y para el próximo miércoles en la misma franja horaria. La marcha empieza en la gasolinera BP de la carretera C-58, en Montcada i Reixac, y a partir de ahí se extiende por las rondas de Barcelona. El sábado 4 de diciembre, el sector tiene prevista otra concentración, esta vez por la calle de Aragó.

En la marcha de este lunes, en la que han participado un centenar de camiones, se han registrado retenciones de hasta seis kilómetros en la C-58 y en la C-33. La manifestación ha terminado en Montjuïc, en la ronda litoral, pero la afectación más grave ha tenido lugar en el nudo de la Trinitat.

Los transportistas avisan de que la medida afecta a 7.000 camiones, y de que todos ellos realizan un servicio público al ser los responsables de repartir mercancías en la ciudad. Cargan contra la decisión de la AMB, y en especial de su presidenta y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque consideran que no se han dado facilidades para hacer una transición hacia un vehículo nuevo y que por lo tanto pueda circular por la zona de bajas emisiones.

De hecho, el sector rechaza que el criterio para vetar vehículos sea la antigüedad (ya fue este el criterio para prohibir turismos, motocicletas y furgonetas), porque ello les obliga a desembolsar una importante suma de dinero para renovar los camiones y autocares, los vehículos más costosos de comprar y de amortizar. Reclaman que la AMB base su criterio en el nivel de emisiones de cada vehículo, y que se homologuen filtros y catalizadores que reducen los gases emitidos por sus tubos de escape.

“Queremos que la zona de bajas emisiones sea justa”, explica Mònica Xufré, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC), entidad que no ha convocado la marcha pero que muestra su apoyo. “Está muy bien implementar medidas, pero no si siempre es a costa de los de abajo. Está en riesgo el trabajo de la gente que empieza y se ha comprado un camión de segunda mano, gente que está a punto de jubilarse y no puede renovar su vehículo porque no lo amortizará...”, explica. La portavoz señala que la administración no ha previsto ayudas y que “te hacen comprar un vehículo nuevo cuando solo cambiando el motor o aplicar filtros y catalizadores ya valdría”.

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Sobre la firma

Josep Catà Figuls
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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