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Colau aplaza nuevas restricciones a la circulación de vehículos

Las medidas en la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona no se endurecerán, al menos, hasta 2023

Zona de Bajas Emisiones Barcelona
Cartel de la Zona de Bajas Emisiones en la ronda Litoral de Barcelona, el pasado julio.CRISTÓBAL CASTRO
Clara Blanchar

Las nuevas restricciones a la circulación de vehículos en Barcelona se retrasan. No hay planes para endurecer las condiciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que veta la circulación —en Barcelona y en cuatro municipios más— a los vehículos más contaminantes, los que no tienen etiqueta ambiental. Tampoco hay movimientos para implantar un peaje contra la contaminación urbana.

El plan de movilidad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) contemplaba la posibilidad de vetar las etiquetas amarillas ya en 2022. Pero la decisión se ha aplazado sin nueva fecha. Sobre la implantación de un peaje urbano, que el gobierno de la alcaldesa Ada Colau tenía sobre la mesa, tampoco hay novedades. O sí: la retirada de los peajes existentes, lo que aleja que haya uno nuevo porque el debate sobre el futuro de este sistema va para largo.

Las razones de todo lo anterior son múltiples. Por un lado, la pandemia y la crisis, que lo han puesto todo patas arriba. También hay cuestiones que no dependen de las administraciones locales, como los peajes. En materia de cifras, hay una de cal y otra de arena: la pandemia ha reducido la contaminación, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de rebajar los niveles tolerables de polución y ahora la UE deberá adaptar los umbrales permitidos. En el caso del gobierno de Barcelona, las restricciones de tráfico provocan tensiones entre los socios, comunes y PSC.

Además, se acercan elecciones: es tiempo de anunciar, pero no de aplicar novedades. Cuantos menos electores enfadados, mejor. El concejal de Emergencia Climática y vicepresidente del AMB, Eloi Badia, asegura sin embargo que “el debate electoral no podrá eludir la crisis climática, que será uno de los grandes temas”.

Badia confirma que vetar a los coches con etiqueta amarilla en la ZBE en 2022 no es viable: “Hay que avisar con dos años de antelación y además, si la etiqueta roja afectaba a pocos coches, la amarilla supone una parte muy grande del parque circulante, un 40%, porque abarca 10 años de matriculaciones”. Badia precisa incluso que la Dirección General de Tráfico estudia cambiar estas etiquetas y repartirlas en dos distintas.

Por otra parte, están las cifras: “Ahora estamos cumpliendo en contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) con los límites que marca la OMS. Si cumplimos, ¿cómo justificamos nuevas restricciones?”, pregunta Badia. Ante una rebaja tan drástica de los niveles (de 40 microgramos de NO2 por metro cúbico a 10 microgramos), el concejal explica que la idea de la UE es fijar “escenarios de transición, rebajar los niveles permitidos por fases”. Conclusión: “Tendremos más exigencias, pero no sabemos en qué calendario”.

Respecto al peaje, Badia explica que el Ayuntamiento comenzará a pedir las “habilitaciones” necesarias a la Generalitat (en la Ley de financiación del transporte público) o al Estado (Ley de movilidad sostenible) para tener preparado un sistema el día que se decida sobre el futuro del pago en las carreteras. El concejal rechaza un sistema de tarifa plana, como la viñeta (pagar anualmente), y apuesta por “un peaje de descongestión en zonas congestionadas, como Londres”: “Es la forma de asociarlo a desplazamientos concretos en el ámbito metropolitano”. Y recuerda que la extensión de la zona verde a toda la ciudad, que encarece el aparcamiento en la calle para los que no son vecinos, “es también un gran peaje”.

Medidas insuficientes

Los expertos en contaminación lamentan que no se aprieten más las tuercas para reducirla. “Es verdad que el gobierno municipal y el del AMB han hecho más que nadie antes, pero ahora no se atreven a más”, apunta Xavier Querol, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. “El propio Ayuntamiento ha reconocido que la ZBE no será suficiente para reducir la contaminación”, añade, y dice que el próximo paso debería ser vetar las etiquetas amarillas.

En cambio, la apuesta de Ecologistas en Acción no es la ZBE basada en las etiquetas, explica Maria Garcia, porque “no representan las emisiones reales e incentiva la renovación del parque”. La ONG defiende el peaje urbano “para, en plena emergencia climática y energética, penalizar el uso individual del coche, del que se debe hacer un uso racional”. García sugiere gratuidad para los coches a partir de tres pasajeros.

Un plan pionero retrasado por la pandemia

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se convirtió en una medida estrella de la alcaldesa Ada Colau para luchar contra la contaminación. El plan, que echó a andar el 1 de enero de 2020, era pionero en España y restringía la circulación de lunes a viernes, en Barcelona y otros cinco municipios metropolitanos, a los coches y motos que no tienen distintivo ambiental de la DGT, los más contaminantes.
Pero la ZBE tropezó, como sucedió en el mundo entero, con una pandemia del coronavirus que retrasó parte de su despliegue. De hecho, si bien la restricción entró en vigor con el primer día de 2020, las multas iban a empezar a aplicarse el 1 de abril, pero la pandemia lo dejó todo en suspenso temporalmente: el Área Metropolitana de Barcelona no empezó a sancionar a los turismos y motos más contaminantes hasta septiembre de 2020 y amplió la moratoria a camiones y furgonetas hasta abril de 2021 —los vehículos pesados, grandes camiones, autobuses y autocares no se multarán hasta 2022—.
El primer informe de evaluación de los efectos de la ZBE muestra que, si bien la movilidad durante la crisis sanitaria ha impedido evaluar el efecto de la ZBE sobre la calidad del aire, ya se observa una caída a la mitad de los vehículos más contaminantes, los que no tienen etiqueta ambiental: pasaron de ser el 9% o el 10% del parque circulante en enero a solo el 5% en diciembre.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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