La ley de vivienda del Gobierno deja en el aire que los promotores hagan un 30% de pisos sociales en Barcelona

El anteproyecto de Ley de Vivienda aprobado ayer por el Gobierno español en el Consejo de Ministros deja en el aire una de las medidas estrella del gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el mandato pasado: la obligatoriedad de que los promotores privados destinen un 30% de los pisos de nueva construcción en suelo consolidado a vivienda asequible. Una imposición que fue llevada a los tribunales por el sector inmobiliario, pero que sigue vigente.

Con el texto de la nueva Ley en la mano, no queda claro cuál sería el porcentaje de las promociones a destinar a vivienda social; además, habla de “compensaciones pertinentes” a estas empresas, sin detallar cómo materializarlas. Dos cambios que, en una Ley de rango superior, fuentes jurídicas entienden que pone en peligro la norma del Ayuntamiento. El presidente de la patronal de los promotores (APCE), Xavier Vilajoana, entiende que habría que volver a modificar la normativa urbanística vigente respecto al 30%. Sobre el resto del proyecto, admite que la patronal “pensaba que podía ser peor”. “Algunas de nuestras peticiones se han tenido en cuenta”, celebra.

Los comunes reaccionaron este martes cuestionando e incluso desmarcándose del texto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, como si su partido no formara parte del ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. La alcaldesa, que en la pasada legislatura incluso mandó un borrador al ex ministro José Luis Ábalos, afirmó en una entrevista en La Sexta: “No es la ley que yo quisiera, creo que habría que ir más allá” y añadió que el PSOE “tiene relaciones estrechas con determinados lobbies económicos y son sensibles a según qué presiones”.

La concejal de Vivienda del Ayuntamiento, Lucía Martín, diputada del Congreso en la anterior legislatura, fue menos diplomática: “Falta ambición. Sobre el papel parece interesante, pero no resuelve cuestiones que son cambios estructurales: no podemos seguir con parches, cambios cosméticos, sino ir al tuétano de qué pasa con la vivienda en nuestro país”. Martín advirtió además de que los comunes, a través de su grupo parlamentario, presentarán enmiendas “para complementar y aclarar” un texto que su propia formación ha acordado en el Gobierno.

En Barcelona, la norma del 30% se aprobó con un cambio urbanístico que, por su envergadura, tuvo que ratificar la Generalitat. Y aparece en la disposición final cuarta de la nueva ley. No es un texto fácil de entender. Es más bien confuso y ayer quedó claro que da pie a interpretaciones dispares.

Por un lado, habla de las reservas de vivienda de protección pública en nuevos desarrollos urbanísticos: “como mínimo comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización, y el 10% en suelo urbanizado”. Porcentajes, que dice el texto, las autoridades podrían fijar en cifras superiores o inferiores.

Además, el texto de la propuesta de Ley habla de que para “alcanzar la reserva prevista en el párrafo anterior sobre suelo urbanizado, las administraciones competentes en materia de urbanismo arbitrarán los mecanismos de compensación pertinentes”. La concejal de vivienda entendió que la norma no peligra en la ciudad: “No debería peligrar, el 30% garantiza la viabilidad de las operaciones, no hay lugar para otras compensaciones. En el texto final tenemos que reflejar estos acuerdos sin posibilidad de confusión”.

Por parte de la Generalitat, la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, tachó el techo de “decepcionante respecto a las expectativas y regresivo en materia de recentralización de competencias”. Cervera centró su valoración en cómo el texto pretende regular el precio de los alquileres y manifestó: “Habrá que ver qué fricciones hay con la Ley catalana de contención de rentas, la estudiaremos con calma”.

El secretario de Vivienda del Govern, Jaume Fornt, alertó que la fórmula para regular los alquileres que prevé el texto del Gobierno “se rebaja respecto a la catalana; aquí se respeta el menor de los alquileres [anterior contrato o índice oficial], dificultará la tarea que hemos hecho”. Entidades como la PAH o el Sindicato de Inquilinos también criticaron el anteproyecto, que entienden que es un retroceso respecto a normas vigentes en Cataluña.

La Ley catalana de Contención de Rentas fue recurrida por el Gobierno español y por el PP ante el Tribunal Constitucional, que no ha sentenciado a la espera, precisamente, de que se apruebe una nueva ley de vivienda que afronte la cuestión del alquiler.