La Generalitat retrasa la publicación del patrimonio de sus consejeros dos meses más allá del límite legal

El listado de bienes de los altos cargos tenía que haberse publicado, de acuerdo con la normativa, el pasado agosto

El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, flanqueado por sus consejeros, en una comparecencia el pasado mes de septiembre
El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, flanqueado por sus consejeros, en una comparecencia el pasado mes de septiembreALBERT GEA (Reuters)

El Ejecutivo que lideró el expresidente de la Generalitat Quim Torra tardó cinco meses en publicar en su portal de transparencia el listado con las declaraciones de bienes de sus consejeros y otros altos cargos de la Administración autonómica. Se saltaba así el límite que marca la ley catalana, que es de tres meses tras la toma de posesión. El Govern de Pere Aragonès está a punto de superar la marca de su antecesor, con cinco meses y tres días de retraso. Fuentes del Departamento de Presidencia aseguran que la información será pública “en breve” pero no especifican por qué, dado que ya tienen toda la información, se ha optado por retener su publicación.

Tras varios intentos de este diario para conocer los motivos del retraso, Presidencia se ha comprometido a publicarlas este viernes. Por ahora, cualquier ciudadano que consulte la web se encontrará aún con las fichas de los anteriores responsables. Sí se han actualizado los listados de altos cargos y personal eventual del Ejecutivo, con sus respectivas retribuciones. La diferencia es que esta información viene directamente de los datos de la nómina de la Generalitat mientras que la de los bienes tiene que ser aportada de manera individual por cada servidor público.

La Generalitat tiene desde los años ochenta un registro de bienes y actividades de los consejeros y otros altos cargos, que regula una norma de 2005, aunque esta información no se publicitó hasta 2010. Precisamente ese año, en la campaña de las elecciones autonómicas, la cuestión del patrimonio de los políticos focalizó parte del debate. El ganador de la contienda electoral, Artur Mas, aseguró entonces que se trataba de un recurso electoralista. La publicidad y acceso a esa información de interés público se reguló 10 años más tarde, en 2015, cocinada en plena efervescencia de movimientos como el 15-M, que pedían mejorar las herramientas de control ciudadano sobre la actividad política y sus responsables. Cada consejero ha de aportar mediante un aplicativo web, dentro de los tres primeros meses tras su toma de posesión, información sobre sus bienes y obligaciones patrimoniales, valores financieros y participaciones societarias, entre otros. Deben informar de grandes cambios durante el ejercicio de cargo.

El Ejecutivo de Aragonès tomó posesión el 26 de mayo de este año y, por tanto, en agosto la información debería estar lista para publicar. La ley establece como una falta muy grave, con una sanción de expulsión del Ejecutivo, la negativa a presentar la documentación sobre el patrimonio, previa amonestación por escrito. No hay constancia de que alguno de estos correctivos se haya puesto en marcha. Es decir, en la práctica los altos cargos cumplieron con su deber, pero ha sido el Departamento de Presidencia (del que depende el área de Función Pública) el que ha retenido la publicación.

Los cambios hechos por el nuevo Ejecutivo de ERC y Junts implicaron cambiar de consejería las competencias en Función Pública. Antes, estaban en el Departamento de Políticas Digitales y ahora están en Presidencia. Las cuestiones relacionadas con transparencia están bajo la competencia de Acción Exterior. Transparencia solo se encarga de enlazar el contenido a la página web. Desde Presidencia, un departamento liderado por la republicana Laura Vilagrà, han defendido las últimas semanas que la publicación era “inminente” y que solo faltaban algunos datos, sin precisar. La respuesta ahora es que se podrán consultar este viernes.

El retraso contrasta con el discurso oficial del Govern sobre su apuesta total por la transparencia. El pasado martes, por ejemplo, el Consell Executiu aprobó un código ético del servicio público en Cataluña. El documento fija “los principios y valores” que deben orientar la labor de los servidores de la Administración autonómica y busca contribuir con “la mejora de la calidad democrática”.

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Sobre la firma

Camilo S. Baquero

Reportero de la sección de Nacional, con la política catalana en el punto de mira. Antes de aterrizar en Barcelona había trabajado en diario El Tiempo (Bogotá). Estudió Comunicación Social - Periodismo en la Universidad de Antioquia y es exalumno de la Escuela UAM-EL PAÍS.

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